حقوق الطفل

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Caselaw

International Commission of Jurists (ICJ) denunció que gran cantidad de niños de Portugal (según se estimó, 200.000 niños) trabajaban en malas condiciones que afectaban su salud y que Portugal violaba el artículo 7(1) de la Carta Social Europea (CSE) al no supervisar correctamente el trabajo de menores. El gobierno cuestionó las estadísticas de IJC, sosteniendo que como máximo trabajaban 27.000 niños y solamente 2.500 eran empleados pagos en contravención de la Carta.

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) received a petition in favor of Dilcia Yean and Violeta Bosica against the Dominican Republic for denying them the Dominican nationality although they were born there. The petitioners claimed that, since their nationality was not acknowledged, the girls were exposed to the imminent threat of being expelled from the country and, lacking an identity document, could not attend school.

Una comunidad de ocupantes ilegales que había sido desalojada de un asentamiento informal de Wallacedene había construido viviendas precarias de plástico y otros materiales en un centro de deportes vecino al centro comunal de Wallacedene. No tenían ni servicios básicos ni electricidad. Iniciaron una acción legal conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una vivienda) de la Constitución de Sudáfrica demandando una respuesta de varios niveles gubernamentales.

Sudáfrica padece una epidemia de VIH/SIDA en la que más de 6 millones de personas están infectadas. En el año 2000, con 80.000 infecciones de recién nacidos por año, la droga anti-retroviral Nevirapin ofrecía la posibilidad de prevenir la infección de 30 a 40 mil niños al año. Aunque el gobierno la recibió gratis durante cinco años, anunció que introduciría el tratamiento contra la transmisión intrauterina únicamente en algunos lugares piloto y que postergaría el inicio del tratamiento durante un año, lo que equivalía a negarles el tratamiento a la mayoría de las madres.

Neuquén Province's Official Defender of Minors filed an amparo action to protect the health of children and youth in the indigenous Mapuche community of Paynemil, because they had been exposed to water contaminated with lead and mercury. The applicant requested that the State be ordered to provide enough drinking water to ensure the survival of the affected community, to conduct the diagnosis and treatment of affected minors, and to adopt adequate measures to prevent future soil and water contamination.

Neuquén Province's Official Defender of Minors filed a complaint with the IACHD alleging violation of children's right to the protection required by their status as minors, as well as of rights to health, a healthy environment, land ownership and effective remedy. The Official Defender had filed an amparo action to protect the health of children and youth in the Paynemil Mapuche community exposed to consumption of water contaminated with lead and mercury.

El caso Bhe se refiere a tres causas relacionadas (Bhe, SAHRC y Shibi) para las que se dictó una sentencia común. En la primera causa, el padre de los demandantes, Nonkuleleko y Anelisa Bhe (de 9 y 2 años de edad), había fallecido y la madre (la tercera demandante) inició un juicio para asegurar que la propiedad del difunto pasara a sus hijas. Conforme al principio de primogenitura del derecho consuetudinario africano, así como al artículo 23 de la Black Administration Act, la vivienda debía pasar a manos del pariente varón de mayor edad del padre, en este caso, el abuelo.

The Prosecutor's Office initiated a public civil action against the State of Rio Grande do Sul, Brazil, seeking to achieve enforcement of the Children and Adolescents Law (domestic law), including the creation and maintenance of confinement and partial release programs for young offenders.  The Regional Courts for Young Offenders had to order socio-educational confinement measures to be implemented in Porto Alegre, because this was the only city where such facilities were available.  This situation prevented children and adolescents from exercising their right to be confined at the same or

Varias organizaciones no gubernamentales presentaron una acción de protección por el deficiente tratamiento terapéutico y quirúrgico de los niños/as con cardiopatías congénitas, pacientes del Hospital de Niños J. M. de los Ríos de Caracas. Fundaron la acción en los derechos a la vida y a la salud previstos en la Constitución, en tratados de derechos humanos y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Los niños eran sometidos a largas esperas para acceder al cupo quirúrgico.

El Ministerio Público inició una acción civil pública contra el Estado de Río Grande do Sul con la finalidad de hacer efectiva la normativa del Estatuto del Niño y el Adolescente (ley interna). Solicitó, entonces, que se creasen e instalasen programas de internación y semilibertad para adolescentes infractores de la ley penal. Los Juzgados Regionales de Infancia y Juventud debían ordenar medidas socio-educativas privativas de libertad a ejecutarse en Porto Alegre ya que sólo en esa ciudad se encontraban disponibles entidades para acoger a los adolescentes.