India

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Caselaw

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales

This case was brought on behalf of Shanti Devi, a women living in poverty from a Scheduled Caste, after she died as the result of being refused adequate maternal healthcare despite the fact that she qualified for the free services under existing state-sponsored schemes. In 2008, Shanti Devi was forced to carry a dead fetus in her womb for five days after being denied medical treatment at several hospitals because her husband was unable to show a valid ration card for medical services, despite being qualified for one as they lived below the poverty line.

Naz Foundation India, una organización no gubernamental comprometida con el tratamiento y prevención del VIH/SIDA, presentó una demanda de interés público ante el Tribunal Superior de Nueva Delhi cuestionando la constitucionalidad del art. 377 del Código Penal de la India, el cual declara ilegal todo acto sexual "antinatural", definido como todo aquel diferente de la relación sexual heterosexual. El Tribunal Superior desestimó la presentación original de 2004 por falta de hechos o antecedentes que justificaran la acción judicial.

The Naz Foundation India, a non-governmental organization committed to HIV/AIDS intervention and prevention, filed a public interest litigation in the Delhi High Court challenging the constitutionality of Section 377 of the India Penal Code, which makes it illegal to engage in any "unnatural" sexual act, defined as sex other than heterosexual intercourse. The Delhi High Court dismissed the original writ of petition in 2004 for lack of a cause of action.

This petition was brought to challenge the constitutionality of imposing a "capitation fee" (a fee based on the number of persons to whom a service is provided, rather than the actual cost of providing a service) on those people who wanted to enter a private medical school and were not admitted to the "government seats". These seats are reserved by the Government of India for members of communities that are explicitly recognized by the Indian Constitution as requiring support to overcome historic discrimination, or other groups designated by the government.

The state of Punjab enacted a law to prevent rickshaw pullers from being exploited by middlemen. It created a program whereby rickshaw pullers would be given an interest-free loan to buy their own rickshaws, and the state issued licenses to the owners to make sure the law was enforced.  Only the owners could pull the newly purchased rickshaws, and licenses would not be issued or would be revoked if the state learned that someone else was pulling the rickshaw.

Este caso surgió de una presentación de varias instituciones privadas de educación profesional en la que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes que regulaban los cargos de capitación de dichas instituciones.   La Corte Suprema sostuvo que el derecho a la educación básica está implícito en el derecho fundamental a la vida (artículo 21) cuando se lo interpreta junto con el Principio Directivo sobre la educación (art. 41).
Conforme a los artículos 20 y 21 de la Urban Land Ceiling and Regulation Act (Ley de Terrenos Urbanos (Tope y Reglamentación)) de 1976, el gobierno estatal puede otorgar excepciones al tope cuando los terrenos se utilicen para construir viviendas para alojar a los ‘segmentos más débiles de la sociedad'. Se adujo que los constructores no habían cumplido con esta condición. Aunque entendió que la demanda se había vuelto infructuosa, el Alto Tribunal de Bombay ordenó varias medidas relacionadas con el monitoreo futuro del plan dispuesto por el artículo 20.  

El peticionante sufrió heridas graves al caerse de un tren. Se le negó la asistencia médica en seis hospitales estatales debido a falta de infraestructura médica adecuada o de camas libres.   La Corte señaló que el derecho a la vida consagrado en la Constitución de la India (artículo 21) le impone al Estado la obligación de preservar el derecho a la vida de todas las personas y de considerar dicha preservación como de suma importancia. Esta obligación es independiente de las limitaciones de recursos financieros que puedan existir.

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.