Este caso fue presentado por 49 víctimas (15 de las cuales habían fallecido mientras se examinaba el caso) y sus familiares, quienes compartían características interseccionales que los volvían más vulnerables a perjuicios, como que vivían en la pobreza. La Corte señaló que Guatemala es el país de América Central con la mayor cantidad de personas que viven con VIH, aproximadamente unas 52.000 personas en 2018.
