حقوق الطفل

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Caselaw

The applicant is a body that represents over 150 member organizations that provide care for children living in the Western Cape who have severe and profound intellectual disabilities. In the Western Cape, the only available education for children who are severely and profoundly intellectually disabled occurs at "Special Care Centers" operated by non-governmental organizations. There are an insufficient number of such Special Care Centers and the children who are not able to obtain care at these centers receive no care at all.

Esta acción de clase fue iniciada en nombre de los niños de un distrito escolar con una tasa del impuesto a la propiedad relativamente baja y de los cuales el 98% eran niños de ascendencia mexicana. Los peticionantes cuestionaron el hecho de que el Estado de Texas se valga de los impuestos a la propiedad para financiar sus escuelas, lo que significaba que los alumnos de los distritos más pobres recibían solamente dos tercios de los fondos que recibían los alumnos de los distritos más ricos.

This was a class action brought on behalf of children residing in a school district with a comparatively low property tax base - 98% of whom were Mexican-American. The plaintiffs challenged the reliance of the State of Texas on local property taxes to finance schools, which meant that students in poorer districts received only two-thirds of the amount students received in the wealthier districts.

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.

The Colombian Constitutional Court has among its functions the review of tutela actions. The Court annually reviews a small proportion of the more than 300,000 tutela actions resolved by lower judges; 36% of which are related to the right to health according to data of the Colombian Ombudsman's Office for 2005. Decision T-760 of 2008 accumulated 22 of these cases. However, the Court did not limit itself to reviewing and resolving these individual cases.

Autism‑Europe adujo que la aplicación por parte de Francia de leyes relacionadas con la educación para personas con discapacidades era extremadamente insatisfactoria. La gran mayoría (80 a 90 por ciento) de los adultos jóvenes y niños autistas no tenía acceso a servicios educativos adecuados. En base a los índices actuales de ocupación de plazas en institutos de educación especial, Autism-Europe estimaba que se tardaría 100 años en eliminar el déficit de la lista de espera oficial, que entonces incluía a 39.514 personas (incluso más, teniendo en cuenta la definición de la OMS).

Varios menores representados por sus padres presentaron una demanda contra el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitando cancelar los contratos existentes en el país de licencias de explotación forestal y frenar la emisión de nuevas licencias. Se adujo que la deforestación y el daño ambiental resultantes violaban sus derechos constitucionales a una ecología equilibrada y saludable, y a la salud (artículos 16 y 15, parte II de la Constitución).

Los demandantes eran residentes permanentes de Sudáfrica. Cuestionaron disposiciones legislativas que limitaban los beneficios sociales para ancianos a los ciudadanos sudafricanos e impedían que los hijos de ciudadanos extranjeros que se encontraran en la misma situación que los demandantes pudieran reclamar los beneficios de guardería disponibles para los niños sudafricanos (independientemente de la ciudadanía que tuvieran los niños).

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.

Several non governmental organizations filed a protection action due to poor clinical and surgical treatment of children with congenital heart conditions treated at the J. M. de los Ríos Children's Hospital in Caracas. The action was based on the rights to life and to health enshrined in the Constitution, human rights treaties, and the Children and Adolescents Protection Law. Children had to wait for a long time to get surgery appointments. Some died while waiting and others who did get an appointment died for not being operated earlier.