Case No. 2000-08-0109 Constitutional Court of Latvia on Compliance of Item 1 of the Transitional Provisions of the Law “On Social Insurance” with Articles 1 and 109 of the Satversme of the Republic of Latvia

Parlamentarios de Letonia denunciaron frente a la Corte Constitucional que ciertos empleadores no estaban aportando primas del seguro social a un fondo para sus empleados; omisión del Estado de asegurar que los empleadores paguen todas las primas del seguro social; uso del derecho internacional de derechos humanos; el Estado obligado a desarrollar mecanismo eficiente de implementación de la garantía del derecho a la seguridad social; la legislación del seguro social no era efectiva.

Foro: 
Corte Constitucional de Letonia
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

Veinte diputados del Parlamento de Letonia (Saeima) denunciaron que ciertos empleadores no estaban aportando primas del seguro social a un fondo para sus empleados. Los diputados sostuvieron que se trataba de una violación del derecho constitucional a la seguridad social y de los Artículos 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), dado que el Estado no había asegurado que la legislación pertinente garantizara que se abonaran las primas. La Corte consideró que la ley era incompatible con el derecho a la seguridad social y señaló que las Observaciones Generales 3 y 9 del Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Principios de Limburgo habían desarrollado el concepto de las obligaciones más discrecionales de los Estados Miembro. El Estado tenía la discreción de elegir la manera de aplicar el derecho a la seguridad social (en el caso de Letonia, un sistema de seguro social (por medio de primas) y asistencia social para los necesitados), pero debía desarrollar un mecanismo efectivo para la implementación de las normas a fin de garantizar el derecho. La omisión de recaudar impuestos (o primas) no se correspondía con un aprovechamiento adecuado de todos sus recursos en la implementación de los derechos sociales. La Corte reconoció que la legislación era desarrollada de una manera estandarizada e institucionalizada, que varias instituciones estatales estaban facultadas para supervisar su implementación y que existía la posibilidad teórica de que los empleados presentaran una demanda de indemnización por la violación de sus derechos constitucionales. Sin embargo, la ley no era compatible con el derecho a la seguridad social, dado que, de hecho, permitía el incumplimiento por parte de los empleadores en perjuicio de los empleados.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

No hay información disponible.

Grupos relacionados en el caso: 

Claimant:    
Representative of Deputies
Leader of Latvian Social Democratic Workers Party
Tel: 7087205
Email: Egils.Baldzens@saeima.lv

Claimant’s Lawyer:
Vairis REINHOLDS
Blugers un PLaude
Vīlandes ielā 12,
Riga LV–1010,
Latvia
Tel: +371 7 225231,
Tel: +371 7 220718,
Tel: +371 7 221050,
Fax: +371 7 820612

Parliament’s Lawyer: 
Gunârs Kusiòð
Saeima
Jekaba iela 11
Riga LV 1811
Latvia
Tel: +371 708 7154
Fax: Saeima Presidium: 7830333
Email: gkusins@saeima.lv

Significado del caso: 

Este caso demuestra el potencial de las Cortes Constitucionales para aplicar los estándares internacionales y nacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, y para monitorear la implementación de programas diseñados para hacer efectivos los derechos a la seguridad social, en particular la regulación de los actores del sector privado.