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CELS, en colaboración con CESR y COC, ha presentado una declaración sobre el conflicto entre Argentina y los fondos buitre, llamando la atención sobre cómo este problema podría tener un impacto sobre los derechos humanos

CELS, en colaboración con CESR y COC, ha hecho una declaración pública en relación al conflicto entre el gobierno de Argentina y los fondos buitre, que implica también al poder judicial de los Estados Unidos, llamando la atención sobre cómo este problema podría tener un impacto sobre los derechos humanos

LMR es una joven que nació 4 de mayo de 1987, viven con su madre, VDA,  en Argentina. LMR tiene una edad mental entre 8 y 10 años. Durante un control en el hospital se diagnosticó que estaba embarazada. Según la sección 82.6 del Código Penal Argentino el aborto es legal cuando el embarazo es resultado de una violación de una mujer con discapacidad mental. LMR presentó una denuncia policial y programó un aborto. Su aborto fue impedido por una orden judicial contra el hospital. LMR apeló infructuosamente a la Cámara Civil.

La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro Noruego de Derecho Humanos (NCHR) organizaron el primer Taller Estratégico Latinoamericano sobre la Aplicación de Sentencias sobre DESC en Bogotá (Colombia) el 7 y 8 de febrero de 2013, convocando a un grupo de 20 abogados y activistas de toda la región. El Taller contó con el apoyo de la Fundación Ford y de la Universidad de los Andes.

En febrero de 1990, el Poder Ejecutivo Nacional, encargó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el diseño y ejecución de un programa de seguridad alimentaria destinado para apoyar la producción de pequeñas huertas familiares para satisfacer las necesidades de consumo de familias pobres. El 3 de agosto de 1990, el Consejo Directivo del INTA emitió la Resolución 239 que aprueba el Programa Pro-Huerta.

En julio de 2004 un grupo de vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo interpusieron demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas para obtener indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la Cuenca, cese de la contaminación y recomposición del medio ambiente.

El Seminario Derechos Sociales y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio Gioja" y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús lo invitan a la presentación del libro "La medición de derechos en las políticas sociales" compilado por Laura Pautassi, investigadora Gioja-CONICET y Victor Ambrambovich, Director del Centro de Derechos Humanos del MERCOSUR. La misma se realizara el martes 26 de octubre a las 18 hs. en el IDES- Instituto de Desarrollo Económico y Social, Araoz 2838.

El caso fue llevado a la justicia en el mes de marzo de 2003 para que se obligara a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a otorgar la pensión por invalidez a Daniela Reyes Aguilera, una niña de nacionalidad boliviana con una discapacidad que le impide la movilidad de sus miembros, comunicarse verbalmente, y alimentarse por cuenta propia.

 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Red para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) tenian el panel de discusión cerca de el uso indiscriminado de los agrotóxicos y su impacto en la salud y el ambiente en Latinoamérica en miércoles 13 de mayo .

País: 
Argentina
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Litigio Estratégico
Política Económica
Monitoreo
PF-PIDESC