Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los trabajadores indocumentados deben gozar de igualdad de derechos, afirma la Comisión InterAmericana

Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde sufrieron lesiones en su lugar de trabajo mientras trabajaban sin contar con una autorización de trabajo en los Estados Unidos. Ambos sufrieron lesiones físicas de largo plazo y se les negó acceso a compensación solo debido a su situación inmigratoria. El Sr. Zumaya presentó una demanda por compensación laboral, pero debió aceptar una porción de lo que hubiera recibido si hubiera sido ciudadano o residente permanente legal de los EEUU. El Sr.

El caso de la Corte Constitucional se centró en el control judicial de las prácticas de cobro de deudas empleadas en Sudáfrica

Los solicitantes eran trabajadores de bajos ingresos que habían obtenido pequeños préstamos de una compañía de préstamos. Cuando, posteriormente, no pudieron cumplir con las cuotas de pago de los préstamos, la compañía exigió que firmaran otros documentos que hacían posible que las prestadoras obtuvieran fallos por incumplimiento y órdenes de embargo salarial (OES) otorgadas por secretarios de tribunales de primera instancia ubicados lejos de donde residían y trabajaban los actores.

La Corte Suprema de Canadá confirma el derecho a la negociación colectiva para sindicato de maestros

El 10 de noviembre de 2016, en una victoria decisiva para los derechos de los trabajadores, la Corte Suprema de Canadá (CSC) defendió el derecho constitucional a la libertad de asociación {art. 2 (d)} por medio de una sentencia aprobada por 7 votos a favor y 2 en contra de la Federación de Maestros de British Columbia (BCTF), el sindicato que representa a todos los maestros de escuelas públicas de la provincia de British Columbia (BC).

El 27 de septiembre de 2016, la Corte Penal Internacional (CPI), en una decisión unánime, declaró culpable más allá de cualquier duda razonable a Ahmad Al Mahdi, presunto extremista islamista, como coperpetrador de un crimen de guerra conforme al art. 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma, teniendo en cuenta que Al Mahdi había dirigido intencionalmente ataques contra diez de los sitios de patrimonio cultural más importantes de Tombuctú, Mali, en junio y julio de 2012.

Caso ante el Alto Tribunal

En 2012, intentando estandarizar la educación en todo el país, el Ministerio de Educación Básica (MEB) inició un proceso de tres años destinado a introducir un nuevo plan de estudios que incluía la introducción escalonada de nuevos libros de texto. A pesar de que en otras provincias el plan se introdujo sin problemas, en Limpopo el gobierno provincial no pudo entregar libros de texto a todos los alumnos para el inicio del año lectivo 2012.

Miembros del partido opositor de izquierda, Polo Democrático y La Cumbre Agraria (un movimiento social de Colombia) presentaron una demanda cuestionando el artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de ese país. El PND ya había prohibido nuevas licencias de minería, pero permitió que permanecieran vigentes las 347 licencias concedidas para explotar minas de oro o petróleo. El páramo es uno de los ecosistemas más importantes de Colombia y provee agua potable a gran parte del país al almacenar agua durante la temporada de lluvias y liberarla en la estación seca.

En 2001, Aberew Jemma Negussie secuestró y violó a Woineshet Zebene Negash, de 13 años, con la ayuda de varios cómplices. Su secuestro fue denunciado a la policía, la que la rescató y arrestó a Negussie en Etiopía. Se dejó constancia de la violación en un informe médico. Negussie fue liberado bajo fianza y volvió a secuestrar a Woineshet Negash: esta vez la escondió en la casa de su hermano durante un mes y la obligó a firmar un contrato de matrimonio. La joven logró escapar.

A Rusi Kosev Stanev le diagnosticaron esquizofrenia en 1975 y fue declarado incapaz de trabajar en 1990. En el año 2000, tras un pedido de su madrastra y su hermanastra, un tribunal lo declaró parcialmente discapacitado legalmente sin notificarle. Dado que sus familiares no aceptaron hacerse cargo de la tutela, un funcionario municipal fue designado tutor. Sin informar a Stanev, el tutor solicitó que se lo ubique en un hogar de asistencia social para 'personas con enfermedades mentales'.

En 2010, Daniel Ng’etich y Patrick Kipng’etich Kirui fueron arrestados por el Oficial de Salud Pública, Coordinador del Rastreo de Incumplidores del Programa contra la Tuberculosis del Distrito Central de Nandi, quien solicitó su encarcelamiento ante un juez, aduciendo que no habían tomado la medicación contra la tuberculosis que se les había prescrito. Conforme al artículo 27 de la Ley de Salud Pública, el juez ordenó que los dos hombres fueran encarcelados durante ocho meses o un periodo satisfactorio para su tratamiento. Permanecieron en la cárcel durante 46 días. 

El 2002, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH o Comité) aceptó la comunicación como admisible para su consideración. El caso se refiere a la situación de K.L., una mujer de 17 años de edad que estaba embarazada y cuyo feto padecía de anencefalia. La anencefalia es una enfermedad incompatible con la vida del feto y que amenaza la salud de la embarazada. Su médico le informó a K.L. que las complicaciones del embarazo la exponían al riesgo de muerte. Siguiendo este consejo, ella decidió poner fin al embarazo.