Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education )[2003] 3 S.C.R. 3. [ESP]
Reclamo constitucional del gobierno de Nova Scotia por una orden de reparación conforme a los artículos 23 y 24 de la Canadian Charter (Carta de Canadá de Derechos y Libertades), los cuales exigen el desarrollo prioritario de educación para minorías en idioma francés con presentación periódica de informes al tribunal; derecho a la educación (en idiomas minoritarios); obligaciones positivas; supervisión judicial continua de la implementación de reparaciones; derecho a recurso judicial efectivo para violaciones de los derechos ESC.
Padres hablantes de francés de cinco distritos escolares solicitaron que se ordene que se proporcionen instalaciones y programas de enseñanza de francés en el nivel secundario conforme al artículo 23 de la Carta de Canadá. El juez de instrucción determinó que se estaba violando dicho artículo, porque la provincia no había dado prioridad a tales obligaciones y ordenó que se dedicaran “los mayores esfuerzos” a proporcionar instalaciones y programas escolares dentro de un cierto plazo. La Corte Suprema ya había entendido en Mahe que el artículo 23 impone obligaciones positivas para que los gobiernos movilicen recursos y promulguen legislación a fin de desarrollar estructuras institucionales de importancia. El juez de instrucción retuvo la jurisdicción para recibir informes sobre el avance del trabajo futuro; esta parte de la orden judicial fue apelada por la provincia. El Tribunal de Apelaciones aceptó el recurso y consideró que la Carta no prevé que se extienda la jurisdicción de un tribunal para abarcar el cumplimiento de sus reparaciones.
La Suprema Corte de Canadá sostuvo la apelación y le devolvió al juez de instrucción la orden de reparaciones. La mayoría opinó que los tribunales deben ordenar reparaciones efectivas y adecuadas que garanticen la protección plena y pertinente de los derechos consagrados en la Carta. Los límites del papel adecuado de los tribunales variarán según el derecho de que se trate y, en algunos casos, requieren de la introducción de nuevos recursos. La Corte concluyó que era correcto que el remedio, en este caso, fuera judicial, defendiendo los derechos de los padres, pero dejando en gran medida las decisiones concretas respecto de los medios al poder ejecutivo.
La Corte Suprema de Canadá reconoció que la apelación sobre la que debía decidir era discutible. Las escuelas en cuestión ya se habían construido, por lo que el efecto deseado por la orden del juez de instrucción ya se había cumplido, y no eran necesarias otras instancias de presentación de informes. Sin embargo, se había hecho lugar al recurso a fin de sentar precedentes respecto de la naturaleza y el alcance de los recursos que emanan de la Carta, y de asistir a partes que se encuentren en circunstancias similares a las del recurrente.
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, http://www.fpane.ca/
La sentencia es importante porque defiende los recursos judiciales efectivos para la violación de la obligación de lograr la realización progresiva de los derechos sociales y económicos. La decisión previa del Tribunal de Apelaciones de cancelar la orden de supervisión fue citada por la Corte Constitucional de Sudáfrica como fundamento para limitar el uso de las órdenes de supervisión en Minister of Health v Treatment Action Campaign (No 2) 2002, por lo que los defensores de ese país desde entonces confían en que la Corte Suprema revierta la decisión para poder utilizar más ampliamente dichas órdenes.
