Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Miembros del partido opositor de izquierda, Polo Democrático y La Cumbre Agraria (un movimiento social de Colombia) presentaron una demanda cuestionando el artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de ese país. El PND ya había prohibido nuevas licencias de minería, pero permitió que permanecieran vigentes las 347 licencias concedidas para explotar minas de oro o petróleo. El páramo es uno de los ecosistemas más importantes de Colombia y provee agua potable a gran parte del país al almacenar agua durante la temporada de lluvias y liberarla en la estación seca.

En 2001, Aberew Jemma Negussie secuestró y violó a Woineshet Zebene Negash, de 13 años, con la ayuda de varios cómplices. Su secuestro fue denunciado a la policía, la que la rescató y arrestó a Negussie en Etiopía. Se dejó constancia de la violación en un informe médico. Negussie fue liberado bajo fianza y volvió a secuestrar a Woineshet Negash: esta vez la escondió en la casa de su hermano durante un mes y la obligó a firmar un contrato de matrimonio. La joven logró escapar.

A Rusi Kosev Stanev le diagnosticaron esquizofrenia en 1975 y fue declarado incapaz de trabajar en 1990. En el año 2000, tras un pedido de su madrastra y su hermanastra, un tribunal lo declaró parcialmente discapacitado legalmente sin notificarle. Dado que sus familiares no aceptaron hacerse cargo de la tutela, un funcionario municipal fue designado tutor. Sin informar a Stanev, el tutor solicitó que se lo ubique en un hogar de asistencia social para 'personas con enfermedades mentales'.

En 2010, Daniel Ng’etich y Patrick Kipng’etich Kirui fueron arrestados por el Oficial de Salud Pública, Coordinador del Rastreo de Incumplidores del Programa contra la Tuberculosis del Distrito Central de Nandi, quien solicitó su encarcelamiento ante un juez, aduciendo que no habían tomado la medicación contra la tuberculosis que se les había prescrito. Conforme al artículo 27 de la Ley de Salud Pública, el juez ordenó que los dos hombres fueran encarcelados durante ocho meses o un periodo satisfactorio para su tratamiento. Permanecieron en la cárcel durante 46 días. 

El 2002, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH o Comité) aceptó la comunicación como admisible para su consideración. El caso se refiere a la situación de K.L., una mujer de 17 años de edad que estaba embarazada y cuyo feto padecía de anencefalia. La anencefalia es una enfermedad incompatible con la vida del feto y que amenaza la salud de la embarazada. Su médico le informó a K.L. que las complicaciones del embarazo la exponían al riesgo de muerte. Siguiendo este consejo, ella decidió poner fin al embarazo.

Habiéndose agotado todas las vías legales de recurso disponibles en la República de Corea (Corea), en 2012 se presentó esta comunicación ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité). El caso se refiere al análisis de VIH/SIDA y uso de drogas ilegales exigido a profesores extranjeros de inglés en Corea. Los docentes que poseen la ciudadanía coreana y que, aunque no la posean, son de origen coreano no están obligados a someterse a dichos análisis.

En este caso, un propietario solicitó ante el Alto Tribunal (High Court) que se descarte una decisión del Tribunal de Viviendas Arrendadas de Gauteng. Ochenta inquilinos habían presentado una demanda ante dicho tribunal cuestionando que el propietario cobraba aproximadamente 385 rands por mes por inquilino en concepto de electricidad además de los costos que pagaban por su consumo individual.

En 2012, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión) aceptó esta comunicación considerándola admisible para su evaluación. El caso fue presentado en nombre de tres defensores de los derechos humanos prominentes que trabajaban en Sudán: Monim Elgak, Amir Suliman y el fallecido Osman Hummaida, quienes eran perseguidos por su supuesta cooperación con la Corte Penal Internacional en su investigación de varios líderes políticos del Sudán.

Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó).

En este litigio de interés público, presentado a través del artículo 32 de la Constitución de la India en forma directa ante la Corte Suprema del país, se solicitó a la Corte que ordene al estado de Uttar Pradesh tomar medidas para poner fin al trabajo de menores.