Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Conforme al artículo 298, las autoridades educativas locales (LEA) debían tomar las medidas necesarias para proporcionar una educación adecuada a los niños que estén en edad escolar y que debido a, entre otras razones, su estado de salud no puedan recibirla de otra manera.

Conforme a los artículos 20 y 21 de la Urban Land Ceiling and Regulation Act (Ley de Terrenos Urbanos (Tope y Reglamentación)) de 1976, el gobierno estatal puede otorgar excepciones al tope cuando los terrenos se utilicen para construir viviendas para alojar a los ‘segmentos más débiles de la sociedad'. Se adujo que los constructores no habían cumplido con esta condición. Aunque entendió que la demanda se había vuelto infructuosa, el Alto Tribunal de Bombay ordenó varias medidas relacionadas con el monitoreo futuro del plan dispuesto por el artículo 20.  

La legislación otorgaba a los receptores de beneficios de seguridad social el derecho a un subsidio en concepto de combustible para el invierno. El subsidio estaba disponible para mujeres de por lo menos 60 años y hombres de por lo menos 65. El Sr. Taylor tenía 62 años y presentó un reclamo aduciendo que la legislación no cumplía con la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la aplicación progresiva del principio de la igualdad de hombres y mujeres en cuestiones de seguridad social.

Este caso surgió de una presentación de varias instituciones privadas de educación profesional en la que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes que regulaban los cargos de capitación de dichas instituciones.   La Corte Suprema sostuvo que el derecho a la educación básica está implícito en el derecho fundamental a la vida (artículo 21) cuando se lo interpreta junto con el Principio Directivo sobre la educación (art. 41).

La Constitución de Texas establece que “la difusión general del conocimiento” es “esencial para la preservación de las libertades y los derechos del pueblo”. Asimismo, la Legislatura y el Estado tienen la obligación de “establecer y realizar las previsiones adecuadas para financiar y mantener un sistema eficiente de escuelas gratuitas” (Artículo VII, pár. 1).

Esta petición colectiva, presentada por el European Roma Rights Centre (ERRC), denunció que en Grecia se les negaba a los gitanos el derecho efectivo a la vivienda.  

El Comité sostuvo que la aplicación del artículo 16 respecto de los grupos nómades, incluyendo los gitanos itinerantes, implica que se les deben proveer lugares de asentamiento adecuados. En este sentido, el artículo 16 contiene obligaciones similares a las consagradas en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.  

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.

Los demandantes eran residentes permanentes de Sudáfrica. Cuestionaron disposiciones legislativas que limitaban los beneficios sociales para ancianos a los ciudadanos sudafricanos e impedían que los hijos de ciudadanos extranjeros que se encontraran en la misma situación que los demandantes pudieran reclamar los beneficios de guardería disponibles para los niños sudafricanos (independientemente de la ciudadanía que tuvieran los niños).

Cinco presentaciones conjuntas denunciaron la existencia de casos de esclavitud y prácticas similares en Mauritania y de discriminación racial institucionalizada perpetrada por la comunidad mauritana gobernante contra la comunidad negra más numerosa. Se denunció, entre otras cosas, que los mauritanos negros estaban siendo objeto de prácticas de esclavitud, desalojos periódicos o desplazamiento forzoso de sus tierras, que eran confiscadas por el gobierno junto con su ganado.

El caso se refirió a una resolución adoptada por el consejo municipal de Dobšiná, bajo presión de grupos de derecha opuestos a los gitanos,  que cancelaba una resolución previa en la que se había aprobado un plan para construir viviendas sociales de bajo costo para los residentes gitanos que vivían en muy malas condiciones.