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Los trabajadores indocumentados deben gozar de igualdad de derechos, afirma la Comisión InterAmericana

Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde sufrieron lesiones en su lugar de trabajo mientras trabajaban sin contar con una autorización de trabajo en los Estados Unidos. Ambos sufrieron lesiones físicas de largo plazo y se les negó acceso a compensación solo debido a su situación inmigratoria. El Sr. Zumaya presentó una demanda por compensación laboral, pero debió aceptar una porción de lo que hubiera recibido si hubiera sido ciudadano o residente permanente legal de los EEUU. El Sr.

El gobierno de Estados Unidos amenazó con socavar sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades en los Estados Unidos y en todo el mundo durante la primera semana después de la investidura del presidente Donald Trump. En los días inmediatamente posteriores...

Los derechos humanos, como un movimiento que critica las desigualdades sistémicas y afirma nuestra humanidad compartida, ofrece una alternativa transformadora a la política del miedo y la exclusión.

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Un informde de 288 páginas del House Financial Services Commitee de EE. UU. describe por qué el Deparatamento de Justicia fue obligada por los representatned de HSBC para no enjuiciar al banco y sus directores.

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22
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Los demandantes, beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief”, adujeron que los funcionarios de Nueva York finalizaban o estaban a punto de finalizar sus beneficios bajo los programas sin preaviso o audiencia. Cuando se presentó la demanda, no existían reglas que exigieran notificar a los beneficiarios o citarlos a una audiencia antes de que pierdan sus beneficios. Antes de esta apelación, el estado y la ciudad de Nueva York adoptaron procedimientos de preaviso y audiencia.

El caso fue presentado contra el gobierno de los EEUU por Glamis Gold, una minera canadiense dedicada a la minería de metales preciosos. El área del proyecto se encontraba dentro de la Reserva del Desierto de California y de áreas designadas de especial importancia cultural, y cercana (pero no dentro) de las tierras de la reserva de la tribu quechan.

En este caso se unieron dos demandas colectivas presentadas bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1995 (PLRA), la cual permite que los reclusos inicien acciones judiciales por violaciones de derechos constitucionales. Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a unos 80.000 presos, pero a la fecha de la presentación el sistema tenía aproximadamente 156.000 reclusos.