Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En julio de 2004 un grupo de vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo interpusieron demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas para obtener indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la Cuenca, cese de la contaminación y recomposición del medio ambiente.

Los demandantes interpusieron la acción de inconstitucionalidad porque consideraban que la Ley 115 de 1994 desobedecía los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos al contemplar la posibilidad de cobrar derechos académicos en la educación primaria (art. 183).

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales

Desde febrero de 2003, tras el inicio de un conflicto armado en la región de Darfur del Sudán, miembros de la milicia llamada Janjaweed se dieron a la tarea de desalojar por la fuerza, matar y violar a miles de indígenas negros de la región. Los peticionantes adujeron que tales actos constituían la omisión del gobierno de Sudán de respetar y proteger los derechos del pueblo de Darfur y, en particular, violaban los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 (1) y 22 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La demanda se presentó en nombre de tres empleados de la organización Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) denunciando que el nuevo sistema amenazaba la accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos en Egipto, especialmente el precio de los genéricos, a los que los ciudadanos egipcios recurren con frecuencia por su relativo bajo precio. Con anterioridad al decreto, el precio de los medicamentos genéricos se determinaba sobre la base del costo real de producción más los márgenes de ganancia.

Los peticionantes adujeron que sus derechos a la propiedad de tierras agrícolas habían sido infringidos por una disposición de la Constitución de Zimbabwe que confería efectivamente la propiedad de todas las tierras agrícolas compradas en forma compulsiva por el Estado, asi como discriminación racial en la aplicación de la disposición. Asimismo, la disposición eliminaba la jurisdicción de los tribunales para recibir reclamos relacionados con tales adquisiciones de tierras agrícolas.

Esta acción de clase fue iniciada en nombre de los niños de un distrito escolar con una tasa del impuesto a la propiedad relativamente baja y de los cuales el 98% eran niños de ascendencia mexicana. Los peticionantes cuestionaron el hecho de que el Estado de Texas se valga de los impuestos a la propiedad para financiar sus escuelas, lo que significaba que los alumnos de los distritos más pobres recibían solamente dos tercios de los fondos que recibían los alumnos de los distritos más ricos.

Sandra Lovelace, una mujer indígena de la tribu maliseet, vivió con sus padres en la reserva Tobique hasta que se casó con un hombre que no era indígena. El matrimonio se separó y la Sra. Lovelace volvió a la reserva para vivir con sus padres, pero no pudo comprarse una vivienda en la reserva porque el consejo daba prioridad a los miembros del grupo.

En septiembre de 2006, siete hombres encapuchados y armados secuestraron a la pareja de Rosmira Serrano Quintero y mataron a su padre, y posteriormente la amenazaron con matar también a ella y a sus hijas si no abandonaba la localidad de El Limoncito, donde vivía. La Sra. Serrano huyó y, en noviembre de 2006, solicitó inscribirse junto con sus hijas como personas desplazadas. La solicitud fue denegada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Sra.

Los demandantes, pensionados del Estado latvio, cuestionaron la constitucionalidad de la Ley de Pago de Pensiones y Asignaciones Estatales en el período 2009 a 2012 (en adelante, "Ley de Pensiones"), que se había aprobado con la intención de reducir el déficit estatal. En 2009, la economía en general estaba debilitándose rápidamente y el Parlamento latvio argumentó que debía responder a la brevedad a la crisis económica del país.