Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Una coalición de vecinos envió una carta de petición a la Corte Suprema para cuestionar la construcción por parte del organismo estatal Water and Power Development Authority (WAPDA) de una estación de la red eléctrica en el barrio, concretamente en una propiedad designada como parte del “cinturón verde”.

El caso fue presentado por niños desfavorecidos que necesitaban vivienda y tratamiento en unidades de apoyo intensivo. Los niños afirmaron que el estado tenía la obligación constitucional de proporcionarles cuidados especiales e instalaciones educativas apropiadas. El estado coincidió en que tales instalaciones eran necesarias y afirmó que había iniciado el proceso de planificación para construirlas. Sin embargo, los proyectos sufrieron numerosos retrasos administrativos y logísticos.

Este caso se refiere a un reclamo de indemnización presentado por una mujer con discapacidades graves, la Sra. Bernard, y su marido (quien era la única persona que se ocupaba de cuidarla), según el cual el Departamento de Vivienda local no les había proporcionado una vivienda adecuada a su discapacidad. Dicha omisión, según se aducía, constituía una violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH).

En 2011, los peticionantes presentaron una petición constitucional aduciendo que el gobierno había violado la Constitución de Uganda por medio de actos y omisiones respecto de servicios relacionados con la salud materna. Más específicamente, los peticionantes sostuvieron que el gobierno no había provisto servicios básicos de salud materna y no había presupuestado adecuadamente la salud materna, y que el comportamiento no ético de los trabajadores del sector de la salud conducía a la muerte prevenible de embarazadas durante el parto.

En 2004, la Secretaría de Salud de Botswana distribuyó una directiva interna entre instituciones médicas públicas para informarles de un Decreto Presidencial que autorizaba “el suministro de tratamiento gratis a reclusos que no sean ciudadanos que sufran de enfermedades que no sean el SIDA”. Reclusos de Zimbabwe con VIH positivo presentaron demandas para cuestionar ea decreto después de que se les negaran medicamentos de una terapia antiretroviral (TAR).

El 25 de junio de 2015, en el caso King c. Burwell, la Corte Suprema resolvió un asunto que afecta la cobertura de salud de millones de estadounidenses. La Ley de Cuidado de Salud Asequible fue aprobada por el Congreso en 2010 para aumentar la cantidad de estadounidenses con cobertura médica. Bajo la ACA, la población puede adquirir seguros de salud por medio de “bolsas” estatales, las cuales son, básicamente, mercados en los que las personas pueden comparar y comprar planes de seguros.

Tras extensos procedimientos legales que tuvieron lugar en Tanzania, en 2012 se presentó esta comunicación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité). El caso se refiere a la situación de dos viudas de ese país (E.S. y S.C.) que, bajo el derecho sucesorio consuetudinario de Tanzania, fueron denegadas el derecho de heredar o administrar los bienes de sus maridos fallecidos. En consecuencia, fueron desalojadas de sus viviendas, junto con sus hijos menores, por parte de sus suegros.

En 1993, la organización Campaign for Fiscal Equity (CFE), junto con varios alumnos y sus padres, presentaron una demanda afirmando que el sistema de financiación educativa del Estado de Nueva York violaba la constitución estatal al no proporcionar a los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York la oportunidad de obtener una educación básica de buena calidad.

Marco Antonio Arana Zegarra presentó un recurso constitucional contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cajamarca que rechazaba su solicitud de que el proyecto Conga de la empresa Yanacocha sea suspendido por las amenazas que significaba para el derecho a la vida en un medio adecuado y equilibrado, y sobre la base de irregularidades ocurridas durante la aprobación del EIA del proyecto.

El caso fue iniciado en 2008, cuando Inclusive Communities Project (ICP), un grupo sin fines de lucro, demandó al Texas Department of Housing and Community Affairs (TDHCA, la autoridad de vivienda y asuntos comunitarios del estado de Texas) por un programa de créditos fiscales federales empleado por los gobiernos estatales y locales para construir viviendas económicas.