Ramakant Rai versus la Unión de la India, W.P (C) No 209 de 2003
Recurso de Demanda de Interés Público (PIL por sus siglas en inglés) solicitando a la Corte Suprema de la India que ordene a la Unión de la India y todos los gobiernos estatales de la India que implementen los Lineamientos sobre los estándares de esterilización femenina del Ministerio de Salud y Bienestar, promulgados en octubre de 1999. La petición además solicitó indemnización para las víctimas de negligencia médica en procedimientos de esterilización, así como rendición de cuentas por violar los lineamientos. Derechos reproductivos, derecho a la salud, derechos de las mujeres.
La petición en esta Demanda de Interés Público (PIL) citaba información de los estados de Uttar Pradesh, Bihar y Maharashtra acerca de prácticas gubernamentales sobre esterilización femenina que carecían de la debida consejería o consentimiento informado, y de cuidado pre y post operatorio, e incluían condiciones quirúrgicas antihigiénicas y sin uso de anestesia, esterilización de menores, coerción y crueldad. La demanda solicitó a la corte que ordenase a los gobiernos estatales que cumpliesen con los Lineamientos sobre estándares de esterilización femenina del Ministerio de Salud y Bienestar, promulgados en octubre de 1999 (“los lineamientos”). Afirmó que las condiciones actuales de esterilización violaban no solo los lineamientos, sino los derechos reproductivos, derechos de las mujeres y derechos a la salud de las pacientes tal como se definen en instrumentos internacionales ratificados por la India, incluyendo la Declaración Alma Alta, CEDAW, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing. Además declaró que las condiciones actuales violaban el derecho constitucional a la salud de las pacientes, incluido en el derecho a la vida, consagrado en los artículos 14, 15, 21 y 47 de la Constitución india.
En marzo de 2005, la Corte emitió una orden interina hallando una falta de uniformidad de procedimiento y normas que asegurasen que los lineamientos fueran cumplidos, dejando el caso abierto. La Corte ordenó a todos los estados de la India que estableciesen “un panel aprobado de doctores… para llevar a cabo los procedimientos de esterilización,” “preparasen y circulasen una lista de control” con información sobre la paciente, “circulasen copias uniformes de la proforma de consentimiento,” “formasen un Comité de Aseguramiento de la Calidad,” “mantuviesen estadísticas generales,” “mantuviesen una investigación sobre cada caso de incumplimiento de los lineamientos de la Unión de la India… [y] tomasen acciones punitivas contra ellos,” y “hiciesen efectiva una póliza de seguros.” La Unión de la India recibió orden de, en el plazo de cuatro semanas, delinear “estándares uniformes a ser seguidos por los gobiernos estatales,” incluyendo “las normas de indemnización, el formato de las estadísticas, la lista de control y la proforma de consentimiento y el seguro.” Todos los demandados recibieron indicación de informar a la Corte en el plazo de ocho semanas.
(Ramakant Rai versus la Unión de la India, W.P (C) No 209 de 2003, Corte Suprema de India, 12/06/2007. Derechos reproductivos, derecho a la salud, derechos de las mujeres.)
Los estados informaron a la Corte en cumplimiento con la orden de marzo de 2005. El gobierno central subrayó que se había producido un plan para otorgar una compensación monetaria a las personas afectadas. El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar informó que las directivas dadas por la Corte se habían cumplido y los lineamientos requeridos habían sido formulados por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del gobierno central.
Healthwatch
Human Rights Law Network
Center for Reproductive Rights
Primero, la Corte emitió directivas no solo para los estados mencionados en la petición sino para todo el país. Segundo, el caso es también importante porque la Corte subrayó la necesidad de contar con lineamientos uniformes en la ejecución de procedimientos de esterilización para mujeres y hombres, incluyendo el requisito del consentimiento informado, la acción punitiva ante posibles violaciones y las indemnizaciones para las víctimas.
Actualizado en junio de 2013
