El European Roma Rights Centre (ERRC) presentó este caso contra Italia por violación de los artículos 31 y E de la Carta Social Europea Revisada al no proteger el derecho a la vivienda de la población romaní, así como al discriminar sistemáticamente contra esta comunidad. En 2005, el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) informó su decisión sobre el caso al Comité de Ministros del Consejo de Europa para exigir el cumplimiento de Italia del fallo.