Summary
La cuestión objeto de este caso eran las restricciones derivadas del derecho consuetudinario inglés sobre la participación de organizaciones benéficas en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas dirigidas a promover sus fines benéficos. En el Canadá esas restricciones se habían incorporado a la Ley del impuesto sobre la renta (ITA) del Canadá, en la que se establecía que las organizaciones benéficas registradas sólo podían participar en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas si esas actividades eran "accesorias e incidentales" a sus actividades benéficas, constituyendo éstas "sustancialmente todos" los recursos de la organización. Sobre la base de la jurisprudencia, la Agencia Tributaria del Canadá (CRA) interpretó que esto significaba que una organización de beneficencia no podía dedicar más de aproximadamente el 10% de sus recursos a ninguna actividad que comunicara explícitamente al público que una ley, política o decisión de cualquier nivel de gobierno del Canadá o de un país extranjero debía mantenerse, oponerse o modificarse.
En 2012 el gobierno conservador mayoritario del Canadá expresó su preocupación por el hecho de que organizaciones ambientales y de derechos humanos "radicales" registradas como organizaciones benéficas estuvieran utilizando las donaciones caritativas para abogar en contra de las políticas gubernamentales. El Gobierno asignó $5 millones de financiación adicional a la Agencia Tributaria del Canadá (CRA) para auditar las organizaciones de beneficencia sospechadas de exceder el límite de la promoción de políticas públicas. La organización Canada Without Poverty (CWP), cuyo objetivo era erradicar la pobreza mediante la participación civil de personas de bajos ingresos para impulsar el cambio de políticas, figuraba entre las docenas de organizaciones benéficas de derechos humanos, ambientales y de justicia social sometidas a auditoría, y la CRA anunció su intención de revocar la condición de organización benéfica de CWP. Como señaló el Tribunal en su decisión, el propósito caritativo de CWP es aliviar la pobreza, pero a diferencia de las organizaciones de beneficencia tradicionales que podrían proporcionar alimentos a los pobres, CWP tiene por objeto aliviar la pobreza "compartiendo con sus destinatarios ideas en lugar de nutrición".
CWP impugnó las restricciones a su promoción de políticas públicas para la erradicación de la pobreza como una violación de la libertad de expresión en virtud del apartado b) del artículo 2 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá (Carta). CWP sostuvo que su propósito benéfico de aliviar la pobreza en el Canadá requiere cambios en la legislación y las políticas y que fracasaría sin la capacidad de alentar a las personas que viven en la pobreza a participar en la promoción de políticas públicas. El Gobierno replicó que la condición de entidad benéfica actúa efectivamente como un subsidio y que, si bien CWP tiene derecho a la libre expresión, no existe un derecho positivo a la expresión subvencionada.
El Tribunal determinó que la interpretación y aplicación de la ITA por parte de la CRA restringía prácticamente toda la comunicación pública de CWP en relación con la reforma de la legislación y las políticas con su finalidad benéfica de alivio de la pobreza. Señaló que el enfoque de CWP respecto al alivio de la pobreza contaba con el apoyo de autoridades internacionales, como la Declaración de Copenhague, que reconocían que la pobreza "también se caracteriza por la falta de participación en la adopción de decisiones y en la vida civil, social y cultural". El Tribunal también se basó en un informe del panel de consulta del Ministro de Hacienda, en el que se llegaba a la conclusión de que las restricciones políticas impuestas a las organizaciones benéficas eran anticuadas e indebidamente restrictivas y debían ser revocadas.
En última instancia, el Tribunal falló a favor de CWP. Determinó que se había infringido la libertad de expresión de CWP porque la ITA y la interpretación de la misma por parte de la CRA imponía una carga para acceder a una plataforma de expresión proporcionada por el Estado (por ejemplo, la condición de organización benéfica), y que el Gobierno no había establecido un objetivo legítimo y sustancial en el que se basara la restricción. El Tribunal ordenó que se eliminara esa restricción y que la expresión "actividades de beneficencia" en la ITA se interpretara en el sentido de que incluía las actividades políticas no partidistas que promueven el objetivo de beneficencia de una organización.
