Israel: Detengan la destrucción de las aldeas de Atir y Umm al-Hiran y la expulsión de sus habitantes

Por favor firme esta petición para defender los derechos de los residentes beduinos de los poblados de Atir and Umm al-Hiran, iniciada por los residentes de Atir and Umm al-Hiran, junto con sus aliados Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos de Israel. La fecha tope para firma la petición es el 20 de diciembre de 2015

A:

Benjamín Netanyahu - primer ministro de Israel

CC:

Ruben Rivlin - presidente

Zion Silvan Shalom – ministro de interior

Aryeh Mahlouf Deri – ministro de economía y ministro de desarrollo del Néguev y Galilea

Uri Yehuda Ariel – ministro de agricultura y desarrollo rural

Yoav Galant – ministro de construcción  

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Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por el futuro de los habitantes beduinos de Atir-Umm al-Hiran, una minoría étnica en Israel, quienes están bajo la amenaza inminente de despojo forzado y la demolición de sus aldeas.

Los residentes llevan residiendo en las tierras de Atir-Umm al-Hirán, ubicadas en el norte del Néguev/Naqab, desde 1956, cuando fueron reasentados por una orden directa del gobernador militar israelí desde una zona conocida ahora como Laqiya. Esto sucedió después de que los beduinos ya hubieran sido re-colocados por los militares, que los expulsaron de sus hogares originales en Khirbet Zbala tras la creación de Israel en 1948.

Ahora, sesenta años después, hay noticias de que las autoridades israelíes están de nuevo negándoles a los residentes de Atir-Umm al-Hiran su derecho a la vivienda y a la no discriminación. A pesar de poseer la ciudadanía israelí, los ciudadanos palestinos de Israel, incluidos los beduinos, a menudo son discriminados en el ámbito de la vivienda.[1] En el caso de Atir-Umm al-Hiran, entendemos que los residentes han recibido una orden de desalojo que se llevará a cabo en los próximos meses con el propósito de reubicar a los ciudadanos judíos en esta misma tierra.

Bajo la propuesta actual, los residentes serían presuntamente trasladados forzadamente a la cercana localidad beduina de Hura, con el fin de dar paso a la construcción de la ciudad de Hiran, que al parecer en la práctica sólo sería accesible para los ciudadanos judíos de Israel; y de ampliar el Bosque Yatir, el más grande de Medio Oriente. En contradicción a los requerimientos del derecho internacional vinculante en el estado de Israel, los residentes no han sido consultados en lo referente al despojo y la demolición propuesta. La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Humanas ha confirmado que los despojos forzados son una violación seria de los derechos humanos, y el Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que los despojos se permiten sólo bajo condiciones específicas, incluyendo que las personas afectadas hayan tenido la oportunidad de consulta genuina, información previa y adecuada y la posibilidad de acceder a remedios legales. El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha expresado su preocupación que el re-asentamiento de las comunidades Beduinas-Árabes en nuevas aldeas afectarán negativamente a sus derechos culturales y vínculos con sus tierras tradicionales y ancestrales, y recomiendan que Israel respete plenamente los derechos de las personas Beduinas-Árabes a sus tierras tradicionales y ancestrales. [2]

Queremos afirmar que toda persona que vive en Israel tiene el derecho a una vivienda adecuada, garantizado en el derecho internacional sobre los derechos humanos, derecho que debería ser respetado sin discriminación, incluyendo aquella basada en la etnicidad. Sin embargo, nos preocupa que la política de reasentamiento, despojo forzado y demolición de viviendas y despojo de tierras ancestrales del Gobierno israelí tengan consecuencias devastadoras, discriminatorias y desproporcionadas para los derechos fundamentales de los ciudadanos palestinos de Israel.

