Varios miembros del Grupo de Trabajo recientemente participaron en una reunión internacional de estrategia para el Avance de la Justicia Fiscal a través de los Derechos Humanos en Lima, Perú, que reunió a profesionales de derechos humanos y defensores de la justicia fiscal para intercambiar estrategias y promover alianzas. Uno de los grandes temas de la reunión fue la necesidad de una vigilancia más rigurosa y basada en las evidencias de las implicaciones que las leyes, las políticas y las prácticas tienen sobre los derechos humanos con el fin de confrontar las suposiciones, muchas de ellas sin fundamento, acerca de los beneficios económicos de mantener el estado actual de las cosas.
¿Por qué es importante que los defensores de los derechos humanos monitoreen las políticas fiscales?
Dedicar los mayores recursos disponibles a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales es una obligación clave consagrada en el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque no está estipulado en los convenios, los derechos civiles y políticos tienen altísimos costos de dinero, sea para financiar elecciones libres y justas, condiciones carcelarias humanas, elaboración de políticas responsables, organismos reguladores sólidos o un poder judicial independiente.
Movilizar los recursos disponibles para los derechos humanos no se trata sólo de distribuir efectivamente los recursos existentes (p. ej. ‘partir la torta’, como dice el dicho), lo cual muchas veces lleva a que diversos sectores sociales peleen por las migajas asignadas a servicios públicos básicos. Esta obligación también solicita a los gobiernos movilizar recursos efectivamente (p. ej. para incrementar el tamaño de la torta) de manera equitativa. Por esta razón, es importante monitorear cómo los gobiernos están generando recursos además de cómo están gastándolos.
Los gobiernos movilizan la mayoría de sus recursos domésticos para servicios esenciales e infraestructura a través de la tributación. Sin embargo, los ejemplos de todo el mundo muestran cómo el abuso fiscal a gran escala priva a los gobiernos de los recursos que necesitan para cumplir con sus compromisos de derechos humanos. Las políticas fiscales injustas han perpetuado las inequidades de todo tipo y cargado desproporcionadamente a las mujeres y otros grupos que enfrentan discriminación sistémicamente. Los regímenes fiscales regresivos han protegido la riqueza y los privilegios de las élites a costa de la población entera. La ampliamente difundida dependencia en impuestos indirectos sobre los bienes y servicios, tales como el Impuesto Agregado a los Ventas (IGV en Perú), impone una gran carga sobre los pobres y las mujeres que gastan un alto porcentaje de su dinero en bienes y servicios. En el contexto de creciente inequidad y una cada vez más profunda austeridad fiscal, la política tributaria provee de una herramienta esencial para financiar los derechos humanos de manera suficiente, equitativa y responsable.
¿Cómo pueden monitorear las políticas fiscales los defensores de los derechos humanos?
La fiscalidad no se discute explícitamente en ningún convenio internacional de derechos humanos. Aunque hay un creciente reconocimiento de los lazos entre las políticas fiscales y las violaciones de derechos humanos, las normas sobre derechos humanos no determinan las cantidades específicas de dinero que los gobiernos deberían recaudar a través de impuestos o métodos específicos para recaudar impuestos. De este modo, los defensores de derechos humanos han tenido que ampliar el número y tipo de herramientas que utilizan para evaluar las políticas fiscales que están en contra de las normas de derechos humanos. Identificar indicadores que puedan ser comparados en diferentes países, en el tiempo y de acuerdo a diferentes grupos sociales ha sido un elemento clave en este tema.
Por ejemplo, el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL por sus siglas en inglés) ha desarrollado una metodología para una auditoría de derechos humanos de políticas económicas que ha sido utilizada para revelar implicancias de clase, raza o género en políticas fiscales específicas en los EE.UU.
El Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR por sus siglas en inglés) de manera similar ha identificado indicadores ilustrativos que pueden ser utilizados para determinar si los gobiernos están movilizando recursos de manera suficiente, equitativa y responsable, en línea con los derechos humanos. El CESR también ha analizado las políticas fiscales en cierto número de países, incluyendo España y Egipto, mostrando que las decisiones acerca de la distribución de recursos no estaban en sintonía con las responsabilidades de derechos humanos, y más aún que tanto la aplicación proactiva de estándares de derechos humanos podría sugerir reformas concretas de políticas tributarias.
Durante la última reforma fiscal de México, Fundar también utilizó argumentos de derechos humanos para abogar por impuestos graduales o progresivos y para criticar los impuestos regresivos.
Mientras tanto el índice de presupuestos abiertos del IBP ha sido utilizado por numerosos defensores de derechos humanos para presionar por políticas más transparentes de impuestos y de presupuestos. Oxfam mientras tanto está en proceso de desarrollar índices para rastrear mejor que tan bien están combatiendo las inequidades las políticas fiscales de los gobiernos.
Sería bueno saber de otros miembros del grupo de trabajo que han trabajado asuntos relacionados con políticas fiscales o tributarias en su trabajo de monitoreo.
¿Cuáles son algunos de los relatos de monitorear políticas tributarias y cómo deben ser enfrentados?
Un gran reto en el monitoreo de políticas tributarias es la falta de acceso a información fiscal abierta y confiable e información financiera relacionada con el tema. En la reunión, ACIJ discutió sus esfuerzos por usar la judicialización como una herramienta para obtener acceso a información financiera para el análisis de presupuestos. El hecho de que el acceso a la información esté consagrado como una norma fundamental de derechos humanos fue traído a colación por varios participantes en la reunión como una de las formas concretas en que los derechos humanos pueden agregar valor a la lucha e incidencia en favor de la justicia fiscal.
Otro tema recurrente fue el reto de hacer que los impuestos sean significativos para las comunidades; es un tema que a menudo se considera muy técnico y es difícil movilizar al público para involucrarse en estos asuntos. Por ello, aumentar la cultura financiera dentro de la comunidad de derechos humanos y entre el público general es un tema muy necesario.
Finalmente, la naturaleza extraterritorial de las políticas tributarias es un gran reto para el monitoreo. Las políticas o prácticas tributarias de un gobierno (p. ej. regímenes tributarios empresariales preferenciales para capitales internacionales móviles, obstrucción del intercambio de información tributaria, o permitir a los bancos y estudios de abogados que aprovechen acuerdos de confidencialidad) puede minar la capacidad de otros sectores para utilizar los derechos humanos como recurso. La información sobre abusos fiscales a través de las fronteras es un gran reto que debería recibir mayor atención en la próxima década. Los defensores de los derechos humanos podrían apoyar a superar este agujero negro de muchas maneras, por ejemplo, protegiendo a los denunciantes y defensores de la justicia fiscal que están exponiendo estos abusos, o utilizar la judicialización creativamente para evidenciar los mecanismos de planeamiento tributario abusivo.
Nos encantaría saber acerca de si a otros miembros del grupo de trabajo les interesa explorar este tema a través de nuestro trabajo conjunto.