Experto de la ONU informa sobre medidas de austeridad y derechos humanos

En una reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos (37ª sesión, marzo de 2018), tras consultar con organizaciones de la sociedad civil y diversos actores interesados, Juan Pablo Bohoslavsky, Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, publicó un informe sobre el desarrollo de principios rectores para evaluar los impactos en los derechos humanos de las políticas de reforma económica.

Examinando los efectos negativos de las recientes políticas de reforma económica, este informe examina más de cerca la tendencia mundial de “medidas de austeridad”, cómo afecta nuestros derechos humanos y cómo se puede utilizar el marco de derechos humanos para evaluar quién se vería afectado por las reformas económicas, si y cómo se vería afectado el disfrute de los derechos y si se dispone de medidas alternativas.

Las medidas de austeridad se refieren a los recortes presupuestarios del gobierno logrados a través de impuestos más altos, reducciones en los programas de bienestar público, o ambos. Los Estados a menudo citan las crisis de la deuda externa como la razón para reducir sus presupuestos. Con frecuencia, los programas gubernamentales diseñados para defender el derecho del público a la salud, el trabajo, la vivienda y la seguridad social se sacrifican para equilibrar estos presupuestos estatales.

Los miembros de la Red-DESC — Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Center for Women's Global Leadership (CWGL) de la Universidad Rutgers, y la Plataforma Dhesca Brasil  — están entre los grupos de la sociedad civil que han presentado contribuciones sobre los estándares, herramientas y ejemplos relevantes que pueden ser útiles en el desarrollo de los principios rectores.

Este informe es un primer paso en un mandato más amplio de la ONU (Resolución 34/3 del Consejo de Derechos Humanos) para conocer los efectos negativos actuales y en marcha de las medidas de austeridad y desarrollar principios rectores para que los Estados evalúen sus políticas de reforma económica desde una perspectiva de derechos humanos. Los próximos pasos son una mayor discusión y participación de una comunidad más amplia.

RESUMEN DEL INFORME

Antecedentes
Aunque los graves impactos sobre los derechos humanos de la reciente crisis financiera han sido ampliamente documentados, las respuestas políticas a la crisis revelan un profundo descuido estructural de los derechos humanos en la formulación de políticas económicas, incluida la protección insuficiente de los pueblos más vulnerables y la falta de atención a la participación pública, consulta, transparencia y rendición de cuentas.

Este descuido es cada vez más evidente y es la fuerza que impulsa el desarrollo de estos principios rectores, junto con las herramientas analíticas y metodológicas, para reparar los impactos de las medidas de austeridad en los derechos humanos.

Contenido
El informe comienza detallando la reducción de los impactos sociales negativos hasta la crisis financiera de 2007-2008 y la evolución de las respuestas de ajuste estructural a las crisis financieras. Luego explica cómo los programas de ajuste estructural afectan a los derechos humanos y presenta argumentos legales y económicos para garantizar que las políticas de los Estados funcionen dentro del marco de los derechos humanos.

En consonancia, el informe argumenta que las evaluaciones de impacto basadas en los derechos humanos podrían:

• incrementar la transparencia y la responsabilidad pública en torno a la toma de decisiones sobre políticas económicas, haciendo que el impacto potencial de las políticas sea más visible;
• proporcionar una base de valores para que los responsables políticos elijan las medidas a tomar, por ejemplo, evitando recortes presupuestarios generalizados que afecten negativamente a los grupos vulnerables;
• ayudar a identificar la aplicación de medidas de prevención, mitigación y reparación que deben integrarse en las políticas económicas.

Se discuten los principales desafíos a la hora de desarrollar principios rectores para evaluar los impactos en los derechos humanos, incluida la necesidad de contar con datos fiables y desglosados que sirvan de base para un análisis posterior.

Específicamente, el fortalecimiento de las estadísticas nacionales para monitorear el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se menciona como una forma de facilitar el progreso en el monitoreo del cumplimiento de algunos derechos humanos, con la advertencia de que también pueden ser necesarios indicadores adicionales que cubran derechos particulares.

Concluye con algunas recomendaciones preliminares para guiar futuras discusiones sobre el contenido y el formato de estos principios rectores, incluyendo su base, alcance, contenido, cuestiones de tiempo y algunas reflexiones sobre cómo proceder.

Próximos pasos
Agosto de 2018: El Experto independiente distribuirá el borrador de los principios rectores y solicitará insumos por escrito en forma de comentarios de todas las partes interesadas, incluidas instituciones financieras internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas relevantes.

Finales de 2018: Se programará una segunda reunión de expertos y se distribuirá el borrador revisado basado en los comentarios. También se espera una consulta pública con los Estados y otras partes interesadas.

Febrero de 2019: El Experto independiente planea presentar el texto final de los principios rectores al Consejo de Derechos Humanos para su consideración en su 40ª sesión.

Consulte el informe completo del Experto independiente de la ONU