Entendemos además que las autoridades israelíes se han negado a reconocer decenas de aldeas beduinas en el Néguev/Naqab, incluyendo Atir-Umm al-Hiran, que siguen desconectadas de la infraestructura básica, incluyendo agua potable, redes de alcantarillado y electricidad. Supuestamente las autoridades israelíes se han referido a la falta de acceso a servicios básicos para justificar el reasentamiento forzoso de los residentes en Hura. No obstante, no han intentado consultar con las comunidades sobre otras opciones, como sería la de conectar a las aldeas existentes a estos servicios. Al mismo tiempo, Israel se ha negado a reconocer Atir-Umm al-Hiran, junto con otras 36 aldeas beduinas en Israel. [3]

Nos preocupa profundamente el hecho de que la actual propuesta infrinja el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado, garantizado por el Articulo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del que Israel es parte, y un componente fundamental del derecho a un nivel de vida adecuado y fundamental para el disfrute de otros derechos humanos, entre ellos la protección contra el desalojo forzoso, el hostigamiento que lo acompaña y las amenazas a la garantía de la seguridad de la tenencia, y el acceso sostenible al agua potable y saneamiento, junto con otros elementos del derecho a la vivienda. Adicionalmente Israel también es parte a la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, la cual prohíbe la discriminación a base de raza o etnicidad en el ejercicio de los varios derechos, incluyendo el derecho a la vivienda.

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) protege contra a la interferencia arbitraria con el hogar, la privacidad y la familia, lo cual ha sido interpretado para incluir prohibiciones en los despojos forzados. Además, como estado parte tanto del PIDCP como el PIDESC, Israel tiene la obligación de asegurar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados tiene derecho a una reparación efectiva

Nosotros, los abajo firmantes, estamos preocupados por el hecho de que Israel pueda estar incumpliendo sus obligaciones de derechos humanos en su tratamiento de los residentes de Atir-Umm al-Hiran y de sus ciudadanos palestinos de Israel en general. Por eso, hace un llamamiento a Israel para que:

1)    Respete y garantice los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción sin discriminación, incluyendo un enfoque particular en los grupos vulnerables y marginados, como las personas de origen palestino y beduino, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos anteriormente mencionados de los que Israel es parte.

2)    Deje de llevar a cabo los despojos forzados y demolición de hogares, y respetar el derecho de ser protegido por la interferencia arbitraria en el hogar, privacidad y familia.

3)    Se comprometa a no realizar ningún despojo hasta que las salvaguardias y procedimientos apropiados estén establecidos, consistentes con el derecho internacional, incluyendo una provisión para la consulta sincera con los residentes afectados

4)    Tome medidas concretas para progresivamente hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada para todos dentro de un plazo razonable, con un progreso medible y de manera consistente con el máximo de recursos disponibles para incluir:

• La seguridad de tenencia para todos, incluyendo la concesión inmediata del reconocimiento y/o estatus legal de las mencionadas aldeas en Israel que actualmente siguen sin ser reconocidas.
• La disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, incluyendo el acceso sostenible a agua potable, electricidad, instalaciones sanitarias, redes de alcantarillado, eliminación de desechos, servicios de emergencia, atención médica y escuelas.
• La participación en el proceso de toma de decisiones en cuestiones relacionadas con la vivienda a nivel nacional y comunitario.
• La adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, promocionales y demás para realizar el derecho a una vivienda adecuada, incluyendo entre diferentes iniciativas, la adopción de una política de vivienda nacional que defina los objetivos para el desarrollo del sector inmobiliario, con un enfoque en los grupos desaventajados y marginados; identifique los recursos disponibles para conseguir esos objetivos; especifique la manera más rentable para usarlos, esboce las responsabilidades y los plazos para la implementación de las medidas necesarias y monitoree los resultados.

5)    Garantice el acceso a un recurso efectivo por las violaciones de derechos humanos, incluyendo una indemnización, restitución de la vivienda y propiedad, la garantía de no-repetición y la disponibilidad de asesoría jurídica gratuita para aquellos que la necesiten para solicitar un resarcimiento legal o de otro tipo.

La carta está también disponible en francés, español, árabe y hebreo.