Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Habiéndose agotado todas las vías legales de recurso disponibles en la República de Corea (Corea), en 2012 se presentó esta comunicación ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité). El caso se refiere al análisis de VIH/SIDA y uso de drogas ilegales exigido a profesores extranjeros de inglés en Corea. Los docentes que poseen la ciudadanía coreana y que, aunque no la posean, son de origen coreano no están obligados a someterse a dichos análisis.

En este caso, un propietario solicitó ante el Alto Tribunal (High Court) que se descarte una decisión del Tribunal de Viviendas Arrendadas de Gauteng. Ochenta inquilinos habían presentado una demanda ante dicho tribunal cuestionando que el propietario cobraba aproximadamente 385 rands por mes por inquilino en concepto de electricidad además de los costos que pagaban por su consumo individual.

En 2012, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión) aceptó esta comunicación considerándola admisible para su evaluación. El caso fue presentado en nombre de tres defensores de los derechos humanos prominentes que trabajaban en Sudán: Monim Elgak, Amir Suliman y el fallecido Osman Hummaida, quienes eran perseguidos por su supuesta cooperación con la Corte Penal Internacional en su investigación de varios líderes políticos del Sudán.

Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó).

En este litigio de interés público, presentado a través del artículo 32 de la Constitución de la India en forma directa ante la Corte Suprema del país, se solicitó a la Corte que ordene al estado de Uttar Pradesh tomar medidas para poner fin al trabajo de menores.

El peticionante, Lakshmi Kant Pandey, un abogado, escribió una carta dirigida a la Corte Suprema para denunciar la negligencia y mala praxis de organizaciones sociales y agencias privadas de adopción que facilitaban la adopción de niños de la India a padres extranjeros. Destacó el largo y peligroso traslado al que se sometía a los niños hacia el extranjero, así como casos de negligencia por parte de los padres adoptivos que conducían al empobrecimiento o la explotación sexual de los niños.

Los apelantes ocupan edificios en muy mal estado ubicados sobre tierras que pertenecen a la municipalidad local de Rustenburg. Desde 2004 la municipalidad tiene planes para desarrollar las tierras. La municipalidad se reunió con los residentes varias veces para discutir el plan de desarrollo y para obtener su consentimiento, pero no logró tal consenso. Los residentes se negaron a abandonar sus hogares y a aceptar viviendas alternativas.

Rudul Sah fue arrestado en 1953 acusado de asesinar a su esposa. Fue declarado inocente por un Juez de Sesiones Adicional en 1968, quien ordenó su liberación de prisión, dejando pendiente otras directivas. Rudul Sah languideció en la cárcel 14 años más después de haber sido declarado inocente hasta que su situación fue destacada por los medios en 1982 y se presentó la causa de interés público en su nombre.

Este caso se refiere al histórico escándalo de la India conocido como “Hawala”, en el que se develaron posibles pagos de sobornos a varios políticos y burócratas de alto nivel de la India originados en fondos vinculados a supuestos terroristas.

En este caso se unieron dos demandas colectivas presentadas bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1995 (PLRA), la cual permite que los reclusos inicien acciones judiciales por violaciones de derechos constitucionales. Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a unos 80.000 presos, pero a la fecha de la presentación el sistema tenía aproximadamente 156.000 reclusos.