Comunicado de Prensa: Octubre 19, 2009—Grupos Internacionales y sudafricanos de Derechos Humanos fueron concedidos permiso de intervenir en quejas de Compañía minera del extranjero contra el gobierno de Sudáfrica

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 Comunicado de Prensa: Octubre 19, 2009-Grupos Internacionales y sudafricanos de  Derechos Humanos fueron concedidos permiso de intervenir en quejas de Compañía minera del extranjero  contra el gobierno de Sudáfrica

El Tribunal Internacional de Arbitraje está de acuerdo en aceptar argumentos basados en Derechos Humanos y ordena la divulgación de documentos clave.

Fecha: 19 de Octubre del 2009

Grupos de Derechos Humanos alegan que los tratados bilaterales de Sudáfrica deben ser interpretados de acuerdo a las obligaciones del mismo hacia los derechos humanos en el marco de su propia constitución y tratados internacionales.

Cuatro grupos de derechos humanos, dos con sede en Sudáfrica y dos de carácter internacional han obtenido una importante victoria en su intento de participar en una disputa de inversión internacional entre algunos inversionistas extranjeros y el gobierno de Sudáfrica.  En Julio de este año, los grupos habían presentado una petición conjunta pidiendo permiso para asistir a un tribunal de arbitraje internacional para la interpretación de la Ley de Desarrollo de Recursos Minerales y Petroleros de Sudáfrica (Ley 28 del 2002) teniendo en consideración las obligaciones constitucionales e internacionales de este país. La petición fue concedida el 5 de Octubre por el tribunal de arbitraje internacional  encargado del caso, constituido bajo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

La decisión del tribunal también marca la primera vez que el Tribunal de Arbitraje del CIADI ha ordenado a los litigantes revelar sus presentaciones jurídicas fundamentales a un grupo de organizaciones de interés público, a pesar de la fuerte oposición de los  demandantes. Los arbitrajes del CIADI han sido históricamente faltos de transparencia, manteniendo los escritos de cada litigante en forma estrictamente confidencial.  Esta decisión marca un gran paso hacia la mejora de la transparencia sobre los casos de arbitraje inversionista-estado en el CIADI.

La controversia consiste en una denuncia presentada en el 2006 por varios ciudadanos italianos y las empresas de Luxemburgo contra el gobierno de Sudáfrica. Los demandantes, que poseen acciones en empresas de granito en Sudáfrica, alegan que numerosas provisiones de la Ley 28 extinguen sus derechos minerales sin proveer compensación adecuada y discrimina en contra de ellos, en violación de tratados bilaterales de inversión entre Sudáfrica e Italia y Luxemburgo.

El caso, conocido como Piero Foresti, Laura de Cadi y otros contra la Republica de Sudáfrica, ha atraído vasta atención de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos e intelectuales. La preocupación de activistas de derechos humanos es  la manera en que los demandantes han interpretado los tratados bilaterales de inversión de Sudáfrica, -si estos fuesen aceptados por el tribunal de arbitraje- podría afectar gravemente la capacidad del gobierno de definir sus políticas económicas y obstaculizar su capacidad para emplear políticas clave como Base amplia para el empoderamiento económico Negro (BBBEE, por sus siglas en ingles) y los esfuerzos de preservación ecológica.  La denuncia inicial de los demandantes alegaba, entre otras cosas, que las provisiones medioambientales y BBBEE dentro de la Ley 28 convierten a la misma en una ley inconsistente con los tratados de inversiones de Sudáfrica.

La decisión de tribunal significa que cuatro grupos de derechos humanos -El Centro de Estudios Legales Aplicados (CALS por sus siglas en ingles), el Centro de Recursos Legales (LRC), el Centro de Ley Medioambiental (CIEL), e INTERRIGHTS (el Centro internacional para la protección de los Derechos Humanos)- tendrán la oportunidad de ver los documentos presentados por los litigantes y luego podrán pronunciarse por escrito al tribunal sobre cuestiones de interés público.

Los comentarios de los grupos abordarán el alcance de las obligaciones legales de Sudáfrica en promover los Derechos Humanos -como el derecho a la igualdad- y el desarrollo sostenible y equitativo. También demostrarán la importancia de estas obligaciones en relación con la interpretación de los tratados bilaterales de inversión de Sudáfrica. El objetivo de estos grupos es ayudar al Tribunal a resolver el caso con justicia y al mismo tiempo evitar cualquier conclusión que pueda crear un conflicto entre las obligaciones legales de Sudáfrica emanadas de los tratados bilaterales de inversión y sus obligaciones a los derechos humanos en virtud de la Constitución y de tratados internacionales. Una petición similar, presentada por la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, también fue concedida por el Tribunal el 5 de Octubre del 2009.

Los grupos de derechos humanos han recibido instrucciones para presentar sus argumentos por escrito hasta el 21 de Diciembre. Las audiencias en el caso, el cual el tribunal tiene todavía que decidir si ser abierto al público, están previstas para abril del 2010.

Publicado conjuntamente por: The Legal Resources Centre, the Centre for Applied Legal Studies, the Center for International Environmental Law, and Interights, the International Centre for the Legal Protection of Human Rights.

Para más información, por favor contactar:

Legal Resources Centre (LRC)
Jason Brickhill
27 11 8369831
jasonb@lrc.org.za

Centre for Applied Legal Studies (CALS)
Mary Munyembate
27 11 717 8609
27 82 309 9833
mary.munyembate@wits.ac.za

Center for International Environmental Law (CIEL)
Marcos Orellana
1 202 742 5847
morellana@ciel.org

INTERIGHTS (the International Centre for the Legal Protection of Human Rights)
Ian Byrne
44 207 278 3230
ibyme@interights.org

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