حقوق السكن

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Caselaw

المحكمة العليا في سوازيلند تُعزز حقوق المرأة في الملكية

باشرت ماري جويس دو أفان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، الاجراءات القانونية أمام المحكمة العليا في سوازيلند (المحكمة العليا) ضد أمين السجل العقاري، ووزير العدل والشؤون الدستورية والنائب العام، بحجة أن المادة 16(3) من قانون سجل صكوك الملكية لعام 1968 (القانون) تنتهك حقها الدستوري في المساواة لأنها تمنع النساء المتزوجات على أساس الملكية المشتركة[1] من تسجيل الممتلكات غير المنقولة والسندات وغير ذلك من الحقوق العقارية باسمائهن أو على نحو مشتر

La Corte Suprema de Suazilandia promueve los derechos de las mujeres a la propiedad

Mary-Joyce Doo Aphane, una activista de los derechos de la mujer, inició acciones legales en el Alto Tribunal de Suazilandia (Alto Tribunal) contra el Registro de Títulos, el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, y el Procurador General, argumentando que el artículo 16(3) de la Ley del Registro de Títulos de 1968 (la Ley) violaba su derecho constitucional a la igualdad al prohibir a las mujeres casadas en régimen de comunidad de bienes

Swaziland High Court advances women's property rights

Nombuyiselo Sihlongonyane and Mholi Joseph were married under civil rites and in community of property.[1] In January 2013, on the basis of her husband’s infidelity and mismanagement of their estate, Sihlongonyane applied to the High Court of Swaziland (High Court) to have her husband removed as the administrator of their joint property.

Swaziland Supreme Court advances women's property rights

Mary-Joyce Doo Aphane, a woman’s rights activist, commenced legal proceedings in the High Court of Swaziland (High Court) against the Registrar of Deeds, the Minister of Justice and Constitutional Affairs, and the Attorney General, arguing that Section 16(3) of the Deeds Registry Act, 1968 (Act) violated her constitutional right to equality because it forbids women married in community of property[1] to register immov

In this case, a landlord applied for the High Court to set aside a decision by the Gauteng Rental Housing Tribunal (“Tribunal”). Eighty rental tenants had brought a complaint to the Tribunal based on their landlord’s charge of about R385 per month per tenant for electricity in addition to the costs they paid for their individual consumption. The tenants discovered that the utility service provider, City Power, charged the landlord about R337,50 per month for the whole building. This meant that their landlord was generating a significant profit from the service charge.

Los apelantes ocupan edificios en muy mal estado ubicados sobre tierras que pertenecen a la municipalidad local de Rustenburg. Desde 2004 la municipalidad tiene planes para desarrollar las tierras. La municipalidad se reunió con los residentes varias veces para discutir el plan de desarrollo y para obtener su consentimiento, pero no logró tal consenso. Los residentes se negaron a abandonar sus hogares y a aceptar viviendas alternativas.

Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó).

Este caso se refiere a un reclamo de indemnización presentado por una mujer con discapacidades graves, la Sra. Bernard, y su marido (quien era la única persona que se ocupaba de cuidarla), según el cual el Departamento de Vivienda local no les había proporcionado una vivienda adecuada a su discapacidad. Dicha omisión, según se aducía, constituía una violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH).

Este caso se refiere a una apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía el desalojo de unas 170 familias de las tierras que habían ocupado como consecuencia de que un asentamiento informal había traspasado el límite de tierras privadas. El Alto Tribunal ordenó permitir el desalojo de las familias de la propiedad. Las familias apelaron la orden aduciendo que violaba el artículo 4(6) de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro.

Los solicitantes, ocupantes del asentamiento informal Harry Gwala, buscaban el suministro de ciertos servicios básicos provisionales en su asentamiento mientras estaba pendiente una decisión acerca de si el asentamiento sería mejorado en el mismo lugar o desplazado a un conjunto de viviendas formales (en cuyo caso los servicios serían suministrados en forma permanente).