Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sandra Lovelace, una mujer indígena de la tribu maliseet, vivió con sus padres en la reserva Tobique hasta que se casó con un hombre que no era indígena. El matrimonio se separó y la Sra. Lovelace volvió a la reserva para vivir con sus padres, pero no pudo comprarse una vivienda en la reserva porque el consejo daba prioridad a los miembros del grupo.

En septiembre de 2006, siete hombres encapuchados y armados secuestraron a la pareja de Rosmira Serrano Quintero y mataron a su padre, y posteriormente la amenazaron con matar también a ella y a sus hijas si no abandonaba la localidad de El Limoncito, donde vivía. La Sra. Serrano huyó y, en noviembre de 2006, solicitó inscribirse junto con sus hijas como personas desplazadas. La solicitud fue denegada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Sra.

Los demandantes, pensionados del Estado latvio, cuestionaron la constitucionalidad de la Ley de Pago de Pensiones y Asignaciones Estatales en el período 2009 a 2012 (en adelante, "Ley de Pensiones"), que se había aprobado con la intención de reducir el déficit estatal. En 2009, la economía en general estaba debilitándose rápidamente y el Parlamento latvio argumentó que debía responder a la brevedad a la crisis económica del país.

En la década de 1970, el gobierno de Kenia desalojó a cientos de familias Endorois de sus tierras cercanas al Lago Bogoria en el Valle del Rift para crear una reserva de animales de caza para el turismo. Al pueblo indígena Endorois se le había prometido compensación y beneficios que nunca se concretaron en su totalidad, y el acceso de la comunidad a la tierra quedó limitado a la discreción de la Autoridad de la Reserva de Caza.

En este caso, la South Fork Band y otras comunidades de Western Shoshone habían apelado una decisión de un tribunal inferior que les negaba una medida cautelar[1] contra la construcción de la mina de oro.

Un grupo de personas sin techo construyó refugios formados por carpas, lonas y cajas de cartón en un parque de la ciudad de Victoria, en la provincia canadiense Columbia Británica. El gobierno de la ciudad solicitó una medida cautelar permanente (orden legal que requería que los sin techo se abstuvieran de construir refugios) y que se declarara que tales estructuras violaban la Park Regulation Bylaw and Streets and Traffic Bylaw [Ordenanza de Regulación de Parques, y Ordenanza de Calles y Tránsito].

En SERAP c./ Nigeria, la Corte de ECOWAS[1] consideró si tenía jurisdicción para decidir sobre una demanda relacionada con el derecho a la educación bajo la Carta Africana, aunque dicho derecho tal vez no fuera justiciable según el derecho nacional constitucional o estatutario.

Cinco residentes de Phiri, en Soweto, demandaron a la ciudad de Johannesburgo, Johannesburg Water (una empresa de propiedad de la ciudad) y al Ministerio Nacional de Agua y Silvicultura.

El caso fue llevado a la justicia en el mes de marzo de 2003 para que se obligara a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a otorgar la pensión por invalidez a Daniela Reyes Aguilera, una niña de nacionalidad boliviana con una discapacidad que le impide la movilidad de sus miembros, comunicarse verbalmente, y alimentarse por cuenta propia.

Al entrar en trabajo de parto, la Sra. A.S., miembro de la comunidad romaní, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia. Inmediatamente antes de la cirugía, un médico le pidió a la Sra. A.S. que firmara unos formularios sobre los que el médico había escrito a mano una declaración en la que la Sra. A.S. prestaba su consentimiento para un procedimiento de esterilización. La Sra. A.S. no entendió la declaración ni que había sido esterilizada hasta después de producida la operación.