Acuerdo entre ACIJ y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, referente al expediente 23360/0 de 2008

Acuerdo firmado entre ACIJ y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires para asegurar vacantes en escuelas públicas, de acuerdo con los derechos a la educación y a la igualdad.

Fecha de la decisión: 
9 Feb 2011
Foro: 
Tribunal Superior de Justicia
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

En 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización miembro de la Red DESC, promovió una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objeto de la acción fue lograr que se ordenara al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de asegurar y financiar el acceso a la educación inicial, al estar afectados el derecho a la educación y a la igualdad, y el principio de autonomía personal.

Aunque la Constitución local dispone que el Estado debe “…asegurar y financiar la educación pública (…) a partir de los cuarenta y cinco días…”, ACIJ probó que desde 2002 las vacantes en escuelas públicas del nivel inicial eran insuficientes para cumplir con esa obligación. Miles de niños quedaban fuera de las escuelas, pero el presupuesto destinado a obras escolares era sub-ejecutado (la sub-ejecución había alcanzado, en promedio, un 32,3% entre 2002 y 2005).

El caso fue ganado en primera y segunda instancia, donde los jueces reconocieron los derechos a la educación y a la autonomía personal, y las ventajas de la educación inicial. Entendieron que los deberes del Estado habían sido vulnerados, y que las sub-ejecuciones presupuestarias incumplían el deber de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles.

Cuando la causa llegó el Superior Tribunal de Justicia, las partes alcanzaron un acuerdo. En éste, el gobierno se comprometió a ejecutar planes de obras para eliminar la falta de vacantes y a prever recursos suficientes para su ejecución en cada proyecto de presupuesto que elaborara.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

El acuerdo se suscribió en febrero de 2011 y su implementación continúa hoy en curso. Previó dos instrumentos específicos para facilitar su cumplimiento: la designación de un interventor judicial –un profesional que realizaría informes periódicos sobre el avance de las obras- y la creación de una mesa bimestral de trabajo –en la que participarían ambas partes para monitorear el cumplimiento del acuerdo y proponer acciones para corregirlo.

En octubre de 2014, el Poder Ejecutivo presentó en la legislatura un proyecto de presupuesto para 2015 que no preveía recursos suficientes para ejecutar las obras contenidas en el acuerdo. ACIJ denunció esto en la causa, y el juez resolvió (el 27/11/2014) intimar al Gobierno a que en 10 días explicara y detallara las previsiones para asignar partidas para ejecutar las obras comprometidas en el acta, bajo apercibimiento de aplicar multas. Finalmente, y luego de una campaña que se sumó al pedido del juez, la partida presupuestaria se incrementó en 60 millones de pesos.

La ejecución de acuerdo ha sido, por un lado, sumamente dificultosa y, por el otro, enriquecedora. Si bien no se ha finalizado el 100% de las obras -a pesar de haber vencido el plazo para ello- sí se lograron algunos avances: la creación de nuevas vacantes, la implementación de un nuevo sistema de inscripciones y la notable reducción de la sub-ejecución presupuestaria.

Grupos relacionados en el caso: 

ACIJ es una organización no gubernamental que trabaja en la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. En este carácter, promovió su amparo luego de identificar un problema que persistía a lo largo de los años: la falta de vacantes en escuelas públicas del nivel inicial.

Ultima actualizacion en marzo de 2015

Significado del caso: 

El caso fue importante porque precisó el contenido del deber de usar el máximo de los recursos disponibles -al establecer que una sub ejecución presupuestaria violaba ese deber- y fijó pautas claras respecto de las acciones que deben llevar adelante los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de DESC.

Además, proporcionó un buen ejemplo práctico del funcionamiento, en los hechos, de las herramientas que se utilizaron para la implementación de este acuerdo de alcance estructural (realización de mesas de trabajo – participación de un interventor judicial). , el acuerdo ha indirectamente tenido un impacto en la vida de las mujeres, ya que son ellas las principales proveedoras de cuidado sin remuneración en la sociedad.

Por último, el impacto del caso fue muy grande, por implicar la construcción de escuelas en toda una Ciudad de casi tres millones de habitantes y por la incidencia presupuestaria que él tuvo, lo que permitió dar mucha visibilidad a la problemática.