Argentina

Solapas principales

Con fecha 12 de febrero de 2007, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha acogido favorablemente la presentación realizada por el CELS (organización miembro de la Red-DESC), junto a ACIJ, la Unión de Usuarios y Consumidores, Consumidores Libres y CIEL en el caso iniciado por Suez, AGBAR y Vivendi contra la Argentina, en la que se ha solicitado participar en calidad de amici curiae. Esta es la primera vez que el CIADI acepta la presentacion de amici curiae por parte de organizaciones de la sociedad civil.


Mariela Viceconte interpuso una acción de amparo colectivo con la intención de obligar al Estado argentino a fabricar la vacuna Candid 1. Fundó el pedido en su derecho a la salud y en el derecho a la salud de las personas en riesgo de contraer la enfermedad “Fiebre Hemorrágica Argentina”, quienes suman en el país, aproximadamente, 3.500.000.

Entre el 27 de diciembre de 1995 y el 30 de septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió innumerables peticiones de personas jubiladas y de varias organizaciones no gubernamentales en las que se denunciaba la violación de los derechos a un recurso judicial efectivo, al debido proceso legal, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud, al bienestar y a la igualdad ante la ley, previstos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Varias organizaciones de usuarios, consumidores y de derechos humanos presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) una “Petición de Transparencia y Participación en calidad de Amicus Curiae”, en el marco de una demanda presentada por las empresas Aguas Argentinas, Suez y Vivendi. Estas empresas reclaman al Estado argentino una indemnización por los daños causados a las inversiones a raíz del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos luego de que Argentina abandonara la paridad cambiaria con el dólar en 2001.

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén,  interpuso una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio. En la acción solicitó que se obligue al Estado a proveer agua potable en cantidad necesaria para la supervivencia de la población afectada, a realizar el diagnóstico y tratamiento de los menores afectados, y adoptar las medidas pertinentes para impedir en lo sucesivo la contaminación del suelo y el agua.

En 1998, la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Las comunidades habitantes de la provincia de Salta denunciaron violaciones a sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano ante la decisión del Estado de construir un puente internacional y ejecutar un plan de urbanización en su territorio, hechos que modificarían sensiblemente su forma de vida.

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén denunció ante la CIDH la violación del derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición de menor requiere, de los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la propiedad de la tierra, y a la provisión de recursos judiciales efectivos. La Defensora Oficial había interpuesto una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio.

País: 
Argentina
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Mujeres y DESC
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