Tres mujeres de ese país infectadas con el VIH demandaron al gobierno, denunciando que habían sido esterilizadas en hospitales públicos sin su consentimiento tras dar a luz por cesárea. Las mujeres argumentaron que cualquier supuesto consentimiento para los procedimientos había sido obtenido por la fuerza, dado que fueron engañadas sobre el formulario de autorización que firmaron, no entendían el idioma en el que se explicó el procedimiento y los médicos les habían dicho que solo podían acceder a la cesárea si también eran esterilizadas.
