Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Tras extensos procedimientos legales que tuvieron lugar en Tanzania, en 2012 se presentó esta comunicación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité). El caso se refiere a la situación de dos viudas de ese país (E.S. y S.C.) que, bajo el derecho sucesorio consuetudinario de Tanzania, fueron denegadas el derecho de heredar o administrar los bienes de sus maridos fallecidos. En consecuencia, fueron desalojadas de sus viviendas, junto con sus hijos menores, por parte de sus suegros.

En 1993, la organización Campaign for Fiscal Equity (CFE), junto con varios alumnos y sus padres, presentaron una demanda afirmando que el sistema de financiación educativa del Estado de Nueva York violaba la constitución estatal al no proporcionar a los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York la oportunidad de obtener una educación básica de buena calidad.

Marco Antonio Arana Zegarra presentó un recurso constitucional contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cajamarca que rechazaba su solicitud de que el proyecto Conga de la empresa Yanacocha sea suspendido por las amenazas que significaba para el derecho a la vida en un medio adecuado y equilibrado, y sobre la base de irregularidades ocurridas durante la aprobación del EIA del proyecto.

El caso fue iniciado en 2008, cuando Inclusive Communities Project (ICP), un grupo sin fines de lucro, demandó al Texas Department of Housing and Community Affairs (TDHCA, la autoridad de vivienda y asuntos comunitarios del estado de Texas) por un programa de créditos fiscales federales empleado por los gobiernos estatales y locales para construir viviendas económicas.

Este caso aborda la dramática situación de hasta 100.000 niños (conocidos como talibés), que, mientras asisten a las escuelas coránicas (daaras) en Senegal, son forzados por algunos maestros a practicar la mendicidad en la calle para procurar su propia supervivencia y enriquecer a sus profesores. Los menores viven lejos de sus familias, a menudo en condiciones deplorables, y son sometidos a brutales agresiones físicas, desnutrición, enfermedades, abusos sexuales y otros malos tratos. La mendicidad forzada les impide el acceso a una educación adecuada.

El 5 de mayo de 2011, Irene Nanteza llegó al hospital de Nakaseke acompañada de su marido. A pesar de que una enfermera confirmó indicios de que el trabajo de parto estaba obstruido y llamó al médico de guardia, este último no llegó hasta que Nanteza ya había cumplido unas 8 horas de trabajo de parto. La paciente falleció por una hemorragia y ruptura del útero.

En 1991, las Filipinas delegaron la responsabilidad por “la salud y seguridad del pueblo” al nivel local. En ejercicio de estas facultades, en el año 2000 en Manila se pronunció el decreto 003 (“D 003”), en el cual se declaró que la ciudad adoptaría “una posición afirmativa respecto de los temas pro-vida”.

Un ciudadano afgano (el Sr. M.S.S.) presentó una solicitud de asilo en Bélgica tras ingresar a la UE a través de Grecia. Conforme al Reglamento de Dublín (legislación de la UE que determina qué país es responsable de procesar solicitudes de asilo específicas), Bélgica lo trasladó nuevamente a Grecia para que Grecia procesara la solicitud de asilo. Grecia detuvo al solicitante bajo condiciones degradantes y luego lo liberó dentro del país para que espere hasta que se resuelva su solicitud. Durante este periodo, el Sr. M.S.S.

En 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización miembro de la Red DESC, promovió una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objeto de la acción fue lograr que se ordenara al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de asegurar y financiar el acceso a la educación inicial, al estar afectados el derecho a la educación y a la igualdad, y el principio de autonomía personal.

Patricia Mansilla Martínez, diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 56, 58, 245, 250, 254, 258, 263, 264, 265, 266, 269, 315 y 327 del Código Penal por ser discriminatorios contra la mujer. La Corte no consideró la constitucionalidad de los artículos 254, 315 o 317, debido a que ya no están vigentes.