Informe y Recomendación sobre la Solicitud de Inspección, Argentina - Préstamo Especial de Ajuste Estructural 4405-AR - Caso Pro-Huerta
Denuncia ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, imputando a los funcionarios locales del organismo el incumplimiento de las directivas sobre reducción de pobreza, supervisión de proyectos y acceso a la información. La denuncia reclamaba al Panel retener, como medida cautelar, los desembolsos pendientes del crédito, hasta que se verificara el cumplimiento de la cláusula sobre programas sociales garantizados en el marco del Préstamo de Ajuste estructural especial N ° 4405-AR (63991). Presunta violación de la Observación General N º 12 del artículo 11 del PIDESC (derecho a la alimentación ya una nutrición adecuada / nivel de vida adecuado).
En febrero de 1990, el Poder Ejecutivo Nacional, encargó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el diseño y ejecución de un programa de seguridad alimentaria destinado para apoyar la producción de pequeñas huertas familiares para satisfacer las necesidades de consumo de familias pobres. El 3 de agosto de 1990, el Consejo Directivo del INTA emitió la Resolución 239 que aprueba el Programa Pro-Huerta.
En la década de 1990 el Banco Mundial otorgó a Argentina préstamos especiales de ajuste estructural que incluían clausulas sociales, por las cuales se protegía a ciertos programas sociales cuyos presupuestos debían mantenerse. El programa Pro- Huerta estaba incluido entre esos programas. Sin embargo, en 1999 su presupuesto sufrió una reducción de casi el 65 por ciento, lo que resultó en una amenaza contra el derecho a la alimentación de los beneficiarios del plan.
En junio de 1999, con el asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, un grupo de 418 beneficiarios denunció ante la Oficina Subregional del Banco Mundial en Buenos Aires que el recorte presupuestario para el programa Pro-Huerta constituía una violación de la clausula social incluida en el préstamo. Por otra parte, los demandantes argumentaron que la violación representaba incumplimiento de la responsabilidad internacional reconocida en el artículo 11 del PIDESC y por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Comentario General N º 12. Debido a la falta de respuesta del Banco Mundial, los denunciantes se presentaron ante el Panel de Inspección para efectuar una denuncia en contra los funcionarios locales del Banco Mundial por atender el daño que las reducciones presupuestarias podrían causar al Programa Pro-Huerta. Los solicitantes solicitaron al Panel de Inspección retrasar los pagos de los préstamos pendientes a la Argentina hasta que el gobierno restaurara la financiación adecuada.
En diciembre de 1999 el Panel de Inspección visitó el país y publicó un informe donde sostuvo su facultad de examinar las peticiones vinculadas a políticas de ajuste estructural, y reconoció a los denunciantes beneficiarios del Programa como afectados.
El reclamo ante el Panel y el pedido de retención de los pagos desató una fuerte presión sobre el Banco Mundial y el gobierno nacional. Como resultado fueron otorgados un adicional de U$ 3 millones para el Pro- Huerta, casi el doble de su presupuesto. Además la Secretaría de Desarrollo Social (responsable del Programa) decidió asignar otros U$ 1.5 para el Programa. El Panel de Inspección fue informado por las partes que los fondos totales asignados al Pro- Huerta eran suficientes para financiar sus operaciones. Debido a que el daño potencial reclamado por los demandantes parecía haber sido evitado, el Panel no recomendó una investigación formal.
Después de la crisis de 2001, el Programa Pro-Huerta ha continuado en las zonas más pobres de la ciudad. Hoy en día, el Programa ayuda a aliviar las necesidades de los sectores mas pobres del país, así como fomentar la participación ciudadana y reforzar las relaciones dentro de las comunidades.
El caso Pro-Huerta es un ejemplo del uso de una estrategia poco convencional (El Panel de Inspección) que condujo a resultados exitosos en la protección de los DESC. La intervención del Panel de Inspección del Banco Mundial tuvo un impacto decisivo en el ámbito nacional, e impidió que el gobierno eludiera sus compromisos sociales: como destacó el CELS, "Luego de la crisis social profunda que atravesó la Argentina especialmente a partir de 2001, el Pro-Huerta siguió implementándose en las zonas más empobrecidas del país. Hasta el presente, el Programa ayuda a paliar necesidades de subsistencia, promueve la participación y refuerza los vínculos comunitarios". (CELS, La Lucha Por el Derecho, 2008). El modelo del Pro-Huerta también fue utilizado para un programa similar en Haití. (Programa de IICA de alimentos frescos autosuficiencia en Haití: el Pro-Huerta 2005-2008.)