Aplicación de los DESC

Solapas principales

Los autores, pueblos indígenas de las islas del estrecho de Torres, presentaron una petición contra Australia por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los peticionarios sostuvieron que las medidas insuficientes de protección del clima por parte de Australia violaban sus derechos humanos bajo los artículos 6 (derecho a la vida), 17 (derecho a la vida privada, la familia y el domicilio), 24(1) (derecho de niñas y niños a medidas de protección) y 27 (derecho a la cultura) del PIDCP. 

En 2003, una niña de siete años de edad llamada Andrea fue asesinada por su padre, quien posteriormente se suicidó, durante una visita aprobada por un tribunal. La madre de Andrea, Andrea González, había denunciado a la policía más de cuarenta y siete (47) instancias de abuso físico y solicitó órdenes de prohibición contra el padre para protegerse a sí misma y a su hija, pero el padre no había aceptado visitas supervisadas y un tribunal eventualmente le permitió las visitas sin vigilancia que condujeron a la muerte de la niña.

Corte Interamericana exige obligación positiva de realización progresiva en caso sobre salud de personas con VIH

Este caso fue presentado por 49 víctimas (15 de las cuales habían fallecido mientras se examinaba el caso) y sus familiares, quienes compartían características interseccionales que los volvían más vulnerables a perjuicios, como que vivían en la pobreza. La Corte señaló que Guatemala es el país de América Central con la mayor cantidad de personas que viven con VIH, aproximadamente unas 52.000 personas en 2018.

El 5 de noviembre de 2018, algunos miembros participaron en un debate en línea llamado «Aplicar las decisiones del CDESC: lecciones aprendidas de la experiencia del procedimiento de seguimiento de MBD c. España». El debate sobre el...

Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma el derecho humano a un ambiente saludable

En medio de la creciente preocupación internacional acerca de las consecuencias para los derechos humanos de un canal transoceánico en Nicaragua y preocupada por los efectos que podía tener para las personas que residen en la isla colombiana de San Andrés, Colombia había solicitado en 2016 una opinión consultiva de la Corte IDH referida a las obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y la garantía de los derechos a la vida y la integridad personal.

Corte Internacional de Justicia avanza jurisprudencia ambiental progresista

Este caso está precedido por la decisión de la CIJ de 2015 en la que sostuvo que el territorio disputado entre Costa Rica y Nicaragua le pertenecía a Costa Rica y que, al excavar tres caños (canales) y establecer presencia militar, Nicaragua violaba la soberanía territorial de Costa Rica. En consecuencia, las actividades de Nicaragua eran ilegales bajo el derecho internacional, lo que daba lugar a una obligación de reparar a cargo de Nicaragua.


¿Una herramienta ineficaz? Primeras impresiones sobre el Borrador de Protocolo Facultativo del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas


Por los miembros de la Red-DESC: Gabriela Kletzel y Andrés López Cabello...

Corte Interamericana reconoce la justiciabilidad directa de los DESC

Alfredo Lagos del Campo fue despedido de su trabajo el 1 de julio de 1989. Previamente había sido sindicalista, pero en el momento del despido era el presidente del Comité Electoral, un representante electo de la Comunidad Industrial de la empresa (un tipo de organización de trabajadores previsto por la ley en Perú).

La Comisión Africana promueve la rendición de cuentas corporativa por abusos contra los derechos humanos

En 2004, un pequeño número de rebeldes ligeramente armados intentaron tomar el control de Kilwa, un remoto pueblo de pescadores en la República Democrática del Congo (Congo). A unos 50 km de Kilwa hay una mina de cobre y plata donde Anvil Mining Company (Anvil Mining), una pequeña empresa minera australiano-canadiense, tenía operaciones mineras. Precisamente el puerto de Kilwa era el único enlace de transporte para exportar el mineral extraído de la mina a plantas de procesamiento en otros países.

CDESC confirma que el derecho a la vivienda es aplicable a acuerdos privados de renta

En octubre de 2013, Mohamed Ben Djazia, Naouel Bellili y sus hijos menores fueron desalojados de la vivienda que alquilaban en Madrid, España, después de que venció su contrato privado de alquiler. En ese momento España pasaba por una crisis económica devastadora, con altos niveles de desempleo, que había afectado también a la familia Ben Djazia-Bellili, por lo que no habían podido pagar el alquiler por cierto tiempo. Ben Djazia había solicitado una vivienda social en repetidas oportunidades durante más de una década, pero recibió siempre una respuesta negativa.