Indivisibilidad, obligaciones positivas de los Estados y el litigio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

Los últimos dos meses han estado caracterizados por debates mantenidos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (el Comité) sobre la indivisibilidad de los derechos humanos, así como sobre las obligaciones positivas de los Estados relacionadas con los derechos civiles, como el derecho a la vida. Se espera que estas discusiones creen un espacio nuevo para un análisis más progresista del caso Toussaint c. Canadá, que está siendo evaluado por el Comité, y otros similares. El caso reclama una interpretación más amplia de los derechos civiles que apunta a que tales derechos sean protegidos en forma efectiva para personas de situación diferente o, más específicamente en este caso, los migrantes indocumentados en Canadá.

El 14 de julio de 2015, el Comité llevó a cabo un debate general cuyo objetivo fue desarrollar una Observación General sobre el Artículo 6 (Derecho a la Vida) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), basada en sus Observaciones Generales No. 6 y 14 anteriores (de 1982 y 1984, respectivamente). La discusión sobre el artículo 6 es clave para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y puede contribuir a aclarar la relación entre el derecho a la vida y los DESC, así como a ampliar la interpretación del derecho a la vida de manera tal que este proteja de manera más efectiva los derechos de todos, incluyendo de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Los miembros de la Red-DESC y otras organizaciones buscan que el Comité de Derechos Humanos brinde una orientación clara en el sentido de que se fortalezca la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, y que se enfaticen las obligaciones positivas de los Estados relacionadas con respetar, proteger y cumplir todos los derechos. En parte, quedaría claro que las violaciones de los DESC también pueden violar el artículo 6, lo cual constituiría una ayuda crítica para los esfuerzos por asegurar el acceso a la justicia en numerosas jurisdicciones.

Varios miembros del Grupo de Trabajo sobre Litigio Estratégico (GTLE), así como organizaciones socias, hicieron aportes a la discusión general, destacando la indivisibilidad de los derechos, en particular entre el derecho a la vida y los DESC, y la necesidad de reconocer las obligaciones positivas de los Estados bajo el derecho a la vida.

Los aportes también destacaron el papel del derecho humanitario internacional en la protección de los grupos vulnerables, incluyendo las personas detenidas, las mujeres y las personas LGBTQI. A fin de asegurar la protección de los grupos vulnerables, los órganos de derechos humanos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU tienen la responsabilidad de interpretar los derechos desde la perspectiva de dichos grupos, es decir, comprendiendo y respondiendo a los desafíos específicos que enfrentan en el ejercicio de sus derechos.

El GTLE estuvo representado en el debate general sobre el derecho a la vida por Bruce Porter (SRAC). Porter se centró en la presentación escrita que entregaron al Comité la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y el Social Rights Advocacy Centre, con el apoyo de la Red-DESC, llamando al Comité a reafirmar la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales (ESC) en el marco del reconocimiento actual de que ambas categorías de derechos son justiciables y están sujetos a recursos efectivos. Para leer la presentación efectuada ante el Comité por SRAC y GI-ESCR, con el apoyo de la Red-DESD, haga clic aquí. Los siguientes miembros y organizaciones socias también hicieron presentaciones referidas a la relación entre el derecho a la vida y los DESC:

1. Sanitation and Water for All (Catarina de Albuquerque, ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y al saneamiento; Olivier de Schutter, ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano a la alimentación; Anand Grover, ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano a la salud; Miloon Kothari, ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano a la vivienda; Raquel Rolnik, ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano a la vivienda y Magdalena Sepulveda Carmona, ex Relatora Especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos)
2. Canada Without Poverty
3. Centre for Human Rights and Development (Mongolia)
4. Avocats Sans Frontières (Bélgica)
5. Amnistía Internacional
6. International Commission of Jurists
7. Center for Reproductive Rights
8. Human Rights Watch
9. Minority Rights Group International
10. The Project on Economic, Social and Cultural Rights, Geneva Academy
11. Economic & Social Rights Centre (Kenia)
12. Danish Family Planning Association
13. Bureau des Avocats Internacionaux and Institute for Justice and Democracy in Haiti
14. International Human Rights Clinic, Santa Clara University School of Law
15. Program on Global Health and Human Rights, University of Southern California Institute for Global Health
16. Sexual Rights Centre, Zimbabue
17. Centre For the Development of People (CEDEP), Malawi
18. United Nations Presbyterian Church (EEUU)
19. Medical Whistleblower Advocacy Network
20. Advocates for Youth
21. Hun Consultancy (Turquía)
22. Mindy Jane Roseman, J.D., Ph.D., Lecturer on Law, Academic Director, Human Rights Program, Harvard Law School
23. Dr Evelyne Schmid of Basel Law School, at the University of Basel, Switzerland
24. Dr. ilise L Feitshans, The Work Health and Survival Project
25. Carol L. Castleberry

Más allá de la discusión general sobre el derecho a la vida, el Grupo de Trabajo sobre Litigio Estratégico se unió a organizaciones canadienses a fines de julio para destacar las observaciones finales sobre Canadá emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Comité expresó su seria preocupación por nuevos problemas con los derechos humanos, como el impacto de la Ley Antiterrorismo (Anti-Terrorism Act), las limitaciones de la libertad de expresión y asociación, la omisión de regular las actividades de corporaciones canadienses que operan en el exterior, la detención indefinida de los no ciudadanos y la omisión de proporcionar atención médica para todos los refugiados y migrantes en situación irregular. En Canadá, el estado de los derechos humanos se ha deteriorado seriamente desde que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó a ese país por última vez hace una década. Leer el informe de prensa completo aquí.

Miembros del Grupo de Trabajo sobre Litigio Estratégico están planeando una intervención en el caso Toussaint c. Canadá que se base en el principio de la indivisibilidad de los derechos y las obligaciones positivas de los Estados.

En la vida real, las violaciones no hacen diferencias entre los derechos. Por ello, la protección efectiva tampoco puede considerar los derechos en forma separada.