Medida insuficiente en el acceso restringido a los servicios de salud para inmigrantes indocumentados en España

Fecha de Publicación: 
Miércoles, 8 Abril 2015

El 31 de marzo de 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España respondió a la presión política – generada, en parte, por miembros de la Red-DESC y aliados que trabajan en colaboración con su Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico— y anunció que los inmigrantes indocumentados tendrían acceso a la atención sanitaria primaria. Sin embargo, tal como explican las organizaciones Médicos del Mundo, Red Acoge y CESR en declaraciones adjuntas a continuación, esta decisión no restableció el acceso a la asistencia sanitaria universal a algunos de los grupos más vulnerables de la sociedad española.

En abril de 2012, el gobierno español emitió el Real Decreto 16, que denegaba a los inmigrantes indocumentados el acceso a la atención sanitaria, excepto en casos de emergencia resultantes de una enfermedad grave o accidente, embarazo, así como asistencia a los menores de 18 años. Sin embargo, España es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que prohíbe los retrocesos sin la debida justificación “por referencia a la totalidad de los derechos” y requiere la protección del derecho al nivel más alto de salud. España también ratificó el Protocolo Facultativo del PIDESC en 2010. Esto significa que España rinde cuentas a nivel internacional vía casos individuales que pueden presentarse ante el Comité DESC de Naciones Unidas (ONU).

En marzo de 2012, el Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico (GTLE) organizó una primera reunión sobre las medidas de austeridad y el derecho a la vivienda, reuniendo a abogados españoles y miembros del GTLE, para hablar sobre la posibilidad de litigio por los “desahucios Express”. La iniciativa formaba parte de una serie más amplia de talleres en curso centrados en el progreso y el apoyo al litigio estratégico en países que han ratificado el PF-PIDESC. Este enfoque del GTLE en potenciales estrategias de litigio para abordar las medidas de austeridad fue nuevamente desarrollado en noviembre de 2013, cuando Médicos del Mundo, Red Acoge, CESR y el GTLE de la Red-DESC convocaron otra reunión para hablar sobre las estrategias de litigio relacionadas a las medidas de austeridad que habían restringido el acceso a la salud a más de 800.000 personas, incluyendo a los inmigrantes indocumentados.  Esta discusión continuó en línea y en otra reunión, celebrada en marzo de 2014 en Madrid, donde se identificaron criterios para los casos de selección, así como riesgos y oportunidades para el litigio a nivel nacional que más tarde podrían conducir al uso de los mecanismos de protección de la ONU.

En 2015, Red Acoge y CESC llevaron un primer caso sobre el acceso a la atención sanitaria ante un tribunal español. Los demandantes impugnaron una Orden emitida por el Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad (SSI/Orden 1475/2014), que establecía un sistema a través del cual los excluidos del sistema de salud pública podían comprar un seguro de salud alternativo. Este caso fue recientemente debatido durante una reunión estratégica del GTLE, celebrada en abril de 2015.

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