Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los apelantes ocupan edificios en muy mal estado ubicados sobre tierras que pertenecen a la municipalidad local de Rustenburg. Desde 2004 la municipalidad tiene planes para desarrollar las tierras. La municipalidad se reunió con los residentes varias veces para discutir el plan de desarrollo y para obtener su consentimiento, pero no logró tal consenso. Los residentes se negaron a abandonar sus hogares y a aceptar viviendas alternativas.

Rudul Sah fue arrestado en 1953 acusado de asesinar a su esposa. Fue declarado inocente por un Juez de Sesiones Adicional en 1968, quien ordenó su liberación de prisión, dejando pendiente otras directivas. Rudul Sah languideció en la cárcel 14 años más después de haber sido declarado inocente hasta que su situación fue destacada por los medios en 1982 y se presentó la causa de interés público en su nombre.

Este caso se refiere al histórico escándalo de la India conocido como “Hawala”, en el que se develaron posibles pagos de sobornos a varios políticos y burócratas de alto nivel de la India originados en fondos vinculados a supuestos terroristas.

En este caso se unieron dos demandas colectivas presentadas bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1995 (PLRA), la cual permite que los reclusos inicien acciones judiciales por violaciones de derechos constitucionales. Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a unos 80.000 presos, pero a la fecha de la presentación el sistema tenía aproximadamente 156.000 reclusos.

El 17 de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó que el gobierno de Rumania era responsable de violar los derechos humanos de Valentin Câmpeanu, un joven fallecido en 2004 que padecía de serias discapacidades mentales y era VIH positivo. Abandonado al nacer, Câmpeanu vivió en instituciones públicas toda su vida. Cuando cumplió dieciocho años fue transferido a un hogar de asistencia social para adultos y, posteriormente, a un hospital psiquiátrico.

El caso llegó hasta la Corte Suprema de la India por vía de una apelación contra la sentencia de un Alto Tribunal de Bombay que revocaba la prohibición por parte del gobierno de Maharashtra de los espectáculos de danza en bares en todo el territorio estatal. La prohibición data de agosto de 2005 y vedaba “todo tipo de danza” en un “local gastronómico, espacio con licencia para vender bebidas alcohólicas o bar”, pero excluía espectáculos de danza en hoteles de tres o más estrellas, y otros establecimientos de primer nivel.

Un grupo de legisladores filipinos presentó este caso para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de la República 8180, conocida como la Ley de Desregulación de la Industria Petrolera Aguas Abajo de 1996, concretamente, de sus artículos 5(b), 6 y 9(b).

El caso fue presentado contra el gobierno de los EEUU por Glamis Gold, una minera canadiense dedicada a la minería de metales preciosos. El área del proyecto se encontraba dentro de la Reserva del Desierto de California y de áreas designadas de especial importancia cultural, y cercana (pero no dentro) de las tierras de la reserva de la tribu quechan.

Los demandantes, beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief”, adujeron que los funcionarios de Nueva York finalizaban o estaban a punto de finalizar sus beneficios bajo los programas sin preaviso o audiencia. Cuando se presentó la demanda, no existían reglas que exigieran notificar a los beneficiarios o citarlos a una audiencia antes de que pierdan sus beneficios. Antes de esta apelación, el estado y la ciudad de Nueva York adoptaron procedimientos de preaviso y audiencia.

El consorcio Juma Masjid Trust le había permitido a la escuela primaria Juma Musjid, una escuela pública, utilizar su propiedad privada por un período prolongado. La disputa surgió cuando el Departamento de Educación Provincial responsable de la escuela no pagó el alquiler o gastos varios necesarios para el funcionamiento de la escuela, y tampoco respondió adecuadamente a una notificación y otras comunicaciones enviadas por el consorcio solicitando que se evacuara el edificio.