Caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay
Denuncia por el incumplimiento del Estado a reconocer y garantizar los derechos de propiedad de la comunidad indígena sobre sus tierras ancestrales. Protección del territorio a través de la concreción del derecho a la propiedad colectiva de las tierras. Vulneración del derecho a la vida por privar a las comunidades de sus medios tradicionales de subsistencia. Obligación estatal de adoptar medidas positivas para cumplir con el estándar de vida digna. Tratamiento prioritario de grupos vulnerables.
La comunidad Sawhoyamaxa ha vivido históricamente en el Chaco paraguayo. En 1991, la comunidad inició ante el Estado un proceso reclamando las tierras al haberse visto obligada a abandonarlas. El 15 de mayo de 2001 Tierraviva, organización miembro de la Red-DESC, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de febrero de 2005. Desde las salidas de sus tierras y durante todo el proceso interno e internacional, la comunidad no tuvo acceso a servicios esenciales como agua, alimentos, servicios de salud o escuela culturalmente apropiada, y los miembros de la comunidad y la práctica de sus medios de vida tradicionales permanecían en peligro inminente. En marzo de 2006, la Corte encontró varias violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente a los artículos 8 y 25 (Derecho a protección judicial y a un juicio justo), artículo 21 (Derecho a la propiedad), artículo 4 (Derecho a la vida) y artículo 3 (Derecho al reconocimiento como persona ante la ley), todos ellos en relación con el artículo 1.1 (la obligación de respetar los derechos).
La corte ordenó al gobierno paraguayo la adopción de todas las medidas necesarias para devolver las tierras ancestrales a la comunidad en un plazo de tres años, crear un fondo de desarrollo para la comunidad con 1 millón de dólares administrado por un comité, y pagar una indemnización por daños morales, costos y gastos en el plazo de un año, entre otras. Además, una cantidad de 20,000 dólares debía ser pagada a las familias de las 19 personas que murieron como resultado del desplazamiento forzado de la comunidad. La corte también ordenó al gobierno entregar bienes y servicios básicos e implantar un sistema de comunicación de emergencia mientras la comunidad permanezca sin tierra. El gobierno también estaba obligado a dar a conocer la sentencia en su Gaceta nacional y a través de una transmisión de radio. (Caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay)
Palabras clave: Sawhoyamaxa, derechos indígenas, tierra.
La Corte advirtió a las autoridades paraguayas que sólo se cerraría el caso una vez que la resolución sea aplicada completamente. Mientras tanto, la corte vigilaría regularmente el cumplimiento de la sentencia por parte del gobierno. En 2008, después de oír a ambas partes, la Corte concluyó que hasta ahora se habían implementado pocas de sus directivas. Al mismo tiempo que se vivía un ambiente hostil, los bienes y servicios básicos que debían ser entregados por el Estado eran insuficientes y no eran entregados regularmente. La Corte instó al gobierno a actuar tan rápido como sea posible para garantizar los servicios básicos para la comunidad y restituirles sus tierras. Para enero de 2013, aún no se había llegado a ningún acuerdo entre las autoridades y la comunidad, sin embargo, las negociaciones habían comenzado. Las autoridades paraguayas ya habían pagado las indemnizaciones por los daños morales, pero los pagos se hicieron tarde. El gobierno puso en marcha un sistema de radio para comunicaciones de emergencia. También hizo la transmisión de radio pero no publicó la sentencia en su Gaceta.
En febrero de 2013, Dejusticia y un número de otras organizaciones miembros de la Red-DESC en América Latina decidieron que la Red-DESC debería centrar sus esfuerzos en la implementación del caso Sawhoyamaxa. En junio de 2013, la comunidad Sawhoyamaxa decidió reocupar sus tierras (http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=10336), fortaleciendo su posición política. Una visita a las tierras de Sawhoyamaxa se llevó a cabo por Tierraviva, Dejusticia (Colombia), el Sarayaku (Ecuador) y la secretaria de la Red-DESC en septiembre de 2013, resaltando la solidaridad internacional con el movimiento de los pueblos indígenas en la región del Chaco. En enero de 2014, la Red-DESC lanzó una acción urgente en apoyo al proceso de expropiación, en nombre de la comunidad Sawhoyamaxa (http://www.escr-net.org/node/365347). En abril y mayo de 2014, el Congreso aprobó el proyecto de expropiación, que fue firmado por el Presidente en junio de 2014.
Tierraviva (Paraguay) ha seguido de cerca la implementación de la sentencia, por medio de la realización de reuniones periódicas con la comunidad Sawhoyamaxa y con el Congreso paraguayo. Amnistía internacional (Paraguay) ha iniciado varias campañas.
Tierraviva, AI-Paraguay, Dejusticia y Red-DESC, entre otras
Este caso es muy similar al caso Yakye Axa sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005. En ambos juicios, la Corte ordenó la restitución de tierras ancestrales para una comunidad indígena y solicitó al estado proveer a la comunidad con bienes y servicios básicos en el ínterin. Sawhoyamaxa reafirma así el enfoque audaz de la Corte Interamericana ante reclamos indígenas sobre derechos de tierras. Posteriormente, en el 2010, otra comunidad indígena asentada en el Chaco paraguayo también obtuvo sentencia favorable, Xákmok Kásek, reafirmando la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
