الشؤون الجنسانية

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Caselaw

Patricia Mansilla Martínez, diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 56, 58, 245, 250, 254, 258, 263, 264, 265, 266, 269, 315 y 327 del Código Penal por ser discriminatorios contra la mujer. La Corte no consideró la constitucionalidad de los artículos 254, 315 o 317, debido a que ya no están vigentes. 

La petición en esta Demanda de Interés Público (PIL) citaba información de los estados de Uttar Pradesh, Bihar y Maharashtra acerca de prácticas gubernamentales sobre esterilización femenina que carecían de la debida consejería o consentimiento informado, y de cuidado pre y post operatorio, e incluían condiciones quirúrgicas antihigiénicas y sin uso de anestesia, esterilización de menores, coerción y crueldad.

The petition in this public interest litigation (PIL) case cited data from the States of Uttar Pradesh, Bihar, and Maharashtra, regarding government practices regarding female sterilization, which lacked counseling or informed consent, lacked pre- and post-operative care, and included unhygienic and un-anesthetized operating conditions, sterilization of minors, coercion and cruelty.  The PIL requested the Court to direct the state governments to comply with the Ministry of Health and Welfare’s Guidelines on Standards of Female Sterilization, enacted in October 1999 (“the Guidelines”).

Born on 4 May 1987, LMR is a young woman living with her mother, VDA in Argentina. She has a mental impairment and has a mental age between 8 and 10 years old.. During a hospital visit she was found to be pregnant. Under section 82.6 of the Argentinean Criminal Code abortion is legal where the pregnancy is the result of the rape of a mentally impaired woman. LMR filed a police complaint and scheduled an abortion. Her abortion was prevented by an injunction against the hospital. LMR appealed unsuccessfully to the Civil Court.

LMR es una joven que nació 4 de mayo de 1987, viven con su madre, VDA,  en Argentina. LMR tiene una edad mental entre 8 y 10 años. Durante un control en el hospital se diagnosticó que estaba embarazada. Según la sección 82.6 del Código Penal Argentino el aborto es legal cuando el embarazo es resultado de una violación de una mujer con discapacidad mental. LMR presentó una denuncia policial y programó un aborto. Su aborto fue impedido por una orden judicial contra el hospital. LMR apeló infructuosamente a la Cámara Civil.

El caso fue presentado por Human Rights Law Network (HRLN) ante la Corte Constitucional debido a que no se cumplía una sentencia previa que establecía directrices contra el acoso sexual en el lugar de trabajo en la India: Vishaka c./ State of Rajasthan (6SCC 241, 1997). En su decisión de 2012, la Corte Suprema de la India repitió las directrices Vishaka que había emitido en 1997, destacando que se debían tomar

The case was presented by the Human Rights Law Network (HRLN) to the Constitutional Court in light of the non-enforcement of a previous decision that established guidelines against sexual harassment at the work place in India: Vishaka vs.

El empleador de R.K.B. la acusó de tener relaciones sexuales con un compañero de trabajo y la despidió, pero no despidió al compañero involucrado, amenazándola con “difundir rumores sobre sus relaciones con otros hombres” para presionarla y  que firmara un documento en el que afirmaba que le habían pagado todos los beneficios en el momento del despido. R.K.B.

R.K.B.’s employer accused her of having an affair with a male colleague and dismissed her from the position but did not dismiss the male colleague, and threatened to “spread rumours about her relationships with other men” to pressure her to sign a document, attesting that she had been paid all her benefits upon termination. R.K.B. presented a claim to the Committee, alleging that her employer, a hairdressing salon, had unfairly terminated her contract of employment based on gender stereotypes.

La petición fue presentada por abogados de la organización nepalesa Pro Public a fin de proteger los derechos internacionales y constitucionales de miles de mujeres que trabajan en los llamados "cabin and dance restaurants" y salones de masajes. Estos establecimientos han crecido durante los últimos diez años y ahora  se encuentran en todas las zonas urbanas de Nepal. s Más del 80% de sus empleados son mujeres.