Declaración conjunta: llamamiento a la solidaridad con las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra máxima preocupación por la actual criminalización de diez personas defensoras de los derechos humanos y miembros de Karapatan, GABRIELA y Rural Missionaries of the Philippines (RMP) en represalia por su legítima labor en materia de derechos humanos.

Elisa Tita Lubi, presidenta de Karapatan; Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan; Roneo Clamor, secretario general adjunto de Karapatan; Gabriela Krista Dalena, tesorera de Karapatan; Edita Burgos; Wilfredo Ruazol, y Jose Mari Callueng, miembros del Consejo Nacional de Karapatan; Gertrudes Ranjo Libang, presidenta de GABRIELA; Joan May Salvador, secretaria general de GABRIELA y la hna. Elenita Belardo, miembro de RMP, se enfrentan a un juicio ante el Tribunal de Primera Instancia Metropolitano de Quezon City, Sección 37, por una acusación maliciosa y falsa de “perjurio” en represalia por sus acciones en busca de protección legal para las personas defensoras de los derechos humanos. El veredicto se dictará en la semana del 2 de enero del 2023. Si son declarados culpables, podrían enfrentarse a una pena de hasta cuatro meses o hasta más de dos años de prisión.

El 6 de mayo de 2019, debido al alarmante aumento de la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas, las/los mencionados activistas de Karapatan, GABRIELA y RMP presentaron un recurso de amparo (orden de protección) y de habeas data (acceso a la información) ante el Tribunal Supremo, en busca de protección contra las amenazas, los ataques y el acoso por parte de funcionarios del gobierno. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Filipinas denegó su petición en junio de 2019.

Tras el rechazo de la petición, las autoridades respondieron con medidas de represalia contra las 10 personas defensoras de los derechos humanos. El 2 de julio de 2019, el entonces asesor de seguridad nacional, el general Hermógenes Esperon, que era nombrado en la petición, presentó una denuncia en la que alegaba que las/los 10 activistas demandados habían cometido “perjurio” al afirmar en la petición que presentaron ante el Tribunal Supremo que RMP era una organización no gubernamental registrada en la Comisión de Valores y Bolsa. Aunque la denuncia por perjurio fue inicialmente desestimada por “falta de causa probable y/o insuficiencia de pruebas”, en febrero de 2020, el fiscal de Quezon City aceptó una moción de reconsideración presentada por el Asesor de Seguridad Nacional y encontró causa probable para acusar a los 10 defensores de los derechos humanos de “perjurio”. Los cargos contra estas personas han sido ampliamente condenados por organizaciones regionales y mundiales de la sociedad civil, así como por la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 

Desde que se presentaron los cargos de “perjurio”, el Departamento de Justicia ha acusado a al menos 16 personas, entre ellas monjas, vinculadas a Rural Missionaries of the Philippines, de financiar el terrorismo en virtud de la Sección 8(ii) de la Ley de la República 10168 o ley contra la financiación del terrorismo. 

En Filipinas, las personas defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo ataques, asesinatos, acoso judicial, detenciones arbitrarias y campañas de estigmatización por parte de agentes estatales, apoderados, partidarios y facilitadores. Desde junio de 2016, cuando el presidente Duterte asumió el poder, se agravó el clima de impunidad por los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Los asesinatos de activistas rara vez se han investigado, lo que aumenta la vulnerabilidad de los que siguen activos, al tiempo que socava la confianza de la comunidad de derechos humanos en el sistema de justicia. Además, la Ley Antiterrorista, aprobada en julio de 2020, agravó aún más la precaria situación de las personas defensoras de los derechos humanos al formalizar legalmente la práctica de “etiquetar” a las/los activistas con definiciones de terrorismo excesivamente amplias y vagas. La grave situación de los derechos humanos en Filipinas, incluida la actual represión de defensores y defensoras de los derechos humanos, ha dado lugar a declaraciones de gran preocupación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en junio de 2020 y, más recientemente, de varios diputados del Parlamento Europeo. Asimismo, en abril de 2020, nueve expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por los asesinatos, las amenazas, las detenciones y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas. Tanto la OACDH como los expertos en derechos humanos de la ONU recomendaron abrir una investigación internacional e independiente sobre las violaciones de los derechos humanos en Filipinas.

