21 de septiembre, 2011: Morir por la pobreza: Explosión en un barrio marginal de Nairobi revela múltiples injusticias y el abandono de los derechos humanos fundamentales

Fecha de Publicación: 
Viernes, 13 Julio 2012
Source of Information: 
Nairobi Peoples Settlement Network

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Niños jugaban al lado de montones de basura mientras que aguas negras corrían por las estrechas calles que sirven como aceras en el Sinaí, uno de los barrios marginales más grandes de África y albergo para aproximadamente 15.000 personas. Más encima los desafíos normales de la vida cotidiana, los habitantes de este asentamiento han estado enterrando a sus muertos después de una masiva explosión de un oleoducto el 12 de septiembre de 2011, que mató a más de 160 personas y hirió gravemente a muchas otras.  Con una innúmera cantidad de familias sin techo, con sus bienes quemados y muchas personas viviendo ahora sin que alguien genere ingreso para la sobrevivencia diaria, la gente del Sinai se ha quedado con más preguntas que respuestas.

Los reportes en los medios de comunicación siguen reflejando a la tendencia, por parte de las autoridades, de culpar a los residentes de la zona por el accidente, acusándolos de desviar ilegalmente el combustible y de participar en la actividad criminal. Pero una semana después del incidente, cuando los últimos restos humanos han sido retirados del alcantarillado que atraviesa la comunidad, un panorama más complejo ha surgido.

Según la información recogida por las organizaciones comunitarias afiliadas al miembro de la Red-DESC el "Nairobi People's Settlement Network," esta tragedia podría haber sido evitada. Dicen que el accidente refleja múltiples fracasos del gobierno de Kenia y su sector privado, para cumplir con su obligación de garantizar la protección de la integridad física (a saber, el derecho a la vida) y garantizar el derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo vivienda adecuada.

La ciudad de Nairobi no tiene una política ni una ley que trate de responder a los desastres, y hace varios años, la educación sobre prevención de riesgos frente a los riesgos de incendios y otros peligros fue eliminada del currículo de las escuelas públicas, aparentemente porque fue determinado como innecesario. Las empresas que operan en la zona industrial cerca a Sinaí, de los cuales muchos son inversionistas extranjeros, niegan cualquier responsabilidad hacia los residentes de la zona, aún cuando sus fábricas descargan los desechos industriales en los ríos que discurren por los barrios cercanos.

            

Varios residentes del asentamiento que participan en organizaciones comunitarias afirman que los altos funcionarios de la Kenya Petroleum Company habían extraído regularmente el combustible dos veces por semana con el fin de sacar beneficios de la venta ilegal de combustible a los residentes de la zona, quienes carecen del acceso seguro y legal al combustible y otros servicios esenciales como el agua. De acuerdo con los testigos locales, los empleados de la empresa implicados en la venta ilegal del combustible decidieron liberar un gran flujo de petróleo para provocar un derrame y así ocultar evidencia de la desviación del combustible en semanas previas. De acurdo con los reportes recibidos, los residentes fueron alertados de que una cantidad sustancial de petróleo iba a ser derramado, y un número de familias no mandaron sus hijos a la escuela ese día con el fin de ayudar a recolectar al combustible. A las 8:30 de la mañana, la fuga de combustible se encendió - presumiblemente por una chispa que puede haber sido causada por un cigarrillo quemando cerca del flujo de petróleo. Más de 160  personas murieron quemadas, muchos ahora son irreconocibles, y un entierro en masa se llevó a cabo en la capital del país el 21 de septiembre.

La práctica corrupta como la desviación del combustible y la venta en el mercado negro es solo una ilustración de las dificultades asumidas por los residentes más pobres de la ciudad. El acceso a los servicios esenciales por medio de canales de distribución legales y seguros es ausente en los asentamientos informales de Nairobi, lo que obliga a los residentes a compraren estos servicios en la economía informal donde los abusos son prevalentes. Cuando unos veinte litros de agua puede costar hasta 20 chelines kenianos (alrededor de 0,20 dólares EE.UU.) una familia puede pagar varios dólares cada día para satisfacer las necesidades domésticas para la higiene, la cocina y otros usos, además de los sobornos y otros impuestos que resultan de la informalidad de la venta.

