Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Este caso se refiere al conflicto entre el derecho constitucional a una vivienda adecuada y el derecho de un propietario a explotar la propiedad privada. Ochenta y seis personas pobres estaban ocupando ilegalmente como vivienda instalaciones industriales abandonadas. El propietario de las instalaciones (Blue Moonlight) presentó una demanda para desalojar a los ocupantes a fin de explotar la propiedad, lo que casi con seguridad los dejaría sin techo.

Los solicitantes, ocupantes del asentamiento informal Harry Gwala, buscaban el suministro de ciertos servicios básicos provisionales en su asentamiento mientras estaba pendiente una decisión acerca de si el asentamiento sería mejorado en el mismo lugar o desplazado a un conjunto de viviendas formales (en cuyo caso los servicios serían suministrados en forma permanente).

Este caso se refiere a los residentes del asentamiento informal de Makhaza, que forma parte del proyecto Silvertown de Ciudad del Cabo. El gobierno de Ciudad del Cabo había decidido mejorar el asentamiento informal bajo un Programa de Mejoramiento de Asentamientos Informales (Upgrading of Informal Settlements Programme, UISP).

Este caso se refiere a una apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía el desalojo de unas 170 familias de las tierras que habían ocupado como consecuencia de que un asentamiento informal había traspasado el límite de tierras privadas. El Alto Tribunal ordenó permitir el desalojo de las familias de la propiedad. Las familias apelaron la orden aduciendo que violaba el artículo 4(6) de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro.

El Alto Tribunal emitió una orden que permitía el desalojo de 50 familias que ocupaban ilegalmente tierras privadas y requería a la municipalidad proporcionar a los ocupantes tierras alternativas. Sin embargo, bajo esta orden el desalojo podía iniciarse aunque la municipalidad todavía no hubiera proporcionado las tierras alternativas a los ocupantes, en cuyo caso quedarían sin techo.

Los actores en este caso eran miembros de la comunidad Irish Travelling, un pueblo tradicionalmente nómada. Este grupo en particular vivió en un lugar de parada no oficial ubicado en Limerick City durante más de ocho años bajo condiciones de pobreza y privaciones extremas, sin agua corriente, baños, recolección o almacenamiento de residuos domésticos, ni superficies duras donde aparcar sus casas rodantes.

Phakamile Ranelo presentó una demanda ante el Alto Tribunal Eastern Cape contra la Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica aduciendo que el estado había finalizado ilegalmente su subsidio por discapacidad. La legislación sudafricana obligaba a la Agencia de Seguridad Social a informar a Ranelo por escrito sobre la aprobación de un subsidio por discapacidad, su carácter temporal y su derecho a apelar dicho carácter temporal. Ranelo argumentó que no recibió dicha notificación previa, por lo que era válido que creyera que el subsidio era permanente.

El caso fue presentado por seis embarazadas o lactantes que vivían en la pobreza en un asentamiento informal de Delhi. Se les habían negado raciones de alimentos y beneficios de asistencia médica prenatal e infantil a los que tenían derecho conforme a varios programas de beneficios nacionales, lo cual se puede atribuir a que el gobierno de Delhi no había puesto a disposición tarjetas de racionamiento y no había implementado ciertos programas de salud maternal.

Debido al deterioro de los edificios de Schubert Park, un barrio residencial subsidiado por el estado, la ciudad cortó el suministro de agua y electricidad mientras 700 familias vivían allí. Los residentes protestaron encendiendo fuegos y arrojando objetos desde los edificios. La policía obligó a estos residentes a abandonar los edificios y no permitió que ningún residente vuelva al barrio. Se llevaron a cabo negociaciones entre los residentes y la ciudad para encontrar viviendas temporarias para los residentes desplazados, pero no se llegó a un acuerdo.

En 2005, bajo el procedimiento del artículo 26 de la Constitución, la Corte Suprema de Irlanda examinó la constitucionalidad de un proyecto de ley que le había enviado el Presidente. El proyecto autorizaba el cobro de servicios a pacientes internados provistos por el servicio de salud público, siendo que el cobro se impondría a ciertas personas, en la mayoría de los casos personas de edad avanzada con pocos medios.