Texas Department of Housing and Community Affairs c. The Inclusive Communities Project, 576 U.S. ___ (2015)
En este caso se presentó una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que decida si las demandas de impacto desproporcionado son justiciables (capaces de ser evaluadas y dictaminadas por un tribunal) bajo la Ley de Equidad de Vivienda (Fair Housing Act) respecto de viviendas económicas subsidiadas por el gobierno federal. El caso trata sobre el acceso a viviendas por parte de minorías en vecindarios con grandes oportunidades que ofrecen mejores servicios de salud, educación y empleo.
El caso fue iniciado en 2008, cuando Inclusive Communities Project (ICP), un grupo sin fines de lucro, demandó al Texas Department of Housing and Community Affairs (TDHCA, la autoridad de vivienda y asuntos comunitarios del estado de Texas) por un programa de créditos fiscales federales empleado por los gobiernos estatales y locales para construir viviendas económicas. ICP adujo que TDHCA perpetuaba la segregación violando la ley Fair Housing Act (FHA) al otorgar demasiados créditos fiscales a nuevos proyectos de construcción de viviendas en zonas urbanas centrales predominantemente habitadas por la población negra, por un lado, y demasiado pocos créditos fiscales en áreas suburbanas habitadas en su gran mayoría por blancos, por el otro. En la demanda se adujo que esto constituía un acto de discriminación basada en el impacto desproporcionado. Los casos de impacto desproporcionado se presentan cuando una política o práctica tiene efectos desproporcionados sobre una persona o personas de una clase protegida, lo cual, bajo la FHA, incluye una raza. Tras procedimientos en tribunales menores,TDHCA apeló ante la Corte Suprema para que decida si el Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelación del 5to. Distrito debieron haber permitido el reclamo de impacto desproporcionado bajo la FHA.
En una decisión mayoritaria y sobre la base de una amplia gama de factores, la Corte Suprema decidió que la FHA no solo previene la discriminación intencional en el mercado de viviendas, sino que también puede prohibir las políticas aparentemente neutras respecto de la raza que tienen el efecto de perjudicar en forma desproporcionada a minorías y otros grupos protegidos, incluso ante la ausencia de pruebas explícitas de parcialidad. La Corte concluyó que la responsabilidad por el impacto desproporcionado puede servir para "contrarrestar prejuicios inconscientes y animosidades ocultas que no son fáciles de clasificar como tratamiento desigual". En la sentencia, el juez Kennedy, hablando en nombre de la mayoría, ve el origen del problema de los modelos de segregación en el ámbito habitacional en la mitad del siglo XX, cuando diversas formas de discriminación racial en los planes de vivienda dejaron a las familias de minorías sin acceso a recursos y aislaron a las familias negras en el centro de las ciudades, lo que condujo a grandes disturbios sociales en la década de 1960. En última instancia, la FHA fue promulgada para resolver la falta de oportunidades de acceso a viviendas de las minorías. La sentencia reconoce que la FHA posee "el rol permanente de avanzar la Nación hacia una sociedad más integrada". Sin embargo, también advierte que no se pueden presentar reclamos de impacto desproporcionado cada vez que existen desigualdades estadísticas en el mercado habitacional. En tal contexto es necesario establecer que las políticas habitacionales causaron la desigualdad y que tales políticas no promueven otro objetivo válido.
La Corte Suprema le devolvió el caso al tribunal inferior para que se lleven a cabo otros procedimientos. Un resultado importante de este caso es que la Corte Suprema determinó que se pueden presentar reclamos de impacto desigual bajo la FHA, interpretación que actualmente es vinculante para todos los tribunales inferiores de los Estados Unidos.
Desde la adopción de la FHA, todos los tribunales de apelación habían interpretado que la ley prohibía las políticas que tienen un impacto discriminatorio, independientemente de su intención, pero la Corte Suprema no había opinado sobre el tema. Este caso es importante porque la Corte Suprema preservó este precedente ya bien establecido y reafirmó el "principio del impacto desproporcionado", una herramienta legal crítica para la lucha por las comunidades inclusivas, y la lucha contra la discriminación racial y la segregación en las viviendas que ha persistido en los Estados Unidos durante décadas. Existen estudios que revelan el impacto adverso de residir en vecindarios segregados racialmente, incluyendo niveles más bajos de salud, educación y desarrollo económico. Prácticas del mercado de viviendas que son aparentemente "ciegas al color" limitan el acceso de las minorías a viviendas en vecindarios que ofrecen escuelas públicas excelentes, un medio ambiente seguro y saludable, y un beneficio económico a través de la valorización de las propiedades. Es en este marco que se aprecia la importancia de esta decisión histórica de la Corte Suprema. La sentencia afectará a comunidades de todo el país. Un observador comentó que "lo que está pasando en Texas está pasando en todas las ciudades de los Estados Unidos. Están evadiendo la legislación sobre los derechos civiles al concentrar las viviendas económicas en zonas segregadas, lo cual perpetúa la segregación; esto es lo que el juez Kennedy dijo que no es posible hoy".
Aunque en este caso se ha afirmado un mecanismo importante para la defensa de los derechos a la vivienda, debemos reconocer que las demandas de impacto desigual constituyen una estrategia costosa y compleja para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, sigue siendo una estrategia válida. Resulta preocupante que la sentencia sugiere una limitación potencial del alcance del principio del impacto desigual. Su efecto solo se podrá apreciar con el paso del tiempo.
