Eldridge v. British Columbia (Attorney General) [1997] 3 S.C.R. 624. [ESP]
Recurso presentado conforme al artículo 15 (derecho a la igualdad) de la Canadian Charter of Rights and Freedom [Carta Canadiense de Derechos y Libertades] por pacientes sordos debido a la falta de servicios de interpretación en lenguaje de señas en la prestación de atención médica. Obligaciones positivas de asignar recursos razonablemente. Igualdad sustantiva y derecho a la atención médica. Toma de decisiones discrecional.
En 1990, el organismo sin fines de lucro que prestaba servicios de interpretación en lenguaje de señas en la región continental del sur de la provincia canadiense de British Columbia comenzó a enfrentar serias dificultades financieras y buscó asistencia por medio de funcionarios del Ministerio de Salud. La asistencia le fue denegada.
Robin Eldridge y Linda Warren son sordos de nacimiento. En su presentación ante la Corte adujeron que la ausencia de intérpretes los exponía a un mayor riesgo de ser víctimas de diagnósticos equivocados y tratamientos ineficaces, y argumentaron que la omisión del gobierno de incluir tales servicios en la legislación pertinente violaba su derecho a la igualdad conforme al artículo 15 de la Carta, teniendo en cuenta su condición de discapacitados.
La Corte Suprema de Canadá reconoció unánimemente el recurso, pero entendió que la violación de la Carta no se encontraba en la legislación, sino en el ejercicio de la toma de decisiones discrecional. La Carta se aplica a los responsables de tomar decisiones del sector privado cuando a éstos les ha sido delegada una función gubernamental. La Corte sostuvo que el derecho a la igualdad obliga a los actores gubernamentales a asignar recursos de manera tal de asegurar que los grupos menos favorecidos disfruten plenamente de los servicios públicos. El gobierno no había demostrado tener fundamentos razonables para denegar los servicios de interpretación en los servicios de atención médica debido a su costo. La Corte decidió que una declaración en suspenso por seis meses era el remedio apropiado, ya que el gobierno tenía a su disposición gran cantidad de opciones.
Como respuesta a la decisión de la Corte, se creó un nuevo programa, cuyo diseño surgió de consultas con las comunidades de personas sordas, sordo/ciegas y con dificultades auditivas. Inicialmente se expresó preocupación por las demoras en la implementación del programa; otras provincias de Canadá no se han ocupado con celeridad de asegurar su cumplimiento. Esta decisión se ha utilizado para apoyar diversas campañas a favor de mejores programas y servicios para las personas con discapacidades.
Women's Legal Education and Action Fund, www.leaf.ca
Disabled Women's Network Canada, www.dawncanada.net
The Charter Committee on Poverty Issues, www.povertyissues.org
The Canadian Association of the Deaf, www.cad.ca
The Canadian Hearing Society, www.chs.ca
The Council of Canadians with Disabilities, www.ccdonline.ca
Esta decisión sirve como base para defender numerosos derechos sociales y económicos de grupos vulnerables en el marco de los derechos relacionados con la igualdad. La Corte reconoció las obligaciones positivas de asignar recursos y mantener o implementar los servicios necesarios, y aplicó un criterio de razonabilidad a las decisiones referidas a la asignación de recursos. Lamentablemente, la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema de Canadá ha cuestionado este marco sustantivo respecto del derecho a la igualdad.
