Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las actividades de reciclaje en Colombia han sido tradicionalmente realizadas por sectores de la sociedad extremadamente pobres y marginados, que recuperan  residuos inorgánicos s de los rellenos  o en las calles  para transportarlo y venderlos como material reciclable, a bodegas informales e intermediarias de la industrian nacional o multinacional, por modestas sumas. Sin embargo, durante la década pasada el reciclaje se convirtió en una actividad más lucrativa, y las compañías de recolección de res

En Bogotá, los materiales reciclables han sido tradicionalmente recolectados y vendidos por individuos o familias  trabajando por cuenta propia o en cooperativas. Los recicladores están entre los miembros más pobres y marginados de la sociedad.

La petición en esta Demanda de Interés Público (PIL) citaba información de los estados de Uttar Pradesh, Bihar y Maharashtra acerca de prácticas gubernamentales sobre esterilización femenina que carecían de la debida consejería o consentimiento informado, y de cuidado pre y post operatorio, e incluían condiciones quirúrgicas antihigiénicas y sin uso de anestesia, esterilización de menores, coerción y crueldad.

Este caso se refiere a una apelación de 2009 ante el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, presentado por el Jefe del Departamento de Educación de Mpumalanga (HoD).

La comunidad Sawhoyamaxa ha vivido históricamente en el Chaco paraguayo. En 1991, la comunidad inició ante el Estado un proceso reclamando las tierras al haberse visto obligada a abandonarlas. El 15 de mayo de 2001 Tierraviva, organización miembro de la Red-DESC, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de febrero de 2005.

Mark Keenan recibió tratamiento psiquiátrico intermitente desde que tenia  21 años. A los 28 años, Keenan fue ingresado en la cárcel, inicialmente al centro de salud de la prisión. Se hicieron varios intentos de transferirlo a donde se encuentra la población carcelaria en general, pero su salud mental empeoró cada vez más. Tras un intento de transferencia, asaltó a dos guardias y su sentencia se incrementó en veintiocho días. Al día siguiente Keenan se ahorcó.

Jean Mouisel sufría de leucemia linfática crónica. Fue sentenciado en 1996 a quince años de prisión por robo a mano armada. En 1999, mientras estaba en prisión, su salud empeoró, requiriendo quimioterapia. Fue transportado al hospital esposado y alegó que fue atado durante la quimioterapia, aunque esto no se comprobó. Abandonó el tratamiento en junio de 2000, alegando las condiciones de tratamiento y el comportamiento agresivo de los guardias.

LMR es una joven que nació 4 de mayo de 1987, viven con su madre, VDA,  en Argentina. LMR tiene una edad mental entre 8 y 10 años. Durante un control en el hospital se diagnosticó que estaba embarazada. Según la sección 82.6 del Código Penal Argentino el aborto es legal cuando el embarazo es resultado de una violación de una mujer con discapacidad mental. LMR presentó una denuncia policial y programó un aborto. Su aborto fue impedido por una orden judicial contra el hospital. LMR apeló infructuosamente a la Cámara Civil.

Este veredicto de la ECSR fue consecuencia de una denuncia colectiva recibida por el Centro Internacional para la protección de los Derechos Humanos (INTERIGHTS), miembros de la Red-DESC. Se alegaba que el gobierno griego violó el derecho a la vivienda de los romaníes en Grecia protegido según el artículo 16 de la ESC junto con el preámbulo de dicho documento que garantizaba su igualdad de derechos sociales como un medio para protegerlos contra la exclusión social.

Tres ciudadanos kenianos que utilizan medicamentos anti-retrovirales genéricos y viven con VIH o SIDA impugnaron la constitucionalidad de la Ley Anti-falsificación de Kenia de 2008. Los litigantes sostuvieron que la Sección 2 de la ley confunde medicamentos genéricos con medicinas falsificadas y, si es que se aplica, la ley impondría sanciones civiles y penales a los fabricantes de medicamentos genéricos, restringiendo severamente el acceso a medicamentos asequibles en Kenia.