Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Varios menores representados por sus padres presentaron una demanda contra el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitando cancelar los contratos existentes en el país de licencias de explotación forestal y frenar la emisión de nuevas licencias. Se adujo que la deforestación y el daño ambiental resultantes violaban sus derechos constitucionales a una ecología equilibrada y saludable, y a la salud (artículos 16 y 15, parte II de la Constitución).

El peticionante sufrió heridas graves al caerse de un tren. Se le negó la asistencia médica en seis hospitales estatales debido a falta de infraestructura médica adecuada o de camas libres.   La Corte señaló que el derecho a la vida consagrado en la Constitución de la India (artículo 21) le impone al Estado la obligación de preservar el derecho a la vida de todas las personas y de considerar dicha preservación como de suma importancia. Esta obligación es independiente de las limitaciones de recursos financieros que puedan existir.

Los peticionantes denunciaron, entre otras cosas, que el régimen legal de Gambia aplicable a enfermos mentales violaba el derecho a gozar del mejor estado de salud física y mental alcanzable (artículo 16) y el derecho de los discapacitados a medidas especiales de protección de acuerdo con sus necesidades físicas y morales (artículo 18(4)). Ambos derechos están garantizados por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  

Conforme al artículo 298, las autoridades educativas locales (LEA) debían tomar las medidas necesarias para proporcionar una educación adecuada a los niños que estén en edad escolar y que debido a, entre otras razones, su estado de salud no puedan recibirla de otra manera.

Conforme a los artículos 20 y 21 de la Urban Land Ceiling and Regulation Act (Ley de Terrenos Urbanos (Tope y Reglamentación)) de 1976, el gobierno estatal puede otorgar excepciones al tope cuando los terrenos se utilicen para construir viviendas para alojar a los ‘segmentos más débiles de la sociedad'. Se adujo que los constructores no habían cumplido con esta condición. Aunque entendió que la demanda se había vuelto infructuosa, el Alto Tribunal de Bombay ordenó varias medidas relacionadas con el monitoreo futuro del plan dispuesto por el artículo 20.  

La legislación otorgaba a los receptores de beneficios de seguridad social el derecho a un subsidio en concepto de combustible para el invierno. El subsidio estaba disponible para mujeres de por lo menos 60 años y hombres de por lo menos 65. El Sr. Taylor tenía 62 años y presentó un reclamo aduciendo que la legislación no cumplía con la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la aplicación progresiva del principio de la igualdad de hombres y mujeres en cuestiones de seguridad social.

Este caso surgió de una presentación de varias instituciones privadas de educación profesional en la que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes que regulaban los cargos de capitación de dichas instituciones.   La Corte Suprema sostuvo que el derecho a la educación básica está implícito en el derecho fundamental a la vida (artículo 21) cuando se lo interpreta junto con el Principio Directivo sobre la educación (art. 41).

La Constitución de Texas establece que “la difusión general del conocimiento” es “esencial para la preservación de las libertades y los derechos del pueblo”. Asimismo, la Legislatura y el Estado tienen la obligación de “establecer y realizar las previsiones adecuadas para financiar y mantener un sistema eficiente de escuelas gratuitas” (Artículo VII, pár. 1).

Esta petición colectiva, presentada por el European Roma Rights Centre (ERRC), denunció que en Grecia se les negaba a los gitanos el derecho efectivo a la vivienda.  

El Comité sostuvo que la aplicación del artículo 16 respecto de los grupos nómades, incluyendo los gitanos itinerantes, implica que se les deben proveer lugares de asentamiento adecuados. En este sentido, el artículo 16 contiene obligaciones similares a las consagradas en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.  

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.