Derecho al trabajo

Solapas principales

Martinez-Cuevas y Aguilar presentaron una demanda colectiva contra su empleador, DeRuyter Bros. Dairy Co., solicitando en parte una sentencia que declarara inconstitucional la norma RCW 49.46.130(2)(g) de la Ley de Salario Mínimo de Washington (Ley MWA). Los trabajadores denunciaron que DeRuyter Brother’s Dairy Company incumplía las normas del salario mínimo, negaba recreos adecuados o tiempo para comidas, y no compensaba el trabajo realizado antes y después de muchos de los turnos de los empleados.

Dobson era una enfermera comunitaria empleada por North Cumbria Integrated Care que trabajaba dos días a la semana. Siendo madre de tres niños, dos de ellos con discapacidades, dependía de tener un horario de trabajo fijo. Desde 2008 a 2016, Dobson mantuvo sin problemas una semana de 15 horas durante un periodo de dos días fijos. En 2013, su empleador primero le pidió que trabaje algún fin de semana, pero, después de que Dobson explicara la dinámica de su familia y el trabajo que tenía que terminar en su casa, se dejó de lado la cuestión.

La Corte Constitucional acumuló 19 casos de mujeres que, en el momento de los eventos cuestionados, estaban embarazadas, amamantando o en licencia por maternidad, y trabajaban en diversos puestos del sector público regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La Corte se refiere a la violación de los derechos de las embarazadas y las lactantes, y proporciona otras protecciones al reconocer formalmente el derecho al cuidado.

Antecedentes: El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de pirotecnia de Santo Antônio de Jesus, en Brasil. La fábrica estaba formada por un conjunto de carpas ubicadas en potreros con mesas compartidas de trabajo. Como consecuencia de la explosión murieron 60 personas y seis resultaron heridas. Entre quienes murieron se encontraban 59 mujeres, 19 de las cuales eran niñas, y un niño; entre los sobrevivientes se encuentran tres mujeres adultas, dos niños y una niña.

En el momento de su muerte, Maria Mahlangu trabajaba como empleada doméstica en un domicilio particular de Sudáfrica. La hija y la nieta de Mahlangu dependían económicamente de ella en el momento de su fallecimiento. La hija de Mahlangu solicitó ayuda ante el Ministerio de Trabajo mediante compensación con arreglo a la Ley de compensación por lesiones y enfermedades laborales (COIDA) o beneficios del seguro de desempleo.

Anil Kumar Mahajan se unió al Servicio Administrativo de la India (IAS) en 1977, iniciando una carrera en la que fue sujeto a numerosas suspensiones y, en última instancia, fue obligado a retirarse en relación con una discapacidad relacionada con la salud mental. Fue suspendido del 17 al 24 de febrero de 1988. Por segunda vez, desde el 24 de febrero de 1988 hasta el 24 de febrero de 1990. El 20 de mayo de 1993 fue sometido a una tercera suspensión, sujeta a investigaciones oficiales, y luego debió comparecer frente a un consejo médico.

Nevsun Resources Ltd. (Nevsun), una empresa establecida en la Columbia Británica que es propietaria del 60% de la Bisha Mining Share Company, apeló el acuerdo del Tribunal de Apelaciones respecto de la decisión del juez de Cámara (Chambers Judge) de rechazar la petición de Nevsun de anular los alegatos. Nevsun había sido objeto de una demanda colectiva presentada por más de mil personas que decían haber sido obligadas a trabajar en la mina de Bisha Mining Share Company entre 2008 y 2012.

El autor en este caso es un hombre cuyos beneficios por desempleo fueron reducidos, en primer lugar, un 30% y, luego, un 60%, cuando rechazó a un empleador que le habían propuesto y no aceptó una capacitación y un puesto de prueba en otra función. El hombre objetó sin éxito las reducciones y presentó una demanda ante el Tribunal Social. Antes de emitir una decisión, el Tribunal Social suspendió el procedimiento para obtener la revisión judicial de la Corte Constitucional Federal (FCC) respecto de si el sistema de sanciones en cuestión cumple con la Ley Fundamental.

En 2005, Alemania inició la cuarta fase de un plan destinado a reducir el costo del sistema de bienestar social del país, una iniciativa que lleva el nombre de su principal arquitecto, el director de personal de Volkswagen, Peter Hartz. Hartz IV fusionó los beneficios de desempleo y bienestar, fijando el beneficio estándar para personas solteras que residen en los estados de la antigua Alemania Occidental (incluyendo Berlín Oriental) en 345 euros al mes. Este monto fue determinado sobre la base de un estudio estadístico de los ingresos y gastos de los grupos de menores ingresos.

En 1998, el Congreso aprobó la Enmienda 20 de la Constitución Federal Brasileña de 1988, por la que modificó el sistema de seguridad social del país. La enmienda impuso un tope de R$1200 a los beneficios de la seguridad social por beneficiario. A primera vista, el tope de R$1200 debía tener un efecto neutral sobre varias categorías de beneficios, incluyendo la licencia por maternidad.