Pedimos al nuevo presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., que se distancie del gobierno anterior y se comprometa firmemente a respetar el derecho a defender los derechos humanos. El presidente Marcos Jr. debe poner fin a las amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y garantizar la protección de sus derechos, incluidos los derechos a la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica. Instamos a las autoridades a que pongan fin de inmediato al acoso judicial contra Elisa Tita Lubi, Cristina Palabay, Roneo Clamor, Gabriela Krista Dalena, Edita Burgos, Wilfredo Ruazol, Jose Mari Callueng, Gertrudes Ranjo Libang, Joan May Salvador y Sor Elenita Belardo. Asimismo, pedimos a las autoridades que deroguen la Ley Antiterrorista y aprueben el Proyecto de Ley de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. 

Nos inspira el trabajo, el valor y el compromiso de las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas, y nos solidarizamos con todas ellas.

Firmantes:

1. ACAT – Germany
2. Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) - Luxembourg
3. ALTSEAN – Burma
4. Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)
5. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
6. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
7. Associació Catalana per la Pau – Catalonia/Spain
8. AWID – International
9. Banglar Manabadhikar Surakhsa Mancha (MASUM) – India
10. Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) – International
11. Canada-Philippines Solidarity for Human Rights – Canada
12. Capital Punishment Justice Project – Australia
13. Centre for Philippine Concerns - Canada
14. Changement Social Bénin – Benin
15. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) – Mexico
16. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation – International
17. Environmental Defender Law Center – United States
18. ESCR-Net - International Network for Economic, Social and Cultural Rights
19. Federal Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany
20. Filipino Women's Organization in Quebec (PINAY) – Canada
21. Front Line Defenders – International
22. Fundación Promoción Humana – Argentina
23. Greek Helsinki Monitor – Greece
24. Human Rights Defenders Alert (HRDA) – India
25. Human Rights First - International
26. Human Rights Watch – International
27. IBON International
28. International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) – International
29. International Federation for Human Rights (FIDH), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
30. International League of People’s Struggle - Canada
31. International Service for Human Rights (ISHR) – International
32. Judicial Reform Foundation – Taiwan
33. KAIROS Canada
34. La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme (VSV) – Democratic Republic of the Congo
35. Lawyers' Rights Watch Canada
36. Lok Shakti Abhiyan – India
37. London Mining Network – United Kingdom
38. Malaya Movement – Canada
39. Malaya Movement – United States
40. Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders (IM-Defensoras)
41. Migrante - Canada
42. Narasha Community Development Group – Kenya
43. National Autonomous Union of Public Administration Staff (SNAPAP) – Algeria
44. National Fisheries Solidarity Movement – Sri Lanka
45. National Lawyers Guild San Francisco Bay Area Chapter – United States
46. Netherlands Philippines Solidarity Movement – Netherlands
47. Odhikar – Bangladesh
48. ONG Construisons Ensemble le Monde – Democratic Republic of the Congo
49. Project South – United States
50. Public Service Alliance of Canada - Alliance de la Fonction publique du Canada – Canada
51. Rural People's Sangam – India
52. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network – International
53. SOHRAM-CASRA – Turkey
54. Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles (SFVS) – Democratic Republic of the Congo
55. Tapol – Indonesia
56. The Open University – United Kingdom
57. The Uplands Center – United States
58. United Church of Canada – Canada
59. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - Huacho – Peru
60. Viva Salud – Belgium
61. Women of Diverse Origins - Canada
62. Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) – International
63. Women Human Rights Defenders International Coalition
64. World Organisation Against Torture, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Firmantes individuales:

1. Bronwyn Dudley
2. Emile Kinley-Gauthier
3. Florfina Marcelino