Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El 17 de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó que el gobierno de Rumania era responsable de violar los derechos humanos de Valentin Câmpeanu, un joven fallecido en 2004 que padecía de serias discapacidades mentales y era VIH positivo. Abandonado al nacer, Câmpeanu vivió en instituciones públicas toda su vida. Cuando cumplió dieciocho años fue transferido a un hogar de asistencia social para adultos y, posteriormente, a un hospital psiquiátrico.

El caso llegó hasta la Corte Suprema de la India por vía de una apelación contra la sentencia de un Alto Tribunal de Bombay que revocaba la prohibición por parte del gobierno de Maharashtra de los espectáculos de danza en bares en todo el territorio estatal. La prohibición data de agosto de 2005 y vedaba “todo tipo de danza” en un “local gastronómico, espacio con licencia para vender bebidas alcohólicas o bar”, pero excluía espectáculos de danza en hoteles de tres o más estrellas, y otros establecimientos de primer nivel.

Un grupo de legisladores filipinos presentó este caso para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de la República 8180, conocida como la Ley de Desregulación de la Industria Petrolera Aguas Abajo de 1996, concretamente, de sus artículos 5(b), 6 y 9(b).

El caso fue presentado contra el gobierno de los EEUU por Glamis Gold, una minera canadiense dedicada a la minería de metales preciosos. El área del proyecto se encontraba dentro de la Reserva del Desierto de California y de áreas designadas de especial importancia cultural, y cercana (pero no dentro) de las tierras de la reserva de la tribu quechan.

Los demandantes, beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief”, adujeron que los funcionarios de Nueva York finalizaban o estaban a punto de finalizar sus beneficios bajo los programas sin preaviso o audiencia. Cuando se presentó la demanda, no existían reglas que exigieran notificar a los beneficiarios o citarlos a una audiencia antes de que pierdan sus beneficios. Antes de esta apelación, el estado y la ciudad de Nueva York adoptaron procedimientos de preaviso y audiencia.

El consorcio Juma Masjid Trust le había permitido a la escuela primaria Juma Musjid, una escuela pública, utilizar su propiedad privada por un período prolongado. La disputa surgió cuando el Departamento de Educación Provincial responsable de la escuela no pagó el alquiler o gastos varios necesarios para el funcionamiento de la escuela, y tampoco respondió adecuadamente a una notificación y otras comunicaciones enviadas por el consorcio solicitando que se evacuara el edificio.

La International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) presentó una petición ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados parte de la Carta Social Europea) denunciando que Francia había violado el derecho a la asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea (revisada)) al cancelar la exención de los inmigrantes ilegales de muy bajos ingresos de pagar el tratamiento médico y hospitalario.

Este caso, en el que la disputa planteó dos elementos, surgió cuando el primer demandado supuestamente compró una propiedad, Angus Mansions, en Johannesburgo. En la demanda inicial, el primer demandado buscaba el desalojo de aproximadamente 300 personas que residían en la propiedad (los solicitantes). La demanda cuestionaba la validez del contrato de compraventa y, consecuentemente, la orden de desalojo.

Mental Disability Advocacy Center presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados de la Carta Social Europea) una demanda para denunciar que los niños que viven en hogares para niños con discapacidades mentales de Bulgaria no reciben educación o, en todo caso, muy poca.

Mental Disability Advocacy Center presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados de la Carta Social Europea) una demanda para denunciar que los niños que viven en hogares para niños con discapacidades mentales de Bulgaria no reciben educación o, en todo caso, muy poca.