Sudama Singh y otros c. Gob. de Delhi, Maya Devi y otros c. Gob. de Delhi, Majnu c. Commissioner of Municipal Corporation of Delhi y Mukundi Lal Chauhan y otros c. Municipal Corporation of Delhi

Una decisión del Alto Tribunal de Delhi que unificó cuatro peticiones que reclamaron el derecho a la vivienda: Sudama Singh y otros c. Gob. de Delhi, Maya Devi y otros c. Gob. de Delhi, Majnu c. Commissioner of Municipal Corporation of Delhi y Mukundi Lal Chauhan y otros c. Municipal Corporation of Delhi. Peticiones presentadas en nombre de residentes de barrios marginales cuyas precarias viviendas habían sido demolidas por agentes gubernamentales de desarrollo inmobiliario con el fin de promover proyectos de construcción de calles para facilitar la realización de una competencia deportiva (Juegos del Commonwealth 2010) en Nueva Delhi.

Fecha de la decisión: 
2 Nov 2010
Foro: 
Alto Tribunal de Delhi
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

Los peticionarios, miembros de una comunidad tribal, Gadia Lohar, migraron desde Rajasthan a Nueva Delhi en 1965 donde se establecieron  en barrios marginales (“jhuggies”) de una localidad de Nueva Delhi conocida como Gadia Lohar Basti (o Prem Nagar). Habían vivido en esta zona durante más de 40 años cuando el gobierno demolió sus viviendas. Los peticionarios argumentaron que la Municipal Corporation of Delhi, el Gobierno del Territorio de la Capital Nacional de Delhi y el Departamento de Barrios Marginales habían violado su derecho a una vivienda adecuada al no garantizar que la comunidad fuera reubicado en asentamientos adecuados que contaran con infraestructura básica. Las demandadas afirmaron que los peticionarios eran usurpadores de terrenos públicos, dado que sus asentamientos estaban ubicados en un servidumbre público. Si bien el Alto Tribunal de Delhi dudó que existiera una política que identificara y definiera un "servidumbre público", también propuso que, aun de existir tal servidumbre, no se aplicaría a los peticionarios, ya que habían vivido durante décadas en un territorio específico y de forma abierta. Asimismo, el Tribunal sostuvo que las demandadas no parecían contar con un proceso sistemático para identificar cuáles residentes cumplían con los requisitos necesarios para recibir beneficios de reubicación. El Tribunal también destacó que las políticas del gobierno de Delhi debían apuntar a rehabilitar y reubicar a los residentes de los barrios marginales, y no de aumentar la cifra de los que no tienen hogar. Adoptando una definición amplia del derecho a una vivienda adecuada, el Tribunal decidió que la vivienda es fundamental para garantizar el bienestar humano y el desarrollo físico, mental y emocional. Finalmente, interpretó que el derecho a una vivienda estaba vinculado al derecho constitucional a la vida (artículo 21). También hizo referencia a varios instrumentos internacionales, reconociendo la obligación legal del Estado de impulsar el derecho a la vivienda (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25(1) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 11). El Tribunal se hizo eco de la interpretación del CESCR en su Observación General 7, en la cual afirmó que se consideran los desalojos forzosos una violación del PIDESC, y de la Comisión de Derechos Humanos, que ha entendido este tipo de desalojo como una violación de los derechos humanos.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

Los peticionarios dieron seguimiento del caso ante las autoridades para asegurar la implementación de la sentencia. Tras enviar varias cartas a las autoridades de aplicación durante un año, presentaron una demanda por desacato ante el Alto Tribunal de Delhi. El Gobierno de Delhi apeló de la decisión ante la Corte Suprema mediante SLP(C) 445-446 de 2012 y, en forma simultánea, se opuso a los intentos de otros peticionarios de invocar la sentencia peticiones en otros casos de interés público presentados ante el Alto Tribunal de Delhi. Sin embargo, el Gobierno finalmente decidió retirar la apelación y, el 31 de julio de 2013, la Corte Suprema declaró la apelación retirada, y con esa decisión, las órdenes del Alto Tribunal de Delhi permanecen intactas y vigentes.

Grupos relacionados en el caso: 

HRLN - Human Rights Law Network

Significado del caso: 

En este caso, el Tribunal estableció los procedimientos que se debe cumplir antes y después de la demolición de barrios marginales. En particular, dispuso que el organismo gubernamental solamente puede despejar terrenos cuando esto responde al interés público, se debe llevar a cabo un estudio para determinar cuáles personas cumplen con los requisitos para reubicación por parte del gobierno antes de la demolición mediante un "diálogo constructivo" con los residentes, y se debe identificar las opciones de reubicación para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos. La sentencia revitalizó el debate sobre la legalidad de los desalojos forzosos en la capital. Desde 2006, por lo menos 200,000 familias han sido víctimas de demoliciones ilegales bajo la excusa del embellecimiento y el desarrollo de la ciudad. Este caso reunió a grupos de la sociedad civil que trabajan en temas de derecho a la tierra, personas sin hogar y discriminación contra los dalits y otros grupos vulnerables. La sentencia se ha difundido ampliamente y despierta esperanzas en el esfuerzo por asegurar que los gobiernos aprueben políticas de desalojo que respeten las obligaciones de los derechos humanos, sirviendo como base para numerosas peticiones por el derecho a la vivienda posteriores presentadas en toda Delhi, particularmente respecto al lenguaje de la importancia de realizar estudios adecuados de los residentes y proporcionar soluciones de reubicación previamente a los desalojos y demoliciones.

Actualizado en diciembre de 2013.