Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.

La presentación denunció que el gobierno militar de Nigeria era responsable de, entre otras cosas, violaciones del derecho a la salud, el derecho a disponer de la riqueza y los recursos naturales, el derecho a un medio ambiente limpio y los derechos de familia, debido a que condonaba y facilitaba las operaciones de empresas petroleras en tierras del pueblo ogoni.  

La señora Zwaan de Wries quedó desempleada en febrero de 1979 y se le otorgaron beneficios de desempleo hasta octubre del mismo año, pero se le negó la asistencia continua prevista por la Ley de Beneficios de Desempleo (WWV) porque era casada y no era el “sostén de familia”. Los hombres casados podían acceder a los beneficios sin tener que probar que fueran el “sostén de familia”.

International Commission of Jurists (ICJ) denunció que gran cantidad de niños de Portugal (según se estimó, 200.000 niños) trabajaban en malas condiciones que afectaban su salud y que Portugal violaba el artículo 7(1) de la Carta Social Europea (CSE) al no supervisar correctamente el trabajo de menores. El gobierno cuestionó las estadísticas de IJC, sosteniendo que como máximo trabajaban 27.000 niños y solamente 2.500 eran empleados pagos en contravención de la Carta.

Una empresa privada obtuvo una licencia para extraer piedras de la montaña Etela-Riutusvaara. Miembros indígenas del Comité de Pastores Muotkatunturi denunciaron que la extracción de la piedra y su transporte a través de su territorio de pastoreo de renos violaba su derecho a gozar de su cultura conforme al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El gobierno sudafricano decidió establecer un campamento temporario en el terreno de la cárcel Leeuwkop (terrenos estatales) para las víctimas de inundaciones del township Alexandra. El plan era que los ocupantes se mudarían a viviendas permanentes cuando éstas estuvieran disponibles. Aparentemente, este plan fue concebido sin consultar a los residentes de la zona y una asociación de residentes, Kyalami Ridge Environmental Association (KREA), solicitó que el ministro competente suspendiera las actividades.

Había habido muertes por inanición en el estado de Rajastán a pesar de que se conservaban excedentes de cereales para períodos oficiales de hambruna; asimismo, diversos planes de distribución de alimentos implementados en todo el país no estaban funcionando. En 2001, la organización People's Union for Civil Liberties (PUCL) solicitó a la Corte que exigiera el cumplimiento de los planes de alimentos y del Código de Hambruna, el cual permitía que se liberaran reservas de cereales en épocas de hambruna. Basó sus argumentos en el derecho a la alimentación, derivándolo del derecho a la vida.

La municipalidad de Port Elizabeth presentó una solicitud de desalojo en respuesta a una petición de un vecindario contra 68 adultos y niños que ocupaban viviendas precarias montadas en terrenos privados. Los ocupantes habían vivido en terrenos sin infraestructura durante dos a ocho años y estaban dispuestos a abandonar la propiedad con la condición de recibir un preaviso razonable y un terreno alternativo adecuado.

400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo.   El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional.

La peticionante, Irma Sparks, madre soltera de dos hijos y de raza negra, dependía de la asistencia social y había vivido en viviendas estatales durante diez años. Con un preaviso de un mes, se le comunicó que sería desalojada sin que se indicara la razón. Las viviendas estatales estaban exentas de la garantía de posesión o tenencia prevista por la Residential Tenancies Act (Ley de Alquileres Residenciales).