Trabajo Colectivo

Entre el 13 y el 29 de marzo de 2022 se celebraron en Ginebra las reuniones entre sesiones previas a la COP15, una importante cumbre de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica. En vísperas de estas conversaciones preparatorias entre los Estados, los miembros de la Red-DESC enviaron una carta colectiva en la que pedían a todas las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que adoptaran un enfoque basado en los derechos humanos en general y, en particular, que reconocieran, respetaran, protegieran y promovieran el derecho general a la autodeterminación, incluido el consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la tierra y los derechos de tenencia en el marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020, que se está negociando actualmente y que probablemente se adoptará en la COP15. Además, pide a los gobiernos que adopten un “indicador de la tenencia de la tierra” y subraya la importancia de reforzar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

La capacidad de los gobiernos para brindar servicios públicos básicos y garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales se ha visto cada vez más obstaculizada por el endeudamiento; dejándolos virtualmente incapaces de responder a las grandes crisis. Los países poderosos, que controlan a las instituciones financieras internacionales como el FMI, pueden permitir que estas economías respondan de manera significativa; sólo necesitan la voluntad para dejarlas.

Durante siglos, y debido a legados coloniales de desigualdad, los gobiernos del Sur Global han estado en deuda con actores poderosos. En 1825, Francia obligó a la recién independizada Haití a pagar entre 20 y 30 mil millones de dólares estadounidenses actuales como compensación a los propietarios de esclavos franceses que habían sido derrocados menos de dos décadas antes. Le tomó al país 122 años en pagar esa deuda paralizante, dejando a lo que solía ser la colonia más lucrativa del mundo incapacitada de desarrollar una infraestructura básica en salud y educación. Haití nunca logró salir de esa espiral de endeudamiento: en el 2019 gastó más del triple en pagar sus deudas que en servicios sociales (disponible en inglés)

La crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto por qué es urgente un pacto social sobre los cuidados para acabar con las desigualdades estructurales y la creciente feminización de pobreza en Latinoamérica, que en 2021 la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) estimó que afectaría a 118 millones de mujeres, 23 millones más que en 2019.

Esta crisis de salud, económica y social sin precedentes podría haber sido una oportunidad para por fin reconocer el cuidado como la piedra angular de nuestras sociedades. Desde los inicios de la pandemia, el trabajo invisible de millones de mujeres suplió en gran parte las carencias de sistemas públicos frágiles y deficitarios por causa de la creciente privatización y mercantilización del sector público. Así, cada día aplaudimos a los millones de profesionales de la salud, que en un 73% son trabajadoras que se exponían al virus sin equipo de protección adecuado y en sistemas sanitarios sin recursos tras décadas de falta de inversión pública; sentimos gratitud hacia las que ponían en riesgo su salud y la de sus familias para seguir cuidando a nuestros familiares dependientes; ante el cierre de las escuelas, las que compatibilizaron dobles y triples jornadas con el cuidado de sus hijos, y muchas también de sus nietos y sobrinos.

Las organizaciones abajo firmantes condenamos enérgicamente los recientes asesinatos, en un lapso de tres días, de los defensores de los derechos humanos Ayanda Ngila, en el asentamiento eKhenana, y Siyabonga Manqele, en el asentamiento eNkanini, en Cato Manor, en Durban, Sudáfrica. Ambos eran miembros del movimiento Abahlali baseMjondolo, que promueve los derechos de los habitantes de chabolas en los asentamientos informales de Sudáfrica.