Kenia ha ratificado al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y recién ha adoptado una constitución que codifica los estándares internacionales de derechos humanos dentro del sistema legal domestico. A la vez, la situación que los miles de residentes en los asentamientos de Nairobi enfrentan refleja niveles severos de desigualdad, abandono de las personas que viven en las márgenes de la sociedad y el incumplimiento por parte del gobierno para proveer por las necesidades básicas de sus residentes más pobres. Los habitantes de los barrios más ricos pueden disfrutar de un racionamiento regular y seguro de combustible, agua y electricidad, mientras el acceso a estos servicios no está disponible para los residentes más pobres de la ciudad, muchos de los cuales están obligados a vivir en áreas peligrosas cerca de las plantas de procesamiento de petróleo, ferrocarriles o torres de electricidad. Mientras chozas improvisadas linean los callejones de los barrios, grandes extensiones de tierra han sido reservadas para la futura expansión de empresas y rendidas indisponibles para ocupación por familias de bajos ingresos. El desalojo forzoso de habitantes de tugurios está desenfrenado, y nuevos despojos son reportado en los medios de comunicación cada día. En muchos casos, las evicciones dejan las familias afectadas sin techo. Los inquilinos que reciben alguna indemnización son ofrecidos alrededor de 6.000 chelines kenianos (unos 63 dólares de EE.UU.). Propietarios de casa son compensados regularmente por unos 9.000 chelines kenianos (unos 95 dólares de EE.UU.). Sin embargo, con el fin de comprar un terreno y construir una nueva casa, los residentes deben pagar más de 70.000 chelines kenianos (mas que 700 dólares de los EE.UU.). A fin de construir una nueva casa, las regulaciones requieren que propietarios obtengan una licencia de la administración provincial. Asimismo, los residentes y organizadores de la comunidad de Sinaí afirman que tienen que pagar unos 20.000 chelines kenianos en sobornos para obtener permisos de construcción, aunque no obtienen el título de sus tierras, dejándolos vulnerables a los desalojos en el futuro.

El viernes una delegación pequeña de expertos internacionales de derechos humanos visitaron al Sinai en una acción coordinada por varios miembros de la Red-DESC para poder expresar solidaridad con los residentes del asentamiento y también para recordarle al gobierno de Kenia de sus obligaciones en materia de los derechos humanos. El vocero para la delegación Miloon Kothari, anterior Relator Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada, enfatizó la obligación del gobierno de evitar el despojo de los residentes cuando sea posible. En situaciones donde se estime necesari reubicar a las familias para preservar la seguridad pública, la delegación destacó la necesidad de adherir a los estándares internacionalmente reconocidos, establecidos en los Principios Básicos y Orientaciones para Desalojos Forzosos Causados por Proyectos de Desarrollo además que el Comentario General #7 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las organizaciones que trabajan con los residentes de Sinai y otros suburbios de Nairobi están, de manera creciente, empleando un marco de los derechos humanos para poder avanzar una agenda de la justicia social. Con base en las normas internacionalmente reconocidas, las actividades del Nairobi People's Settlement Network se centran en la educación popular, organización, y actividades de incidencia política con miras de ayudar a los pobladores de los asentamientos en formular sus demandas y asegurar que se reflejen en las propuestas de políticas y leyes. Con las demandas populares que enfatizan al derecho de toda persona a una vivienda adecuada y servicios esenciales, la reforma agraria, la erradicación de la corrupción, la responsabilidad empresarial y el derecho a participar en las decisiones que les afectan, los residentes de los tugurios de Nairobi están participando en un esfuerzo que proviene de la base social y busca la realización de los derechos humanos y la posibilidad de una una vida con dignidad.

 * Las fotos tomadas en Sinai por la Red-DESC el 18/9/2011