Características de la Captura Corporativa

La captura corporativa se refiere a los medios por los cuales una élite económica socava la realización de los derechos humanos y medioambientales mediante el ejercicio de una influencia indebida sobre las instituciones y los responsables de tomar decisiones en el ámbito nacional e internacional. Los elementos de la captura corporativa identificados por la investigación para este proyecto hasta ahora son:

Manipulación de la comunidad

La manipulación de la comunidad se refiere a cómo las empresas socavan los procesos de toma de decisiones relacionadas a un proyecto de inversión. Las estrategias que emplean implican el uso de incentivos financieros o de otro tipo para incitar a los líderes de la comunidad a respaldar proyectos corporativos que minan los intereses y las decisiones de la comunidad en general. A veces estas estrategias implican el uso de alcohol, las ofertas de empleo, las recompensas financieras y/o la intimidación para garantizar la aprobación de los líderes.

Caso práctico: Addax Bioenergy en Sierra Leona

Diplomacia económica

La dimensión de la diplomacia económica de la captura corporativa se refiere al apoyo de misiones diplomáticas que promueven los intereses de las empresas de sus países que operan en el extranjero en casos en los que estas acciones son a expensas de los derechos humanos de la población local. En su peor forma, las misiones diplomáticas han defendido actividades cuestionables y han brindado apoyo a “sus” empresas cuando se ven implicadas en graves violaciones de derechos humanos en países extranjeros.

Caso práctico: Blackfire en México

Interferencia en el sistema judicial

La interferencia en el sistema judicial consiste en la influencia que las empresas ejercen sobre las actuaciones y las resoluciones de los tribunales que ofrecen resultados favorables para las compañías y socavan el debido proceso y los esfuerzos para acceder a la reparación y la rendición de cuentas. La interferencia judicial se ha visto facilitada en reuniones patrocinadas por empresas para funcionarios judiciales y, en otras ocasiones, cuando las empresas han ejercido una influencia en sus lugares de origen para intervenir en casos legales que involucran violaciones de derechos humanos para argumentar a favor de los intereses de los acusados corporativos.

Casos prácticos: Rio Tinto y Shell en el Reino Unido; Febraban, Petrobras, la Unión Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes, Souza Cruz, Electrobras y Etco, en Brasil.

Interferencia política y legislativa

La interferencia legislativa y política se refiere a la presión ejercida sobre las legislaturas y los responsables políticos por las empresas y sus representantes para proporcionar mejores oportunidades de negocios, o eliminar/debilitar la regulación de las actividades corporativas, que en última instancia socavan la protección de los derechos humanos. Entre otras formas de injerencia, estas actividades incluyen a menudo las contribuciones a campañas y otras donaciones a funcionarios electos a cambio de proyectos de ley o votos favorables para los intereses de las empresas durante los procesos parlamentarios.

Casos prácticos: Sector financieros en EE.UU.; la industria de sucedáneos de la leche materna en Filipinas; BHP en Papúa Nueva Guinea

Privatización de los servicios de seguridad pública

Privatizar el uso de los servicios de seguridad pública implica el pago de un salario u otros incentivos por parte de las empresas a la policía, el ejército u otros servicios de seguridad pública para que actúen en su interés en lugar de las comunidades locales. Las actividades que estos servicios de seguridad pública proveen a menudo a las empresas consisten en enfrentarse a manifestantes, recopilar información sobre comunidades locales e intimidar a los detractores de proyectos corporativos.

Caso práctico: Proyecto de minería Newmont en Perú

Puerta giratoria

La “puerta giratoria” como componente de la captura corporativa se refiere al movimiento de los empleados del sector corporativo a puestos de reguladores públicos y otras agencias, y viceversa, mientras que en el proceso socavan la imparcialidad de las agencias estatales, facilitan una regulación y política favorable a las empresas, relajan la aplicación de las regulaciones existentes y consiguen contratos favorables con esas agencias estatales.

Caso práctico: La agroindustria en Colombia; el sector financiero en EE.UU.