Malawi African Association and Others v. Mauritania, African Commission on Human and Peoples' Rights Comm. Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98 (2000). [ESP]

Cinco presentaciones conjuntas denunciaron la existencia de casos de esclavitud y prácticas similares en Mauritania y de discriminación racial institucionalizada perpetrada por la comunidad mauritana gobernante contra la comunidad negra más numerosa. Se denunció, entre otras cosas, que los mauritanos negros estaban siendo objeto de prácticas de esclavitud, desalojos periódicos o desplazamiento forzoso de sus tierras, que eran confiscadas por el gobierno junto con su ganado. También se denunció que a los mauritanos negros se les negaba el acceso al empleo y se los sometía a trabajos tediosos y no remunerados. La presentación también se refirió a las condiciones de detención de las personas que habían estado encarceladas por razones políticas y de otra índole. El presente resumen se concentra solamente en la opinión de la Comisión respecto de los derechos ESC.  

La Comisión concluyó que el estado general de salud de los presos se deterioraba debido a la falta de alimentos, frazadas e higiene adecuada. Dado que el Estado mauritano era directamente responsable de esta situación, se había violado el artículo 16 (derecho a disfrutar del mejor estado de salud física y mental alcanzable). También entendió que la confiscación y el saqueo de los bienes de los mauritanos negros, así como la expropiación o destrucción de sus tierras y viviendas antes de su destierro constituían una violación del derecho a la propiedad (artículo 14) y a la libertad de movimiento y residencia (artículo 12(1)). La Comisión también vio una violación del artículo 2 (la prohibición de discriminar en el gozo de los derechos consagrados en la Carta) y señaló que, conforme al artículo 23(3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se había violado el artículo 5 de la Carta debido a las prácticas análogas a la esclavitud. La Comisión concluyó que no contaba con pruebas suficientes para determinar si se había violado el derecho a participar de la vida cultural de la comunidad propia (artículo 17) en términos de que el gobierno hubiera negado a los grupos negros el derecho de hablar en sus propios idiomas.