Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La cuestión objeto de este caso eran las restricciones derivadas del derecho consuetudinario inglés sobre la participación de organizaciones benéficas en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas dirigidas a promover sus fines benéficos.

Siete partidos, una organización de derechos humanos, una organización de derechos civiles, una organización de derechos de privacidad, una organización que trabaja en pro de los derechos de privacidad de los clientes de los psicoterapeutas, un consejo nacional de clientes participantes en la formulación de políticas gubernamentales establecido por ley, y dos personas presentaron una demanda contra el Estado de los Países Bajos en marzo de 2018, en la que impugnaban la legalidad del uso del Sistema de Indicación de Riesgos (SyRi), un instrumento jurídico de datos gubernamentales utilizado p

En este caso se cuestionó si el Ministerio de Educación y ocho provincias sudafricanas tenían obligaciones constitucionales y legales de proveer las comidas diarias del NSNP a los alumnos. Los actores fueron Equal Education, una organización de defensa educativa sin fines de lucro y los órganos directivos escolares de dos instituciones: Vhulaudzi Secondary School y Mashao High School.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), interpusieron una acción de amparo colectivo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional (Ministerio de Educación – Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa) a adoptar las medidas necesarias para la producción de información suficiente y adecuada sobre las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad.

Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Lhaka Honhat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos wichí (mataco), iyjwaja (chorote), komlek (toba), niwackle (chulupí) y tapy'y (tapiete) que viven en lotes con los registros catastrales 175 y 5557, en la provincia de Salta (previamente conocidos y referidos en el caso como los lotes 14 y 55).

La reclamación fue iniciada contra GVL en octubre de 2012 ante la RSPO. La primera decisión del Panel de Reclamaciones sobre el caso es del 13 de diciembre de 2012 y sostuvo que las reclamaciones tenían mérito, emitiendo una orden de suspensión contra GVL. A partir de 2013, GVL debía presentar informes trimestrales sobre sus actividades en Liberia, incluyendo sus esfuerzos para mejorar sus operaciones y cumplir con decisiones posteriores de la RSPO.

En agosto de 2008, la Organización Nacional de Control del SIDA (NACO) del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India redactó un “Memorando interno” en respuesta a un litigio de interés público (LIP), en el que la Corte Suprema revisó las medidas adoptadas por la NACO para combatir el VIH/SIDA y los servicios que se prestan a los pacientes. La Corte Suprema había emitido directivas, incluidas las destinadas a mejorar la suficiencia de los centros que distribuyen la terapia antirretroviral (TARV) de segunda línea.

Este caso de tutela se refiere al requisito de que el Estado brindase servicios de salud a un grupo de niños que vivían en una zona empobrecida de Bogotá. Cuatrocientas dieciocho familias interpusieron esta acción contra el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud para pedir vacunas gratuitas contra dos cepas de meningitis bacteriana. Los demandantes argumentaron su caso en virtud del artículo 44 de la Constitución colombiana, que garantiza ciertas libertades y protecciones a los niños, y en virtud de varios tratados a los que se suscribió Colombia.

El demandante presentó una acción de tutela contra las Empresas Públicas de Cartagena alegando que pusieron en funcionamiento un sistema de alcantarillado inconcluso, produciendo el desbordamiento de aguas negras y condiciones insalubres en dos vecindarios. La denuncia alegaba una violación del artículo 88 de la Constitución Colombiana que protege el derecho a la salud pública y solicitó medidas cautelares para evitar daños irreparables, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2591.

Corte Suprema de los Países Bajos ordena al Estado reducir los gases de efecto invernadero por lo menos un 25 % hasta 2020, comparando con niveles de 1990

El autor en este caso es el Ministerio de Economía y Política del Clima del Estado de Países Bajos (el Estado), el cual apeló en casación la decisión del Tribunal de Apelaciones a favor de Stichting Urgenda (Urgenda), una organización que trabaja para combatir el cambio climático.