Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición contra el Estado de Brasil a favor de los indígenas Yanomami a raíz de la construcción de una carretera y del otorgamiento de permisos de explotación minera en territorio indígena.

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén denunció ante la CIDH la violación del derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición de menor requiere, de los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la propiedad de la tierra, y a la provisión de recursos judiciales efectivos. La Defensora Oficial había interpuesto una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio.

Un grupo de ciudadanos viviendo con VIH/SIDA interpusieron una acción de amparo contra el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) a causa de la negativa de aquel ente de entregarles los medicamentos necesarios para el tratamiento que les había sido prescripto (triple terapia). Los demandantes no disfrutaban de ningún servicio de seguridad social, ni poseían capacidad económica para adquirir los medicamentos prescritos.

Una persona con VIH/SIDA presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de Perú, en la que solicitó que se le otorgara atención médica integral que debía consistir en la provisión constante de medicamentos y en la realización de exámenes periódicos, y de pruebas de CD4 y carga viral. Afirmó que no contaba con los recursos económicos necesarios para afrontar el alto costo del tratamiento de esta enfermedad.

El Comité Panameño por los Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Panamá por el despido arbitrario de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. El despido se produjo luego de que el Gobierno acusara a estas personas de haber participado en aquellas manifestaciones de protesta y de resultar cómplices de una asonada militar.

Un grupo de jubilados denunció al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego, la CIDH interpuso demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos a la propiedad privada, a la protección judicial y a la obligación de desarrollo progresivo de los derechos sociales. Los afectados se habían desempeñado como funcionarios de una entidad estatal que contaba con su propio fondo de pensiones.

El pueblo Mapuche Pehuenche, del sector  Alto del Bio Bio, VIII Regioìn de Chile comenzó una larga lucha en defensa de sus derechos cuando el Gobierno de Chile autorizó la construcción de centrales hidroeléctricas que tendrían profundas consecuencias sobre su territorio ancestral y su cultura.

En su 39º período de sesiones, celebrado entre el 16 de mayo y el 3 de junio de 2005, el Comité de Derechos del Niño –órgano de supervisión de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (CIDN)- se pronunció sobre la eventual incompatibilidad entre la CIDN y las normas del tratado de libre comercio que Ecuador, junto a Colombia y Perú se encuentran negociando con los Estados Unidos.

Los demandantes interpusieron acción de tutela contra varias instituciones estatales por no cumplir con su misión de proteger a la población desplazada y por no dar respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda, acceso a proyectos productivos, atención de salud, educación y ayuda humanitaria.

Representantes de las comunidades indígenas Lamenxay y Kayleyphapopyet, ambas del Pueblo Enxet-Sanapana, iniciaron los trámites administrativos para recuperar las tierras que tradicionalmente habitaron y que habían sido vendidas por el Estado paraguayo a personas particulares. Luego de 5 años de incumplimiento por parte del Estado de una resolución judicial que reivindicaba el derecho constitucional a la tierra de las comunidades, en 1996 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo.