Trabajadores indocumentados c. Estados Unidos de América, CIDH, Informe Nro. 50/16, Caso 12.834, Informe de Fondo (Publicación)

Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde sufrieron lesiones en su lugar de trabajo mientras trabajaban sin contar con una autorización de trabajo en los Estados Unidos. Ambos sufrieron lesiones físicas de largo plazo y se les negó acceso a compensación solo debido a su situación inmigratoria. El Sr. Zumaya presentó una demanda por compensación laboral, pero debió aceptar una porción de lo que hubiera recibido si hubiera sido ciudadano o residente permanente legal de los EEUU. El Sr. Lizalde fue arrestado y deportado a México (aparentemente como consecuencia directa de su demanda por compensación laboral) y, por ello, no pudo avanzar con ella.

Se presentó una petición en nombre de ambos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión), aduciendo violaciones de varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la Declaración Americana). En particular, se sostuvo que la discriminación basada en la situación inmigratoria se originaba en la decisión de la Corte Suprema de EEUU Hoffman Plastic Compounds, Inc. c. NLRB, 535 U.S. 137 (2002), que había afirmado que los trabajadores indocumentados despedidos por sus actividades sindicales no podían recibir pagos retroactivos como reparación y que el caso Hoffman había sido interpretado erróneamente por tribunales de nivel estatal de Estados Unidos para negar protecciones a trabajadores indocumentados en otros contextos, incluyendo acceso a compensación por accidentes, libertad de discriminación y responsabilidad del empleador por lesiones en el lugar de trabajo, con la consecuencia posterior de que los trabajadores indocumentados eran intimidados para desalentarlos de usar el sistema judicial.

La Comisión sostuvo que los EEUU violaban los derechos consagrados en los artículos II (igualdad frente a la ley) y XVI (seguridad social) de ambos hombres. Asimismo, concluyó que se violaban los artículos XVII (reconocimiento de personalidad jurídica y derechos civiles) y XVIII (juicio justo) del Sr. Lizalde. Respecto del artículo II, examinó el significado de “discriminación” conforme a documentos de derechos humanos como la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-18, en la que se refiere a los Derechos Jurídicos de los Trabajadores Indocumentados. Aunque reconoce que los Estados no están obligados a proporcionar acceso a empleo a personas indocumentadas, la Comisión consideró obligatorio que, una vez que se ha iniciado una relación laboral, se apliquen las protecciones legales otorgadas a los trabadores independientemente de si cuentan o no con documentos. La Comisión señaló la existencia de precedentes en varios estados de los Estados Unidos que apoyan la distinción entre trabajadores documentados e indocumentados en términos de reparaciones a las que tienen derecho los trabajadores por lo menos en forma parcial debido a Hoffman. En este marco, la Comisión concluyó que los Estados Unidos no proporcionaban igualdad de protección a todos los trabajadores.

 Al referirse al derecho a la seguridad social, la Comisión señaló que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (la Carta de la OEA) y otras fuentes del derecho internacional requieren de sistemas que incluyan ingresos y compensación de las lesiones sufridas en el lugar de trabajo mientras un trabajador no puede mantenerse a sí mismo. La Comisión consideró que los programas de compensación laboral existentes en los EEUU se encuentran dentro del ámbito de la ‘seguridad social’, dado que buscan proteger a los trabajadores en periodos de vulnerabilidad, pero ninguno de los peticionantes había podido acceder a los beneficios plenos de tales programas.

Asimismo, la Comisión concluyó que los Estados Unidos violaban los artículos XVII y XVIII de la Declaración Americana respecto del Sr. Lizalde, debido al enjuiciamiento, detención y posterior deportación iniciados como aparente reacción a su demanda de compensación laboral. La Comisión consideró el derecho al trabajo como uno de los “derechos civiles” consagrados bajo el artículo XVII y sostuvo que la omisión de proporcionar reparaciones adecuadas ante violaciones de condiciones laborales deja a los trabajadores sin las “condiciones adecuadas” que se les debe proporcionar conforme a la Carta de la OEA y sin el reconocimiento de las lesiones sufridas conforme al derecho vigente. El artículo XVIII garantiza el acceso igualitario a los tribunales cuando se violan derechos fundamentales. Aunque los Estados deben proporcionar un marco legal efectivo y accesible para proteger los derechos de los trabajadores, ninguno de los peticionantes había tenido acceso a una audiencia plena y justa. La Comisión concluyó que los obstáculos experimentados por los trabajadores indocumentados en los Estados Unidos cuando intentan reclamar sus derechos permiten que sean explotados y discriminados con escasa protección. La Comisión observó que una demanda de compensación laboral no era razón suficiente para suspender una deportación, lo que reducía la probabilidad de que las reclamaciones de trabajadores indocumentados fueran examinadas adecuadamente.

La Comisión recomendó a los EEUU: proporcionar compensación monetaria; asegurar que todas las leyes y políticas federales y estatales, en forma nominal y en la práctica, prohíban todo tipo de distinción en el empleo y los derechos laborales basada en la situación inmigratoria y la autorización de trabajo, una vez que una persona ha comenzado a trabajar como empleado; prohibir las consultas de empleadores sobre la situación inmigratoria de un trabajador que defienda su empleo y derechos laborales mediante la litigación o reclamaciones administrativas; asegurar que a los trabajadores indocumentados se les otorguen los mismos derechos y reparaciones ante violaciones de sus derechos en el lugar de trabajo que a los trabajadores documentados; establecer un procedimiento por el que los trabajadores indocumentados que participen de procedimientos de compensación laboral, o sus representantes, puedan solicitar la suspensión de sus deportaciones hasta la resolución de los procedimientos y que los trabajadores reciban el tratamiento médico apropiado ordenado por los tribunales a cargo; mejorar y ampliar los mecanismos de detección de empleadores que violen los derechos laborales y exploten a trabajadores indocumentados, y de imposición de sanciones adecuadas contra dichos empleadores.