Pueblos indígenas

Solapas principales

En esta carta, dirigida al Presidente de Guatemala, y a los presidentes de la Corte de Constitucionalidad y del Congreso de la República, pedimos que se garantice la transición de poder en el país, y que se ponga fin a la instrumentalización del poder judicial para socavar la democracia. ...

La Corte Constitucional de Colombia (“la Corte”) utilizó sus poderes de revisión judicial para evaluar la situación de las personas desplazadas en Colombia. Alrededor de 1.150 grupos familiares presentaron demandas de tutela o protección ante sus respectivos municipios respecto del deber del Estado de protegerlos por su condición de personas desplazadas. Solicitaron ayuda, pero el Estado se la negó o la concedió por un período incompleto, alegando limitaciones presupuestarias.

Este caso resuelve una acción de tutela para proteger los derechos de la población afrocolombiana desplazada de conformidad con la declaración previa de la Corte en la sentencia T-025 de 2004 de un “estado de cosas inconstitucional” en torno a la situación de la población desplazada forzosamente.

En este Auto, la Corte se mostró gravemente preocupada por la amenaza que el desplazamiento interno suponía para la existencia de los pueblos indígenas en Colombia. La Corte atribuyó esta amenaza a tres factores principales: (1) ruptura de estructuras y desintegración comunitaria; (2) choque cultural fuera de sus tierras ancestrales; (3) quedar atrapados en medio de la violencia. 

Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer con un llamado mundial a un Pacto Social sobre Cuidados justo y consensuado. Comenzamos a demandar esto hace 3 años cuando la COVID-19 exacerbó la crisis global de los cuidados. Desde entonces, nuestros miembros han seguido multiplicando nuestras acciones para resaltar la necesidad de poner los cuidados al centro de las agendas políticas a nivel mundial. 

 

Los autores, pueblos indígenas de las islas del estrecho de Torres, presentaron una petición contra Australia por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los peticionarios sostuvieron que las medidas insuficientes de protección del clima por parte de Australia violaban sus derechos humanos bajo los artículos 6 (derecho a la vida), 17 (derecho a la vida privada, la familia y el domicilio), 24(1) (derecho de niñas y niños a medidas de protección) y 27 (derecho a la cultura) del PIDCP. 

Entre el 13 y el 29 de marzo de 2022 se celebraron en Ginebra las reuniones entre sesiones previas a la COP15, una importante cumbre de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica. En vísperas de estas conversaciones preparatorias entre los Estados, los miembros de la Red-DESC enviaron una carta colectiva en la que pedían a todas las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que adoptaran un enfoque basado en los derechos humanos en general y, en particular, que reconocieran, respetaran, protegieran y promovieran el derecho general a la autodeterminación, incluido el consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la tierra y los derechos de tenencia en el marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020, que se está negociando actualmente y que probablemente se adoptará en la COP15. Además, pide a los gobiernos que adopten un “indicador de la tenencia de la tierra” y subraya la importancia de reforzar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

De cara a las próximas reuniones intersesionales en Ginebra en marzo de 2022, la membresía de la Red-DESC han adoptado una carta colectiva en la que se pide a todas las Partes del Convenio...

Las demandantes en esta causa son las comunidades ogale y bille del Estado de Rivers, Nigeria, quienes representan a aproximadamente 50.000 personas. Denunciaban daño ambiental generalizado, incluyendo contaminación de la napa freática, causado por derrames de petróleo de la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). Las dos demandadas son Royal Dutch Shell Plc (RDS), la empresa matriz de RU, y SPDC, una subsidiaria de PDS registrada en Nigeria.

"Durante demasiado tiempo, los desalojos brutales e ilegales han aterrorizado a las comunidades, incluso durante una pandemia que nos obliga a quedarnos en casa por razones de salud pública. Por lo tanto, exigimos el fin de todos los desalojos en nuestras ciudades. Exigimos el fin

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