Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cuatro partidos políticos (el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Socialista de Brasil (PSB) y la Red de Sustentabilidad (Rede)) demandaron al gobierno de Brasil por violaciones de sus obligaciones constitucionales e internacionales referidas a la protección ambiental. Los actores denunciaron específicamente que el gobierno de Jair Bolsonaro no había asignado y desembolsado fondos del Fondo para el Clima en 2019. 

Se trata de una demanda colectiva presentada por Milieudefensie, Greenpeace NL, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both ENDS y Young Friends of the Earth NL contra Royal Dutch Shell en el tribunal de distrito de La Haya. Los actores solicitaron una orden de que RDS (la empresa matriz de Shell) reduzca sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en un 45 % para 2030, comparando con niveles de 2019, y a cero para 2050, de acuerdo con el Acuerdo de París. 

Los autores, pueblos indígenas de las islas del estrecho de Torres, presentaron una petición contra Australia por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los peticionarios sostuvieron que las medidas insuficientes de protección del clima por parte de Australia violaban sus derechos humanos bajo los artículos 6 (derecho a la vida), 17 (derecho a la vida privada, la familia y el domicilio), 24(1) (derecho de niñas y niños a medidas de protección) y 27 (derecho a la cultura) del PIDCP. 

Este caso se refiere a una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “Corte”) presentada por Center for Justice and International Law (CEJIL), en nombre de Jesús Tranquilino Vélez Loor, con arreglo a los artículos 63(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27(3) del Reglamento de la Corte.

Estos dos casos forman parte de un grupo de seis casos en los que agricultores nigerianos buscaron una compensación por el daño ambiental y a sus subsistencias sufridos como consecuencia de fugas de hidrocarburos de los oleoductos de Shell en las aldeas de Oruma, Goi e Ikot Ada Udo.

Luis Eduardo Guachalá Chimbo, quien tenía 23 años en el momento de su desaparición, sufría de ataques epilépticos desde la niñez. El 21 de enero de 2004, se le diagnosticó una discapacidad psicosocial. Debido a que no poseía suficientes ingresos para cubrir sus propias necesidades básicas y las de su familia, el señor Chimbo no siempre podía pagar los medicamentos necesarios para tratar sus ataques de epilepsia.

El Legal Resources Centre (LRC) representó a Agnes Sithole, una mujer de setenta y dos años de edad residente de KwaZulu-Natal que en 1972 se había casado con Gideon Sithole fuera del régimen de gananciales, con arreglo al artículo 22(6) de la Ley Black Administration Act 38 de 1927 (BAA), y la Comisión por la Igualdad de Género cuestionando la Ley de Bienes Conyugales de 1984. Entre 1972 y 1985, la Sra. Sithole trabajó como ama de casa y administró con éxito un negocio de vestimenta desde su hogar, pudiendo educar a sus hijos y asistir en el pago de los gastos de la familia.

Este caso de litigio de interés público fue la respuesta al incendio que arrasó con la escuela secundaria Lord Krishna Middle School del distrito de Kumbakonam.  Lord Krishna Middle School era una institución privada a la que concurrían aproximadamente 900 alumnos.  El incendio se inició en la cocina vecina y luego se extendió por el techo de paja del edificio de la escuela, que se derrumbó matando a los 93 niños y niñas que se encontraban adentro.  Cuando los bomberos llegaron al lugar se dieron cuenta de que la escuela estaba lejos de cumplir la normativa.  Los códigos de construcción mun

La peticionaria en este caso fue Martina Vera Rojas y sus padres. Martina padece el síndrome de Leigh, una enfermedad neurológica y muscular que requiere de extensos cuidados y tratamiento. Los padres de Martina contrataron una póliza de seguro de salud de una compañía de seguros privada llamada Isapre MasVida que incluía cobertura especial para enfermedades catastróficas y tratamiento en el domicilio. En 2010, Martina fue informada de que no se incluiría más el tratamiento en el domicilio para enfermedades crónicas, conforme a una nueva disposición (Circular IF/No.

A principios de 2016, el superintendente general en funciones emitió una circular exigiendo que los alumnos presenten su certificado de nacimiento ante la administración de las escuelas. Quienes no pudieran presentar su certificado de nacimiento dejarían de recibir asistencia financiera. Como consecuencia, las escuelas estaban obligadas a excluir a los niños y niñas indocumentados o se les permitía incluirlos con la condición de que debían distribuir entre todos los ya escasos recursos.