جنوب أفريقيا

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Caselaw

Approximately 20,000 occupiers of the Joe Slovo informal settlement in Cape Town appealed to the Constitutional Court to set aside an order for their eviction granted by the High Court. The eviction had been sought by the National and Provincial Ministers of Housing and a housing company contracted to implement a development of formal housing for low-income families at the site of the informal settlement. While the housing company tendered that they would provide temporary accommodation for the occupiers in Delft, 15 kilometres away, no permanent housing was guaranteed.

Cinco residentes de Phiri, en Soweto, demandaron a la ciudad de Johannesburgo, Johannesburg Water (una empresa de propiedad de la ciudad) y al Ministerio Nacional de Agua y Silvicultura.

Five residents of Phiri in Soweto brought a case against the City of Johannesburg, Johannesburg Water (a company wholly owned by the City) and the national Minister for Water Affairs and Forestry. There were two key questions at issue.

La ciudad de Johannesburgo buscaba desalojar a hombres, mujeres y niños de dos edificios en el centro de la ciudad de Berea. Esta medida formaba parte de una política general de evacuación formulada bajo la Estrategia de Regeneración del Centro de la Ciudad de Johannesburgo, en la que los desalojos se llevaban a cabo de noche y sin aviso previo, conforme a leyes y disposiciones del régimen del Apartheid. La ciudad adujo que las condiciones de vida no eran higiénicas y creaban peligros de incendio, pero se negó a ofrecer a los ocupantes viviendas alternativas.

The City of Johannesburg sought to evict men, women and children from two buildings in Berea, in the inner city. This was part of an overall clearance policy under the Johannesburg Inner City Regeneration Strategy, in which evictions have been carried out in the middle of the night and without notice, under Apartheid-era laws and regulations. The city alleged that the living conditions are unhygienic and constitute a fire hazard, but had refused to offer the occupiers alternative accommodation.

The claimant, Thiagraj Soobramoney, suffered from chronic renal failure (among other diseases) and was in dire need of renal dialysis in order to stave off death. When he ran out of personal funds with which to pay private providers, he sought service in Addington Hospital, a state-funded hospital in Durban. The hospital refused Soobramoney treatment because his general physical condition did not qualify him for treatment under the criteria or guidelines used by the hospital to determine eligibility for such treatments.

Los demandantes eran residentes permanentes de Sudáfrica. Cuestionaron disposiciones legislativas que limitaban los beneficios sociales para ancianos a los ciudadanos sudafricanos e impedían que los hijos de ciudadanos extranjeros que se encontraran en la misma situación que los demandantes pudieran reclamar los beneficios de guardería disponibles para los niños sudafricanos (independientemente de la ciudadanía que tuvieran los niños).

400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo.   El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional.

La municipalidad de Port Elizabeth presentó una solicitud de desalojo en respuesta a una petición de un vecindario contra 68 adultos y niños que ocupaban viviendas precarias montadas en terrenos privados. Los ocupantes habían vivido en terrenos sin infraestructura durante dos a ocho años y estaban dispuestos a abandonar la propiedad con la condición de recibir un preaviso razonable y un terreno alternativo adecuado.

El gobierno sudafricano decidió establecer un campamento temporario en el terreno de la cárcel Leeuwkop (terrenos estatales) para las víctimas de inundaciones del township Alexandra. El plan era que los ocupantes se mudarían a viviendas permanentes cuando éstas estuvieran disponibles. Aparentemente, este plan fue concebido sin consultar a los residentes de la zona y una asociación de residentes, Kyalami Ridge Environmental Association (KREA), solicitó que el ministro competente suspendiera las actividades.